Migración
   Despenalizarían a arrendatarios o empleadores
Impugnarán en juicio ley contra indocumentados, en Pensilvania
Por: Leticia Puente Beresford/corresponsal
CIMAC | Nueva York, EU.- 15/03/2007 Esta semana dio inicio, en Scranton, Pensilvania, el primer juicio en una corte federal que busca impugnar una legislación local contra las y los indocumentados.

En el proceso se pretende echar abajo el "Acta de Alivio contra la Inmigración Ilegal", que penaliza a personas dueñas de casas que renten a indocumentadas e indocumentados, así como a dueños de negocios que les den trabajo. Y en algún punto impide que las niñas y niños sin documentos asistan a las escuelas públicas.

La ordenanza de Hazleton, como se conoce al mandato, la primera en ser promulgada a nivel nacional, entraría en efecto el 1 de noviembre del 2006, pero un juez federal emitió una orden temporal previniendo su implementación.

Al emitir la orden, el juez James M. Munley dijo que la ley podría causar un daño irreparable a los residentes de la ciudad y citó los casos de ciudadanos y no ciudadanos que estarían en riego de perder sus vivienda, su forma de vida y el acceso a la educación si la ordenanza entraba en efecto, según información del New York Times.

"El juicio será histórico porque marcará el futuro de lo que puede ocurrir con las decenas de ciudades y poblados en los que se han propuesto ordenanzas similares", dijo Linda Kaiser, abogada de Cozen O'Conner.

El Acta de Alivio contra la Inmigración Ilegal, propuesta por el alcalde republicano Lou Barletta, entra en etapa de juicio precisamente cuando Washington se apresta a emitir una reforma migratoria que beneficiaría a los más de 12 millones de indocumentados.

El fallo estaría siendo esperado por lo menos en unas 80 ciudades más, donde que siguieron los pasos de Scranton.

La demanda para derogar la ordenanza fue presentada por el Sindicato de Libertades Civiles de América (ACLU), Puerto Rican Legal Defense and Education Fund (Prledf), Community Justice Project y la firma de abogados Cozen O'Conner.

"Estamos muy optimistas porque los asuntos de inmigración corresponden al gobierno federal y las leyes al respecto no pueden ser dictadas por los gobiernos locales, eso es inconstitucional", dijo Cesar Perales, presidente de Prledf.

Pero según el alcalde Barletta, el aumento de los inmigrantes indocumentados ha traído drogas, delitos, pandillas y desmejorado el nivel de vida de la ciudad. Sin embargo, los demandantes sostienen que él no tiene pruebas de que esto sea verdad.

De acuerdo con los demandantes, el juicio podría tomar hasta tres meses antes de que se emita un veredicto.

Hazleton está a 130 kilómetros de Filadelfia, tiene una población estimada en 31 mil personas, el 30 por ciento de los cuales son hispanas, informó la Agencia AP

"La ciudad de Hazleton esta promoviendo la discriminación", expresó Anthony Romero, director ejecutivo de ACLU. A lo cual el alcalde respondió que "ilegal es ilegal" "No hay nada de racista en lo ilegal".

07/LPB/GT







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