Trata de Personas
   Aprueba Congreso Ley para erradicar trata de personas
Hasta 20 años de cárcel para tratantes en Veracruz
Por: Brisa Gómez, corresponsal
CIMAC/AVC | Xalapa, Ver.- 28/10/2010 Por unanimidad, con 36 votos, el Congreso Local Veracruzano aprobó la Ley para Prevenir, Atender, Combatir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas, en la que se incluyen sanciones de hasta 20 años de cárcel y multas de hasta 500 días de salario mínimo para quienes incurran en este delito.

El dictamen, aprobado este miércoles en sesión extraordinaria del pleno del congreso local veracruzano, precisa que la Ley busca prevenir, atender, combatir, sancionar y erradicar la trata de personas, especialmente la de mujeres y niños, además de proteger, dar atención integral y asistencia a las víctimas o posibles víctimas de este delito, que sean o no originarias de la entidad.

La legislación considera la aceptación de la víctima como una atenuante para el caso, y no toma en cuenta la situación económica de la víctima, la violencia psicológica, física, la edad o el estado mental de la misma.

Precisa que la persona que sea declarada culpable de cometer el delito de trata, estará obligada a pagar en su totalidad el pago de la reparación del daño a favor de la víctima, como los costos de todos los estudios y tratamientos médicos, psicológicos, terapias físicas y ocupacionales que hagan falta.

Se agregarán los costos del transporte, incluido el de retorno a su lugar de origen, gastos de alimentación, vivienda provisional, y cuidado de personas menores de 18 años o mayores de 60 años, así como de quienes no tengan capacidad para comprender el significado del hecho.

Se incluye el resarcimiento de los perjuicios ocasionados, la indemnización por daño moral y el pago derivado de cualquier otra pérdida sufrida por la víctima que haya sido generada por la comisión del delito.

Para verificar el cumplimiento de la Ley, se integrará una Comisión Interinstitucional con la participación de representantes del Poder Legislativo, Judicial y funcionarios del Ejecutivo, así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y la sociedad civil con experiencia en la atención a los derechos humanos.

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