COLUMNA
Zona de reflexiones
Por: Lucía Lagunes*
CIMAC | México DF.- 04/12/2007 Han pasado ocho días desde que arrancó formalmente, el pasado 25 de noviembre, la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, uno de sus ejes fundamentales para poder eliminar la violencia contra las mujeres --desde hace más de una década-- es garantizarle justicia a las sobrevivientes de violencia.

Es importante, por tanto, lograr que las mujeres cuenten con crédito a su palabra y que las autoridades reconozcan que todo acto de violencia debe ser castigado, sin importar quién es el generador de ella.

Hasta ahora, las sobrevivientes de la violencia siguen esperando justicia. Por ello, es fundamental que, en los hechos, gobiernos e instancias se comprometan con los derechos humanos de las mujeres. Que no se dobleguen ni a las presiones políticas ni a los chantajes de ningún tipo.

El resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la periodista Lydia Cacho deja la puerta abierta a la impunidad. No sólo en este caso sino en los que vienen: ¿qué garantías tenemos las y los mexicanos de la imparcialidad de la Corte, qué instancias nos quedan para exigir justicia?

Este fin de semana se realizó el Seminario Internacional sobre metodologías para la documentación, registro y seguimiento de casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación en México. Aquí nuevamente el tema de la impunidad fue el centro de la reflexión, tanto de organizaciones nacionales como instancias internacionales.

Contradictoriamente, en México se crean dos instancias para atender y resolver las agresiones contra periodistas: una en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otra en la Procuraduría General de la República (PGR), y hasta hoy ningún resultado concreto que clarifique y sancione a quien arremete contra el trabajo periodístico.

El caso de Lydia Cacho deja al descubierto la simulación de estas instancias para garantizar a las y los periodistas la protección necesaria para poder ejercer nuestro oficio, nuestro quehacer de informar.

Tal es el descontento y el rechazo a la simulación de las autoridades, que fueron evidentes durante un acto de acción urgente durante un mitin frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia, el pasado viernes. Ahí, la organización Infancia Común colocó una mesa para firmar contra la resolución en el caso de Lydia Cacho, contra la autorización a la pederastia y la injusticia a cientos, miles de niñas y niños de este país que son agredidos sexualmente.

En dos horas, más de dos mil firmas estaban ya plasmadas. Transeúntes, al saber de lo que se trataba, sin mayor dificultad firmaron en contra de la resolución de seis ministros.

Este lunes un nuevo mitin se dio frente a la Suprema Corte. Esta vez, comunicadoras y comunicadores dejaron libretas y plumas como símbolo de la agresión contra la libertad de expresión.

Con Lydia se unen ambos delitos: la violación de derechos contra las mujeres y la agresión contra periodistas; por ello la impunidad es doble, tanto como la indignación.

Un periodista francés decía que la resolución de la Suprema Corte revela que en México aún no se puede tocar a los gobernadores, sin importar los delitos que cometan.

Si queremos ser una democracia tenemos que construir el camino para juzgarlos, de lo contrarios el descrédito de las instituciones y del Estado de Derecho serán obstáculos permanentes para lograr la verdadera democracia que deseamos.

* Periodista mexicana. Directora Ejecutiva de Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC). Cofundadora de las Redes de Periodistas comprometidas con los derechos humanos de las mujeres.

07/LL/GG/CV







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