Participación Política de las Mujeres
   El problema es la impunidad y corrupción, no castigos
Contra delincuencia, Pena vitalicia es engaño político: legisladora
Por: Mónica Tejeda Hernández/corresponsal
CIMAC | Xalapa, Ver..- 15/08/2008 La diputada Margarita Guillaumín, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso de Veracruz, se pronunció en contra de la reforma al Código Penal del estado para incorporar la pena de prisión vitalicia como castigo para secuestradores.

Luego de aclarar que su partido comparte la indignación y los reclamos de la sociedad respecto a la creciente inseguridad pública en Veracruz, Guillaumín afirmó que el problema "en nuestro sistema de justicia" no reside en los castigos que se les imponen a los delincuentes, sino en la corrupción e impunidad que impera en las instituciones de seguridad pública.

"Tal pareciera que en nuestra lastimada sociedad, la delincuencia paga y paga bien pero además, tiene garantías", dijo la legisladora integrante de la Comisión de los Derechos Humanos en el Congreso veracruzano.

Los delincuentes, aseveró, gozan de la certeza de no ser aprehendidos ni castigados o bien, de que en el eventual y remoto supuesto de que fueran privados de su libertad, continúen con todo tipo de conductas ilegales desde los centros de reclusión.

Esta medida, acusó, se refiere sólo a un engaño político, "demagogia legislativa le llaman los analistas", pues se trata de una reacción por parte del Estado hacia una propuesta realizada por Felipe Calderón.

Tomar decisiones tan importantes que involucran la permanencia de los derechos humanos y la posibilidad de la rehabilitación de los delincuentes debe hacerse en circunstancias diferentes al enojo, indignación o pasión, pues además de ser inapropiado, es deshonesto, dijo.

LA TRAMPA DE LAS PENAS DURAS

Retomó las palabras de los académicos Lorenzo Córdova y Pedro Salazar en su participación en la Revista Nexos, "la trampa de las penas duras, es que a duras penas sirven para algo", lo cual se demuestra con los hechos históricos relacionados con el delito de secuestro en el Código Penal de la Federación.

Desde su incorporación al Código Penal en 1931, comentó, la penalidad establecida de 5 a 20 años de prisión, aumento 14 años después, en 1945, a un castigo de 10 a 30 años para posteriormente continuar con la elevación de la pena hasta el año 2000 cuando alcanzó los 70 años de cárcel, medidas que no influyeron en nada para la disminución de los secuestros en el país.

Con la amenaza de penas "inhumanas", aseveró, el Estado sólo trata de "justificar su fracaso en la prevención del delito, por su ineficiente política social, que no fue capaz de retraer o resolver los factores del crimen, todas las injusticias, todas las pasiones desbordadas por una desigualdad social como pocas veces se ha visto en la historia".

El llamado del PRD, dijo, es para que los tres Poderes Constitucionales y Constituidos actúen con medidas efectivas como políticas sociales que combatan a la pobreza y desigualdad, que garanticen el derecho a la educación, la salud y el trabajo y que además se elijan policías con mejor capacitación.

08/MTH/GGQ







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