Migración
   Sus defensores enfrentan "hostigamientos y amenazas"
Mujeres migrantes: una vida en vulnerabilidad extrema
Por: Redaccion
CIMAC | México, DF.- 26/10/2009 México carece de una política migratoria con enfoque de género a pesar de que en los últimos años se ha incrementado a casi 50 por ciento el flujo migratorio de mujeres, lo que las pone en situación de vulnerabilidad y las enfrenta a delitos como trata de personas, violación y abuso sexual, así como a explotación sexual y laboral.

Así lo afirmaron organizaciones civiles que se reunieron este fin de semana en el Segundo Encuentro de Defensores de Derechos Humanos de las Personas Migrantes, donde compartieron y analizaron la construcción de estrategias de acción en apoyo a mujeres, niñas y niños migrantes, destaca un comunicado de prensa.

Las organizaciones participantes, originarias de Chiapas, Veracruz, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, San Luis Potosí y Coahuila, también abordaron temas como el acceso a la justicia y las condiciones laborales de las y los migrantes, el secuestro de niños, niñas y mujeres, así como los diversos problemas de las y los migrantes indígenas.

INSEGURIDAD PARA QUIENES PROTEGEN A LAS Y LOS MIGRANTES

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Belén, la Posada del Migrante, Frontera Con Justicia y Humanidad Sin Fronteras, entre otros organismos, expusieron que las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes ha colocado a las y los activistas en un riesgo permanente.

Explicaron, asimismo, que se han enfrentado a "hostigamientos y amenazas", así como a la criminalización y la deslegitimación del apoyo humanitario a las personas que buscan mejorar sus condiciones de vida en otros países.

Pusieron como ejemplo las constantes actitudes de discriminación y las agresiones hacia las y los migrantes, así como el descrédito en que se ha querido sumir la labor realizada por las distintas Casas del Migrante.

Por esta razón, en su comunicado de prensa las organizaciones exigen al Estado mexicano una política migratoria integral que respete los acuerdos internacionales de Derechos Humanos para garantizarles a las y los migrantes protección a su integridad física y psicológica, así como seguridad y acceso a la justicia.

También demandan que el Estado cumpla con su obligación de garantizar la vida, la seguridad y la integridad de las y los activistas de diversos centros y organizaciones de apoyo a las y los migrantes.

MIGRACIÓN DE MUJERES EN MÉXICO

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en México y el mundo las mujeres representan cerca del 50 por ciento de las personas migrantes; ellas se ven obligadas a cambiar de lugar de residencia debido a la pobreza y al aumento del desempleo que ha traído la crisis económica mundial.

Dichas cifras no varían mucho de las presentadas en el 2000 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): para ese año, 40.6 de las y los mexicanos que cruzaron la frontera norte eran mujeres; asimismo, el 50.7 de las mujeres que migraron iban de un estado a otro, y las que pasaron de un municipio a otro representaban 51.8 por ciento de la población migrante total en México.

Asimismo, datos del Inegi de ese mismo año muestran que las niñas menores de 14 años que migraban representaban el 5.3 por ciento del total de migrantes. Esto, sumado a la falta de políticas públicas de derechos humanos para las y los migrantes, también ha aumentado el trabajo y la explotación sexual infantil.

Por otra parte, en septiembre pasado Cimacnoticias informó que, en 2007, de 560 mil personas mexicanas que cruzaron la frontera hacia Estados Unidos, 50.5 por ciento eran mujeres, según cifras de 2008 del Grupo de Trabajo en Materia Migratoria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados.

Además, estadísticas del Inegi correspondientes a 2005 muestran que 25.2 por ciento de las mujeres migrantes se desplaza por trabajo; casi 30 por ciento, por motivos familiares; 3.6 por ciento, por estudios; 3.4 por ciento, por salud, violencia o inseguridad y 13.9 por ciento, por otras causas.

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