DERECHOS HUMANOS
   Ningún signatario de CEDAW ha eliminado discriminación
Igualdad debe ser práctica concreta y no abstracción legal
Por: Adriana Rodríguez González
CIMAC | México, DF.- 24/06/2008 En educación, en México las tasas de analfabetismo son de 11.1 por ciento para mujeres y 7.3 para hombres. Si el dato se cruza con la variable de edad, resulta que 62.8 por ciento de las mujeres mayores de sesenta años no saben leer ni escribir, en tanto que sólo 37.2 por ciento de los hombres están en la misma situación.

La intersección con la etnia muestra que 43.1 por ciento de las mujeres indígenas son analfabetas, frente a sólo 23.2 por ciento de hombres.

En materia económica, la discriminación exhibe varias aristas. Una de ellas, bastante clara, es la brecha salarial.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el 26.9 por ciento de las mujeres que realiza algún trabajo remunerado recibe entre uno y dos salarios mínimos mensuales como pago, en tanto que sólo el 22.2 por ciento de los hombres están en dicha situación.

En el punto más alto de la pirámide, 11.36 por ciento de hombres perciben más de cinco salarios mínimos mensuales, en tanto que sólo el 7.45 por ciento de las mujeres tienen el mismo ingreso.

Por otra parte, en los espacios laborales las mujeres enfrentan otras dos variantes de discriminación de género: los techos de cristal y el hostigamiento sexual.

La especialista Marta Torres Falcón sostiene que en cualquier tipo de empresa, el número de mujeres es mayor en las bases --por ejemplo, personal de limpieza, recepcionistas, secretarias, auxiliares administrativas, etcétera-- y disminuye gradualmente a medida que se avanza en la escala de responsabilidades, ingresos y toma de decisiones.

Además, por lo general, el tope al que puede llegar una mujer no se hace explícito y se invocan diferentes razones para mantenerlo, pero difícilmente se reconoce que detrás de la negativa de una promoción hay un prejuicio sexista.

CAUSAS DE LA DISCRIMINACIÓN

La lucha de las mujeres organizadas por el reconocimiento y garantía de sus derechos ha tenido que cuestionar la definición misma de los derechos humanos e insistir en el peso específico de la voluntad.

En pocas palabras, ha requerido demostrar --de manera continúa y fehaciente-- que las mujeres son seres humanos y, como tales, dotados de racionalidad y voluntad propia, según señala Marta Torres Falcón en un artículo de la revista El Cotidiano, editada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

"Los derechos civiles y políticos buscan la igualdad jurídica de todos los individuos, más que la equidad, que implicaría reconocer diferencias y diseñar políticas públicas específicas para garantizar el ejercicio real de los mismos derechos a todas las personas, es decir, para que la igualdad fuera una práctica concreta y no una abstracción legal", agrega.

Además de la necesidad de atender la situación de derechos humanos con base en el género, se discute si los derechos sólo son oponibles al Estado y sus agentes, o si tendrían vigencia en las relaciones entre particulares.

Es por ello que, según indica la especialista, algunos países, con el ánimo de superar esa visión restringida de las prerrogativas fundamentales, han incorporado en sus textos constitucionales la obligación del Estado de garantizar, a todos los individuos, una vida libre de violencia.

Esto significa que debe poner al alcance de toda persona los recursos y apoyos necesarios para denunciar cualquier transgresión a sus derechos humanos, aunque ocurra en la esfera de lo privado.

Para la investigadora, la exclusión de las mujeres opera por dos vías. Por una parte, sus intereses y necesidades se identifican con el espacio privado y, por otro lado, este espacio es excluido de la regulación estatal.

"Si existe algún reconocimiento –en la legislación, las políticas públicas, los programas de bienestar social-- éste se dirige al núcleo familiar como grupo, pero los derechos individuales de sus integrantes quedan subsumidos en las necesidades de la familia o bien se ignoran totalmente", indica Torres en la revista.

Sin embargo, asegura que la dicotomía público-privado es engañosa, porque si bien la esfera doméstica se considera femenina, la posición que los hombres ocupan ahí, tal vez más que en cualquier otro espacio, es la de amos indiscutibles.

Y es que la esfera privada, en donde el varón puede mandar y hacerse obedecer, es esencialmente igual para todos los hombres.

Se trata, según el análisis de la investigadora, de un sitio privilegiado de dominio masculino, un espacio de control y poder socialmente legitimado y reconocido como indiscutible.

IGUALDAD

Por lo que respecta a la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (también conocida como Convención de la Mujer o CEDAW, por sus siglas en inglés), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por casi 90 gobiernos, Torres indica que ésta tiene más reservas que cualquier otro instrumento internacional.

Además, asegura que ninguno de los países signatarios ha logrado el objetivo de eliminar la discriminación contra las mujeres.

En el sistema jurídico mexicano, el Artículo primero de la Constitución señala la igualdad de todos los individuos y su derecho irrestricto a disfrutar las garantías que otorga la Carta magna; el Artículo cuarto refuerza la igualdad jurídica entre hombres y mujeres pero enfatiza la protección de la ley a la familia.

"Éste es el único precepto que se refiere a las mujeres y les confiere una posición de igualdad con los hombres ante la ley. Esto significa que las posiciones discriminatorias contenidas en todas las demás leyes, por ese sólo hecho serían inconstitucionales y podrían impugnarse mediante diversos procedimientos", manifiesta la investigadora en su artículo.

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