Feminicidio Ciudad Juárez
   Se incumple fallo de la CoIDH: diputadas y activistas
Acusan falta de justicia en caso Campo Algodonero
Por: Anayeli García Martínez
CIMAC | México, DF.- 18/04/2011 La Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados reprochó que a más de un año de que se notificara la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) –sobre la desaparición y asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua–, no haya avances en las investigaciones para encontrar y sancionar a los responsables.

En una reunión que se realizó el jueves pasado en San Lázaro, la presidenta de la Comisión Especial, la diputada del PRD Teresa Incháustegui Romero, calificó como preocupante la falta de resultados en las investigaciones del caso conocido como Campo Algodonero y que aún no exista una base de datos genéticos de personas desparecidas, tal y como lo ordenó la CoIDH en su fallo.

Durante el encuentro, en el que participaron representantes del gobierno federal, diputadas de la Comisión Especial de Feminicidios y organizaciones civiles, la legisladora perredista criticó que a más de un año de que se notificara la sentencia (el 10 de diciembre de 2009) el cumplimiento aún sea parcial, toda vez que los tres homicidios no han sido resueltos y que el clima de impunidad continúa.

De acuerdo con el Primer Informe de cumplimiento que el Estado mexicano presentó a la CoIDH, y el cual hizo llegar a las legisladoras, la autoridad responsable de esclarecer esos crímenes es la Procuraduría de Justicia de Chihuahua.

En el informe se asienta que esa dependencia prosigue con la investigación "considerando perspectivas más amplias pero conservando al equipo de profesionales que ha estado encargado de las indagatorias", y el cual, a su vez, es investigado por presuntas irregularidades o mal ejercicio de sus funciones durante la primera averiguación de estos casos en 2001.

Ante este panorama, David Peña de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos; Andrea Medina Rosas, de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y la académica Lucía Melgar, entre otros, pidieron avances concretos con el fin de erradicar el clima de impunidad que padecen las víctimas de violencia.

Señalaron que esta histórica sentencia, la primera que se refiere a homicidios por razones de género y a violaciones a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará), debió marcar precedentes para atender el feminicidio, no obstante continúan asesinatos de este tipo, como el de la activista Marisela Escobedo, perpetrado el 16 de diciembre de 2010.

A estos cuestionamientos respondió Omeheira López Reyna, titular de la Unidad de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien afirmó que el próximo 25 y 26 de abril se llevará a cabo una serie de reuniones en Ciudad Juárez, Chihuahua, con los fiscales encargados de las investigaciones para saber cómo va el proceso penal.

La funcionaria informó que el objetivo de las reuniones es conocer cómo van las indagaciones para encontrar a los autores de los homicidios de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González.

Asimismo refirió que se conocerá cómo va la investigación contra los funcionarios involucrados en irregularidades o mal ejercicio de sus funciones durante la primera averiguación de estos casos.

Por su parte, Laura Carrera Lugo, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), señaló que se creó un diplomado sobre género y Derechos Humanos con el objetivo de capacitar a funcionarios públicos e incorporar la perspectiva de género en la impartición y procuración de justicia.

Respecto a la armonización legislativa, mencionó que la Conavim estudió y analizó los Códigos Penales y los Códigos de Procedimientos Penales de cada uno de los estados y en próximos meses impulsarán un foro para presentar una propuesta de armonización legislativa que implicará más de dos mil 500 reformas, entre ellas la tipificación del feminicidio.

Al tomar la palabra, el subprocurador Jurídico de la Procuraduría General de Justicia (PGR), Jorge Lara Rivera, explicó que ya se concluyó la adecuación del Protocolo Alba, un mecanismo para coordinar la investigación y localización de personas desaparecidas y asesinadas, mismo que se elaboró con el apoyo de la Unión Europea.

Ahora falta que este protocolo se presente ante los procuradores de cada entidad para su implementación. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil argumentaron que el Protocolo Alba carece de la perspectiva de género, por lo cual pidieron que se consulte a otros especialistas antes de presentarlo a las procuradurías.

Las organizaciones civiles destacaron que los avances en el cumplimiento de la sentencia de la CoIDH son parciales porque no hay información clara sobre las investigaciones de los responsables de la muerte de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette.

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