Trata de Personas
   Informe del Departamento de Estado de EU
Escasos resultados de la Ley contra la trata en México
Por: Gladis Torres Ruiz
CIMAC | México, D.F.- 07/07/2010 A pesar de que México cuenta con una Ley de trata de personas desde 2007, la Secretaría de Gobernación (SG), con una comisión en la materia, y el Congreso mexicano, con su propia comisión de trata, "el número de investigaciones y condenas por este delito siguen siendo bajas", afirmó el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En el Informe sobre Trata de Personas 2010, del Departamento de Estados Unidos, se afirmó, por segundo año consecutivo, que son escasos los resultados de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas, a tres años de su promulgación.

Reitera que sigue habiendo falta de recursos gubernamentales, y sentencias, o castigos severos, se indica que si bien hubo un aumento en la aplicación de la Ley, los esfuerzos fueron desiguales en todo el país.

Recomiendan al Estado mexicano defender el principio contenido en el artículo 3 del Protocolo Para Prevenir, Reprimir Y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, adoptada en diciembre de 2000, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que se indica que el consentimiento de la víctima no es pertinente, cuando los elementos de la fuerza, o la coerción, son verificadas.

El informe, publicado el 14 de junio, advierte que para que éste delito, no sea castigado de manera puntual, se suma el hecho de que muchos jueces no están familiarizados con las leyes de trata.

"Muchos funcionarios estatales y locales, no establecen una distinción adecuada entre el tráfico de indocumentados, y de los delitos de trata de personas".

Sugiere por ello, aumentar la capacitación en esta materia para jueces y fuerzas de seguridad, incluyendo funcionarios de inmigración y trabajo.

COMPLICIDAD

El Departamento de Estado, de Estados Unidos, coloca a México en la lista de países, que no proporcionan pruebas de mayores intentos, por combatir la trata, respecto al año anterior.

Lo que incluye más investigaciones, procesamientos judiciales y fallos condenatorios de delitos de trata, mayor asistencia a las víctimas, y menos pruebas de complicidad de funcionarios de gobierno, con las formas graves de trata.

Sostiene que a pesar de que las autoridades reconocen que la trata de personas constituye un problema grave en el país, algunos funcionarios locales toleran, y a veces son cómplices de este delito.

Tanto organizaciones de la sociedad civil (OSC), como integrantes del gobierno, informaron que la corrupción se da especialmente entre la policía local, funcionarios judiciales y de inmigración.

"Algunos funcionarios han aceptado sobornos y extorsiones, servicios sexuales, han falsificado documentos de identidad, y desalentado a las víctimas de denunciar, o tolerado la prostitución infantil, y otras actividades en los sitios de sexo comercial".

REFUGIOS

Aunque modestamente, el gobierno mexicano aumentó este año su asistencia a las víctimas, pero ésta sigue siendo insuficiente y depende de las OSC, las organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros para operar y financiar el grueso de la asistencia y servicios especializados para las víctimas de trata, precisa el documento.

La SG abrió un refugio para las mujeres víctimas de trata con fines sexuales con una capacidad para 70 personas, gastó este año unos 3.4 millones de pesos y en el Estado de México, se estableció un refugio similar, con capacidad para 10 mujeres.

Y aunque el gobierno mexicano continúa operando la Red Nacional de Refugios, para víctimas de violencia, muchos financiados por organismos internacionales, y grupos religiosos, "las OSC, advierten que los servicios a las víctimas siguen siendo insuficientes a la luz del gran número de víctimas de trata".

Ante este panorama el Departamento de Estado de los Estados Unidos, recomienda a México, aprobar y ejecutar un Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas, que incluya mayor financiamiento y orientación a las agencias federales y gobiernos estatales, investigar y enjuiciar los delitos de trata, incluyendo a los funcionarios públicos que sean cómplices del delito.



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