Contradictorio que Estado pida medidas cautelares para activistas

Feminicidio Ciudad Juárez
   Segob y Fevimtra desconocían la solicitud a la CIDH
Contradictorio que Estado pida medidas cautelares para activistas
Por: Lourdes Godínez Leal
CIMAC | México DF.- 20/06/2008

La petición de medidas cautelares que el Estado mexicano hizo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Marisela Ortiz y Marilú Andrade, de Nuestras Hijas de Regreso, y para Luz Estela Castro, de Justicia para Nuestras Hijas, por las amenazas de muerte de que han sido objeto recientemente, es una contradicción y falta de coordinación entre instancias gubernamentales, señaló Karla Michel Salas, representante legal de Ortiz y Andrade.

Ni la Secretaría de Gobernación, ni la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), ni las propias autoridades estatales de Juárez, tenían conocimiento de que el Estado había hecho esta solicitud, reveló vía telefónica a Cimacnoticias la abogada.

A decir de Salas, el "Estado actuó al revés", ya que dichas medidas se solicitan cuando se han agotado las medidas internas en el país o se han negado por parte del Estado.

No es comprensible que el Estado pida medidas para que le digan cómo debe hacer su trabajo", enfatizó, ya que desde un principio debió haber investigado para detener y sancionar a los responsables de los asesinatos de mujeres y para indagar las amenazas contra las activistas.

Salas informó que la notificación por parte de la CIDH se recibió ayer, por lo que mañana se reunirá con autoridades locales de Ciudad Juárez y de la Fevimtra en esa entidad, para determinar las medidas a realizar, ya que la CIDH sólo menciona que las otorga, pero corresponde al Estado mexicano determinar cuáles serán.

Por lo pronto, dijo, han solicitado a la Fevimtra que policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI) realicen rondines continuos por algunos puntos, que se otorguen números de emergencia y, en caso de existir "situación de riesgo", se pueda actuar de manera inmediata.

EL ESTADO CONTRA EL ESTADO

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió las medidas cautelares para Marisela Ortiz y Marilú Andrade, integrantes de la ONG en Ciudad Juárez Nuestras Hijas de Regreso, y para Luz Estela Castro, de Justicia para Nuestras Hijas, en Chihuahua, luego de que el 10 de junio pasado el Estado mexicano se lo solicitó, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Las organizaciones a las cuales pertenecen las activistas amenazadas han luchado por esclarecer los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua que desde 1993 a la fecha han cobrado la vida de más de 470 y más de 600 desaparecidas, según ha reportado la organización Amnistía Internacional.

La petición del Estado mexicano fue hecha a raíz de las amenazas de muerte contra Marisela Ortiz y Marilú Andrade por su activismo y apoyo a la película Verdades que Matan (Bordertown) estrenada en mayo pasado en México y distribuida con cien copias en varias ciudades mexicanas, cuyo contenido es una fuerte crítica al Tratado de Libre Comercio (TLC) y a la explotación de obreras en las maquilas de capital estadounidense.

La película se estrenó en México en mayo pasado, pero las activistas Ortiz y Andrade no asistieron por temor a las amenazas recibidas.

ACTIVISMO BAJO AMENAZA

Nuestras Hijas de Regreso a Casa es una ONG conformada en su mayoría por madres y familiares de mujeres que han sido asesinadas o están desaparecidas en Ciudad Juárez desde 1993 y que ante la ineficacia de las autoridades, se organizaron para buscar ellas mismas a sus hijas.

En enero de 2007 recibió el Premio Internacional Abogados de Atocha, que es un reconocimiento al trabajo de las y los defensores de derechos humanos y la dignidad de las personas.

En tanto, la abogada de la organización chihuahuense Justicia para Nuestras Hijas, Luz Estela Castro, también fue víctima de amenazas el 14 de mayo, a través de llamadas telefónicas intimidatorias.

Luz Estela Castro, cuyo trabajo de defensa de los derechos humanos de las mujeres data desde hace 13 años, solicitó entonces a la Procuraduría de Justicia de Chihuahua medidas precautorias, por lo que se le asignaron dos escoltas, y ahora la CIDH ha determinado medidas cautelares también para ella.

Cabe recordar que tras las amenazas contra Castro, reconocida mundialmente por su activismo en foros internacionales a favor de los derechos humanos de las mujeres y en contra del feminicidio en Juárez, el eurodiputado español Raúl Romeva i Rueda, quien llevó al Parlamento Europeo el tema del feminicidio en México y Centroamérica, logrando una condena unánime contra éste en la Eurocámara, pidió a Felipe Calderón tomara cartas en el asunto.

El Parlamentario español envió a Felipe Calderón una misiva fechada el 21 de mayo en Estrasburgo donde pidió medidas de protección para Luz Estela Castro, misma que a la fecha no ha sido respondida.

08/LGL/GG/CV