Zona de Reflexión
No más impunidad por justicia militar
Por: Lucía Lagunes Huerta*
CIMAC | México, DF.- 05/10/2010 Nunca es fácil para las mujeres denunciar la violación, exponer ante propios y extraños la agresión vivida. Narrar una y otra vez, la violencia sexual duele, y vuelve a lastimar, nuevamente eres agredida cuando no te creen, y de víctima, te conviertes en victimaria, por querer dañar el "honor de un hombre".

Pero cuando ese hombre es militar, y tú eres indígena, la agresión es mucho mayor, por el militar responde una institución y un gobierno, por ti sólo tu voz, tu testimonio.

Para Inés y Valentina, la violación y tortura sexual, a la que fueron sometidas, por parte de militares, es un camino que han recorrido ocho años, con una sola exigencia… justicia. A cambio, han recibido maltrato, burlas, amenazas y el asesinato de sus seres queridos.

Que podían hacer estas mujeres indígenas, frente al "honor" de un militar? frente a la figura de quienes representan a los ¿héroes de la patria?, seguramente nada, pensaron sus agresores, quienes fueron respaldados por la justicia militar, donde se "investigó" el caso, y se concluyó que no había delito que perseguir, que ambas indígenas mentían.

Mal cálculo hicieron las autoridades, pues Inés y Valentina, quienes no se conocían, no han cejado en su exigencia de justicia.

La agresión vivida las unió, primero en la lucha nacional del 2002, año en que ocurrieron los hechos, y hasta el 2006, cuando el caso fue admitido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de ahí a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en 2009, todo para exigir castigo para sus agresores.

Su voz se hizo fuerte, la verdad estaba de su lado, no fue fácil caminar los senderos del sistema de justicia nacional, e internacional. Fue fundamental el acompañamiento permanente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cetil), así como el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez.

Inés y Valentina son la esperanza para muchas mujeres, quienes han decidido no enfrentar la justicia militar, para otras como las tres hermanas González, se abre la esperanza, ya que para ellas la justicia es una palabra ajena y mucho más lejana. Su espera lleva 16 años, desde que en junio de 1994 en un retén militar en Altamirano, Chiapas fueron violadas y torturadas por militares, hasta el día de hoy sólo silencio y olvido en las instancias de justicia.

Desde entonces, las abogadas feministas demandaron que los delitos de violación a derechos humanos, y especialmente las violaciones sexuales contra mujeres, cometidas por militares fueran casos juzgados por la vía civil, con el argumento de que quien es señalado como culpable, no puede ser la misma instancia que investigue y juzgue.

Aunque el 4 de abril de 2001, la CIDH, en su Informe No. 53/01, referente al caso de las hermanas González, concluyó que el Estado mexicano había violado los derechos a la integridad personal, la protección de la honra, la dignidad; y las garantías judiciales de las tres víctimas, no pudo remitir el caso ante la CoIDH porque México reconoció la competencia contenciosa de este organismo hasta 1998, dos años después de la denuncia (cimacnoticias 10 de junio 2010).

La actual sentencia de la CoIDH, es la esperanza también para que por fin la Cámara de Diputados, reviva la discusión sobre el Artículo 57 del Código de Justicia Militar, iniciativa presentada en 2007, y se logre juzgar a los militares que violen a mujeres, las hostiguen, o acosen, dentro y fuera de sus instalaciones.

Para que la impunidad deje de ser el fuero que les permita a los integrantes del ejército actuar sin castigo.

En este sexenio de la militarización del territorio nacional, es urgente que el poder legislativo asuma su responsabilidad, y acompañe la decisión de la CoIDH, como parte del Estado mexicano.

Es necesario garantizar a la ciudadanía, que las violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes del ejército mexicano sean investigadas y juzgadas por la vía civil. De lo contrario la lucha de Inés, Valentina y las hermanas González, quedará trunca.



* Periodista mexicana, directora general de CIMAC



10/LL/LR/LGL







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