Feminicidio Ciudad Juárez
   En noviembre o febrero posible audiencia, informó Cejil
México deberá responder a Corte Interamericana por feminicidio
Por: Guadalupe Cruz Jaimes
CIMAC | México DF.- 25/07/2008 El Estado mexicano debe responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, y es probable que se lleve a cabo una audiencia pública en noviembre o febrero próximos, en San José, Costa Rica, señaló a Cimacnoticias Vanesa Coria Castilla, representante para México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Vanesa Coria detalló que el caso de las mujeres asesinadas, halladas en los lugares conocidos como Campo Algodonero y Cerro del Cristo Negro, ya se encuentra "en la fase de presentación de la demanda por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la CoIDH.

Cejil tiene a su cargo la tarea de llevar los casos de denuncia de violaciones a los derechos humanos en contra de Estados de la región ante la CIDH para que después se presenten en la CoIDH y éste último realice recomendaciones a los Estados que transgreden las garantías de la ciudadanía.

La abogada dijo lo anterior luego de participar en el Primer Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Familiares de presas y presos políticos y de conciencia, convocada por Red Solidaria, Observatorio Eclesial, la Universidad Iberoamericana y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh), en las instalaciones de este último.

Asimismo, refirió a Cimacnoticias que "ya se presentaron los argumentos de las y los representantes de las víctimas y el Estado dio una respuesta inicial en el trámite, pero solicitó una prórroga ante la Corte para ampliar sus argumentos".

Como informó en su momento esta agencia (11 marzo 08), las y los representantes de las víctimas, entre ellas Karla Michel Salas y David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que llevaron 3 casos de Campo Algodonero a la CIDH y a la CoIDH, pidieron a esta última instancia que solicitara al Estado mexicano una explicación de por qué los 25 funcionarios que han sido señalados con nombres y apellidos por las madres de las víctimas no fueron sancionados.

El 21 de diciembre del año pasado, la Corte notificó a la y el abogado que tenía ya en sus manos el caso, el cual fue llevado ante la CIDH en marzo de 2002. Ambos son representantes legales de las madres de Esmeralda Herrera, Claudia Ivete González y Laura Berenice Ramírez, halladas en Campo Algodonero en 2001.

Durante el Encuentro de Defensoras y Defensores, la representante de Cejil para México manifestó que "en el acceso a la justicia en México se promueve la discriminación hacia la mujer. El Estado no les da importancia a las mujeres y esta es una clara falla en las políticas públicas del Estado".

En el caso de los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez, al incumplimiento de las políticas públicas se suman las "prácticas culturales machistas", que deben revertirse a través de campañas de capacitación, educación y concientización, las cuales le corresponde organizar, subrayó Coria Castilla.

De acuerdo con la representante de Cejil "los casos mexicanos, que lleva este Centro, se caracterizan por tener una falla estructural, el Estado no cumplió con prevenirlos y tampoco con investigar los hechos, este es el caso del feminicidio".

MILITARIZACIÓN CALDERONISTA

Durante el Encuentro Vanesa Coria informó que en lo que va de la administración de Felipe Calderón, las violaciones a derechos humanos que se han cometido se equiparan con las que se infringieron durante el pasado sexenio de Vicente Fox, y están relacionadas, principalmente, con la militarización del país, cateos ilegales y la impunidad.

De igual forma, refirió que "desde la perspectiva de Cejil" hay fallas en el sistema de justicia penal mexicano, como lo cateos sin orden judicial, que significan un retroceso en materia de derechos humanos "en lugar de dar pasos adelante hemos dado pasos gigantescos para atrás", manifestó.

Vanesa Coria subrayó que en el país existe una falta de políticas públicas, de programas y continuidad de derechos humanos.

También mencionó que el hecho de que no existan políticas públicas para erradicar la pobreza significa una anulación total de los derechos humanos de la población mexicana.

Entre los casos que lleva Cejil están los relacionados con violaciones a derechos humanos producto de la militarización, tortura y los casos de amenazas y agravios contra periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos.

Respecto a los de tortura, Coria Castilla lamentó que en México los métodos de tortura "son cada vez más finos" y comparó la situación del país con la Centroamericana, donde "estas cosas ya no pasan".

La representante del Centro concluyó que "más allá de las reparaciones económicas para las víctimas de derechos humanos, alcanzar una condena contra un Estado violador de derechos humanos deja a las víctimas y a sus familias con la grata sensación de que a pesar del largo camino encontraron, al fin, justicia".

08/GCJ/GG







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