OPINIÓN
Mujeres del comercio informal, reto para las políticas públicas
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
CIMAC | México, DF.- 08/01/2008 Tanto en el ámbito nacional como internacional, las mujeres constituyen la mayoría de vendedores en la calle y tienden a trabajar en peores condiciones que los hombres, tanto en aspectos como el lugar donde se ubican como en el tipo de productos que ofrecen.

En su mayoría trabajan como empleadas de otros vendedores o por comisión, en lugar de ser autoempleadas o empleadoras. Estos elementos provocan que las mujeres ganen menos que los hombres.

Durante el período comprendido de 2000 a 2004, se incrementó considerablemente la participación de mujeres en el comercio ambulante y en otras actividades informales. Durante ese mismo lapso, las mujeres con percepciones menores a dos salarios mínimos eran de 69.4 por ciento a 72.5 por ciento.

Para dimensionar la magnitud de este ingreso, cabe recordar que el costo de la canasta básica mensual es mayor a dos salarios mínimos.

En el 2003, en el comercio ambulante se ocupó un 6.3 por ciento de mujeres, frente a 3.8 por ciento de hombres. Aparentemente, en tiempos de crisis, el sector informal es una bolsa de marginalidad que agrupa a todos los excluidos y a la mano de obra secundaria.

O bien, en su defecto, el Sector Informal Urbano (SIU) constituye una verdadera alternativa para ciertas categorías de la población activa que bien habría podido incluirse en el mercado de trabajo formal.

Tampoco sabemos si el ingreso producto del comercio informal constituye un ingreso complementario al presupuesto familiar o es el recurso pecuniario principal, e inclusive único, de un gran número de familias.

Para apreciar correctamente el monto de las remuneraciones y la productividad del trabajo en el sector informal, aún habría que normar los ingresos semanales o mensuales, mediante el número de horas trabajadas efectivamente.

El SIU produce, emplea y distribuye ingresos. Participa en el ciclo económico en general. Pero también desempeña una función dentro de los mecanismos de reproducción y cohesión de las unidades económicas; por consiguiente, no sólo es objeto de análisis de la economía, sino que también lo es de la sociología, de la ciencia política y de la antropología política.

Este Sector se define como el conjunto de actividades realizadas por individuos cuyo objetivo consiste en asegurar la supervivencia del grupo, se desarrolla sin la idea de acumulación que caracteriza al capitalismo moderno; sin acceso al sistema fiscal y con acceso escaso al sector financiero.

Otra de sus características importantes es su heterogeneidad, tanto en el nivel de ingresos como en la diversidad de sus actividades.

Se ha pasado de un SIU refugio de una población condenada a la desocupación, excluida de la modernidad y de sus beneficios, a una informalidad generadora de dinámicas propias, capaz de contribuir de manera notable al crecimiento, e incluso a una estrategia para salir de las crisis.

Desde la perspectiva del concepto de economía informal, concebida como el conjunto de actividades económicas legales (no delictivas) que escapan a las regulaciones gubernamentales, ponemos en el centro del análisis una reflexión renovada sobre el lugar del Estado como actor económico-político y por ende, de las políticas públicas y su importancia para regular activamente este fenómeno.

El comercio ambulante, como parte del SIU y de la economía informal, se caracteriza por un bajo uso de tecnología; manejo de recursos en efectivo, sin acceso al sistema financiero; bajo nivel de organización productiva; uso intensivo de mano de obra; bajo capital y bajas remuneraciones y, uso de trabajo infantil.

Esta actividad asociada a una problemática social que se manifiesta en: falta de estatus legal y reconocimiento; acoso y desalojo por parte de las autoridades o de los comerciantes establecidos; confiscación de sus mercancías y lugares de trabajo sucios e inseguros.

En la mayoría de los casos, lo que se da es un intercambio de apoyo por parte de las y los vendedores a algún partido político a cambio de continuar con sus actividades. Esta situación de clientelismo político es particularmente grave en las ciudades de México, Monterrey, Guadalajara y las ciudades fronterizas.

Los comerciantes informales se organizan en torno a un líder que los representan ante las autoridades y ante los elementos de seguridad pública que se encargan de los desalojos y de la incautación de las mercancías y también de los sobornos a las autoridades.

Sin embargo estas redes de organización informal no les permiten el acceso al sistema financiero, mejores condiciones de trabajo o la seguridad social, tampoco protege "especialmente" el trabajo infantil o el de las mujeres.

¿POR QUÉ TANTOS VENDEDORES EN LA CALLE?

El precio de la legalidad. Sencillamente la "legalización" es inaccesible para los modestos establecimientos por los altos costos laborales, los costos fiscales y las excesivas regulaciones burocráticas que mantiene el Estado a través de sus políticas.

Y desde luego, el problema central que subyace es el nivel de desempleo y la calidad de los empleos generados. En el primer caso enfrentamos a nivel macroeconómico un problema central: el crecimiento real de la economía en su conjunto.

En los últimos 25 años el crecimiento de la economía mexicana ha sido tan sólo del 2.4, frente a un avance de 9.6 en China y de 7.8 en Corea. Mientras que las pérdidas por piratería representan el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y ascienden a 300 mil millones de pesos cada año.

Por lo que hace a la calidad de los empleos generados, el propio Banco de México reconoce que la economía informal genera 44 de cada 100 empleos. Formas contractuales que disminuyen servicios y prestaciones para las mujeres, tanto en remuneraciones como en prestaciones sociales.

A estos hechos habría que sumarle que el crecimiento de la población susceptible de ser empleada es superior al nivel de generación de empleos. Con este mercado laboral tan precario no debe sorprender el volumen del SIU y particularmente el del comercio informal.

Es tan fuerte la presencia del comercio informal, que según la encuesta Mitofsky, realizada en marzo del 2007, en el último año, 8 de cada 10 mexicanos han adquirido productos en el comercio ambulante, condición que no difiere por nivel de ingresos, pero que sí es mayor entre adultos jóvenes.

Regular el comercio ambulante y el informal es fundamental pero de ninguna se puede quedar ahí la política pública, es indispensable una política de empleos con calidad, una reforma seria en el ámbito laboral y fiscal, propuestas de simplificación administrativa, aduanas "efectivas", y, desde luego, una política económica de crecimiento con niveles superiores a los actuales.

Revisión de productos y cadenas de producción en la oferta que presenta el comercio informal, relaciones entre gobierno y comerciantes informales más allá del voto corporativo. Estos son algunos de los aspectos necesarios para resolver esta problemática socioeconómica que plantea la economía informal.

Procrear y cultivar la economía de la ilegalidad tiene el grave riesgo de que esta cultura de la marginalidad e ilegalidad dentro del ámbito económico se trasmine a otros ámbitos de la vida nacional, convirtiendo a la legalidad y al "Estado de derecho" en una mera referencia informal.

* Economista, especializada en temas de género.

07/CP/GG/CV







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