ESTADOS
VIOLENCIA
   El dictamen expone la “irresponsabilidad e ilegalidad” de Segob
Piden a Segob e Inmujeres decretar AVG en Cajeme
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 10/08/2017 La agrupación civil Alternativa Cultural por la Equidad de Género (ACEG) peticionaria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, Sonora, presentó el 8 de agosto una carta dirigida a la Secretaria de Gobernación (Segob) para exigirle que decrete el mecanismo en el municipio, luego de que lo negara en días anteriores por considerar “que no había elementos objetivos suficientes para su procedencia”.
 
La carta dirigida también a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, y firmada por las comisionadas para el seguimiento de la AVG en Cajeme, Leticia Burgos Ochoa y María Elena Barreras Mendivil, expone la “irresponsabilidad e ilegalidad” con la que Segob elaboró el dictamen final sobre la procedencia de la AVG para Cajeme, indican.
 
La agrupación señala que dentro del documento -específicamente en la numeral cuarto- se hace referencia a “las mujeres queretanas”, cuando se trataba de una resolución que buscaron las organizaciones civiles de Cajeme hace dos años, en mayo de 2015, para salvaguardar la vida de las sonorenses.
 
“Al respecto expresamos con extrañeza al concluir la lectura de ambos documentos que varias de las afirmaciones al parecer no corresponden al proceso de seguimiento que llevamos a cabo los organismos solicitantes de la AVG, mostrando irresponsabilidad e ilegalidad y poniendo en duda la veracidad de la resolución”, indican en el documento.  
 
Por lo que las comisionadas al seguimiento de la Alerta piden una audiencia con Segob e Inmujeres para poder conocer las razones de la negativa y deliberar la procedencia de la alerta considerando “la violencia extrema que asecha a las mujeres en Cajeme”. Cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora contabilizan 107 casos de feminicidio en la entidad en los dos años del proceso de la AVG (2015 a 2016).
 
De inmediato, ese mismo día el director general adjunto de Asuntos Jurídicos, Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas de Segob, Francisco Esquinca Cuevas, respondió a través de un oficio sobre la corrección al error del documento expedido el 4 agosto por la instancia a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y sin dar mayor respuesta sobre la petición de la organización para que se vuelva a considerar decretar el mecanismo en Cajeme.  
 
Las promoventes de la AVG, recuerdan en el documento que el proceso estuvo lleno de obstáculos, motivo por el cual el pasado 7 de julio la ACEG presentó un juicio de amparo por la demora de Segob para dar una respuesta sobre la procedencia de la Alerta, y la prórroga de seis meses que otorgó al gobierno local en septiembre de 2016 para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo, porque la normativa de la AVG no especifica este tipo de decisiones.
 
Sin embargo, señalan las firmantes de la carta, dentro del resolutivo de Segob se describe que ya había considerado en septiembre del año pasado que no existían elementos para declarar el mecanismo en Cajeme, pero decidió esperar otros seis meses para ver avances por parte del Gobierno local, a pesar de que había concluido que las autoridades sólo acataron cinco de las 12  propuestas contenidos en el informe del grupo de expertas.
 
Cajeme es el municipio de Sonora con el mayor porcentaje de violencia feminicida en la entidad, 19 por ciento de los casos registrados de 2015 a 2016 por el Observatorio (20 asesinatos en total, 10 cada año) se cometieron en dicha región.
 
El mismo día que la Secretaría de Gobernación dio la resolución final sobre la AVG para la localidad de Sonora, también publicó la negativa para los estados de Tlaxcala y Tabasco.
 
La decisión de Segob también llevó a la doctora del Colegio de Sonora, Mercedes Zúñiga Elizalde, integrante del Grupo de Trabajo a renunciar a su puesto “por las múltiples irregularidades observadas en la última fase del procedimiento de discusión y toma de acuerdos”. 

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