Compromisos del “Pacto por México”

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Compromisos del “Pacto por México”
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Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
Cimacnoticias | México, DF.- 04/12/2012

Tres de los partidos políticos más importantes del país  y el presidente Enrique Peña Nieto inician el sexenio firmando un “Pacto por México”.
 
En este documento se esboza el programa de gobierno y dado los alcances que tienen muchos de estos acuerdos/compromisos, van a requerir de “pactos” con los grupos empresariales y otras organizaciones sociales como el SNTE, en el caso de los cambios propuestos para el tema de educación y cultura.
 
La primera prueba de fuego de este Pacto será la presentación en la Cámara de Diputados del paquete económico 2013, y en su momento el proyecto de reforma hacendaria.
 
No sólo porque en ese presupuesto se contendrían muchos de los “acuerdos”, sino fundamentalmente porque se requiere dinero para hacer viable y factible ese programa de gobierno.
 
En esta materia hay una serie de lineamientos a destacar como eliminar la consolidación fiscal, aumentar la inversión pública y privada hasta un 25 por ciento del PIB (meta de mediano plazo); alcanzar un crecimiento de más de 5 puntos porcentuales, el reto de crecer.
 
Se afirma que el mejor instrumento para terminar con la pobreza es el empleo –una verdad de Perogrullo–, pero que no se pone en práctica.
 
Uno de los medios para alcanzar este crecimiento es “extender los beneficios de una economía formada por mercados competidos” –léase apertura a la inversión extranjera– en: telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y por supuesto energía, compromiso firmado por el PRD.
 
Para educación, por su relevancia y dada la crisis que se vive en el país, el Presidente y los partidos firmantes se comprometieron a incrementar la cobertura en educación media superior y superior, 80 y 40 por ciento respectivamente, para ello será necesario destinar más recursos a estos dos rubros educativos, donde se presenta un cuello de botella que impide el acceso de las jóvenes a la educación superior.
 
Escuelas de tiempo completo, con jornadas de 6 y 8 horas diarias, acompañadas de esquemas para el suministro de alimentos; de lograrse las más beneficiadas son las familias de mujeres trabajadoras.
 
La reforma a la seguridad social, tema que formó parte de sus promesas de campaña, contempla acceso universal a los servicios de salud como parte de un sistema de seguridad social universal.
 
Comprende la creación de una red que garantice el acceso a los servicios de salud y otorgue para cualquier persona, independientemente de su status o condición social o laboral, un conjunto de beneficios sociales proporcionados por un Sistema de Seguridad Social Universal.
 
No se especifica cuál es ese “conjunto de beneficios” y se abre la cobertura en seguridad social actual, que descansa en el empleo. ¿Cómo se va a financiar? ¿Implica el fin de las cuotas obrero-patronales?
 
Las propuestas que desarrollaron Santiago Levy y la Fundación Espinoza Iglesias contemplan un impuesto al consumo generalizado (IVA), para financiar esta reforma de seguridad social.
 
En apoyo al empleo se establecerá un seguro de desempleo para trabajadoras del sector formal asalariado, lo que implica que será contributivo para las y los trabajadores.
 
Como parte de esa reforma a la seguridad social la pensión para adultos mayores que no cuentan con seguridad social se dará a los 65 años en lugar de 70, implica una ampliación de cobertura. Habrá que ver si también el monto se modifica.
 
En la misma línea está el seguro de vida para jefas de familia. Incluye a los padres jefes de familia (Compromiso 5). Es un problema de política social y atención a la pobreza.
 
Lo cierto es que los hogares jefaturados por mujeres representan la cuarta parte (25 por ciento) de las familias de México y han tenido un importante crecimiento: son 7.8 millones. Su situación es crítica; el número de jefas cuyo trabajo no les da acceso a instituciones de salud es de 6.4 millones, 8 de cada 10 (82.2 por ciento).
 
Son parte de las familias del siglo XXI, responden a los cambios socioeconómicos del país, forman parte de la llamada “revolución silenciosa”, influida por la migración, la movilidad laboral y la violencia.
 
No sólo es un fenómeno nacional, en toda Latinoamérica únicamente uno de cada 5 hogares responde al modelo más tradicional de familia nuclear, con ambos padres y con hijos, en los que la mujer sólo realiza labores domésticas y el padre es el único proveedor económico, realidad que está cambiando vertiginosamente.
 
Por lo que hace a la política social, la prioridad es la pobreza extrema o pobreza alimentaria, directriz que tendrá que verse reflejada en el Presupuesto de Egresos 2013.
 
Cifras de Coneval 2010 indican que existen 11.7 millones de personas en pobreza extrema y que la diferencia de ingresos entre el nivel más rico y el más pobre es poco más de 25 veces. Por cada 100 hombres en condiciones de pobreza urbana hay 107.2 mujeres.
 
No está por demás recalcar que los firmantes de este Pacto se comprometieron a impulsar acciones legislativas y acciones políticas, una de sus finalidades es reducir los altos niveles de desigualdad, se habló de una sociedad más incluyente, lo cual se tendrá que reflejar en cambios en la política económica. Ya se verá.
 
La moneda está en el aire, pero “hechos son amores y no buenas razones”. Es evidente que el enorme desaliento y desesperanza que dejó el sexenio de Felipe Calderón lleva a una necesidad de renovar expectativas.
 
carmenramona.26@gmail.com
Twitter: @ramonaponce
 
*Economista especializada en temas de género.
 
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