Migración
   Centroamericanas, europeas, aún mexicanas, la padecen
Las y los migrantes, bajo la mano dura del INM
Por: Hypatia Velasco Ramírez y Carolina Velásquez
CIMAC | México, DF.- 01/09/2007 Cecilia Romero, considerada fiel a la política conservadora panista, tomó posesión hace 9 meses como comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, tiempo en el cual ha demostrado mano dura contra la población migrante y las organizaciones civiles que trabajan en la defensa de sus derechos.

Fue el 8 diciembre cuando Romero llegó al cuestionado Instituto, entonces a cargo de Hipólito Treviño Lecea, en un escenario marcado por el crecimiento de los flujos migratorios tanto de población mexicana que sale del país como de las y los extranjeros que entran, señaló en su momento Karina Arias de la Organización Sin Fronteras, ONG especializada en refugio y migración (Cimacnoticias, 11 dic 07).

Arias advirtió entonces sobre la posibilidad de que Romero -- ex senadora plurinominal en la LIX legislatura por el Partido Acción Nacional (PAN) y encargada de coordinar los trabajos para la toma de posesión de Felipe Calderón-- se guiara por "una política represiva y de violación de los derechos de la población migrante que transita o se queda en México".

La preocupación surgió porque dentro de las estaciones migratorias que existen en México se seguían cometiendo violaciones en el proceso de repatriación y en cuanto al acceso a la justicia, a la representación legal y a la protección consular.

En su toma de posesión Romero Castillo afirmó que lo más importante, según un boletín del INM, era que este organismo debería ser realmente "ese instrumento que haga posible que todos los migrantes, independientemente de su calidad migratoria, sean respetados en su dignidad y también que la migración pueda ser cada vez más, como es en el Siglo XXI, fuente de seguridad, de empleo, de inversión, de familias que se reagrupan y de desarrollo para el país".

Sin embargo, hoy el INM tiene pendiente una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fechada el 18 de enero pasado, y otras tantas de la administración federal anterior que aún se encuentran vigentes, por lo que el Senado exhortó a Cecilia Romero a darles cumplimiento.

Las autoridades migratorias han habilitado a las estaciones (migratorias) "como si fueran centros penitenciarios" y hasta el momento "el INM ha cometido omisiones que han perjudicado la integridad de extranjeros indocumentados en tránsito", advierte el senador perredista Rubén Velásquez López, en un boletín del 22 de marzo pasado.

MIGRACIÓN CENTROAMERICANA
El gobierno de Tapachula estima que unos 300 salvadoreños, en promedio, abandonan el país todos los días como promedio, por vía terrestre, pasando primero por Guatemala, para luego introducirse indocumentados a México, hasta llegar a Estados Unidos, donde según el último reporte hay 2.5 millones en este país.

En el marco del foro de Migraciones internacionales, remesas y perspectivas de desarrollo en el estado de Chiapas, realizado este año, especialistas mostraron que a lo largo de 2007 han muerto 314 migrantes centroamericanos al pasar por México o en Estados Unidos.

Al dar la bienvenida al foro, Juan Carlos Cal y Mayor Franco, coordinador de Relaciones Internacionales del gobierno de Chiapas, afirmó que la apuesta de los mexicanos debe ser la integración con sus vecinos de Centroamérica, reportó el diario La Jornada.

No podemos hacer el trabajo sucio a quienes desean poner un muro en la frontera norte; no podemos tener un doble discurso quejándonos de lo que hacen a nuestros migrantes en Estados Unidos, y nosotros no hacer nada cuando se violan los derechos humanos de los centroamericanos en nuestro territorio, en Chiapas, añadió.

Cal y Mayor Franco insistió en que no podemos permitir ni permanecer indiferentes ante la violación de las garantías individuales de los miles de migrantes de Centro y Sudamérica que pasan por territorio mexicano.

Las violaciones a que hace referencia han tocado a la población de México.

DOÑA CONCHI

El 9 de marzo de 2005, elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) detuvieron a la señora María Concepción Moreno Arteaga, doña Conchi, en la comunidad de El Ahorcado, municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, en el centro de México.

Al llegar a su domicilio, los agentes golpearon a un grupo de hondureños indocumentados que comían en el exterior de la vivienda y la detuvieron acusándola de ser traficante de migrantes. Siete meses después, el 31 de octubre, fue sentenciada a 6 años de pena privativa de libertad.

Los cuartos de María Concepción fueron allanados y las pertenencias de su familia registradas, fue arrestada junto con las y los migrantes sin mostrar ninguna orden de aprehensión contra ella, asentando en el acta que había sido detenida por encontrase en "flagrante comisión de delito" ya que estaba "alimentando un grupo de extranjeros", explica en referencia al caso el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos.

El juicio fue llevado a cabo, señala, "sin respetar las normas del debido proceso, a seis años de prisión, por haber dado comida a un grupo de migrantes hondureños".

Doña Conchi estuvo presa dos años. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez se encargó de su defensa y junto con el apoyo de diversos actores nacionales e internacionales se dictó nueva sentencia otorgándole la libertad el pasado viernes 31 de agosto.

Recientemente, la bancada del PRD en la Cámara de Senadores pidió a la Segob que instrumente un programa de repatriación y asistencia para migrantes varados en Chiapas, Oaxaca y Tabasco por el cese de las operaciones del ferrocarril Chiapas-Mayab, informa en su síntesis de noticias Sin Fronteras.

De igual manera, señala, solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob), verifique que en la aplicación del programa se respeten las garantías de la población migrante.

En entrevista, el senador Tomás Torres recordó que el 29 de julio de este año la empresa Genesse Wyoming, operadora del ferrocarril, devolvió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la concesión de la ruta Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca al declararse en quiebra.

El cierre definitivo de operaciones del Ferrocarril Chiapas-Mayab obliga a las y los migrantes, provenientes de Centroamérica, a caminar más kilómetros para llegar a su destino final, que por lo general es Estados Unidos.

Explicó que con la suspensión de actividades del tren las y los indocumentados centroamericanos no tienen medio de transporte hacia Ixtepec, Oaxaca, donde toman nuevas rutas hacia el Distrito Federal o hacia Matamoros, Tamaulipas, en su recorrido hacia la frontera norte.

Torres indicó que según información del Instituto Nacional de Migración, hasta finales de la tercera semana de agosto existía el registro de más de seis mil migrantes varados en Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Y que, además, más de 600 indocumentados se encontraban en la estación Siglo XXI, ubicada en Tapachula, Chiapas, quienes son la carne de cañón para asaltantes y autoridades mexicanas corruptas, denunció.

VIOLACIONES, UN CASO

Pese a su deber de salvaguardar los derechos de la población migrante, el INM ha incurrido en serias violaciones de diciembre del 2006 a la fecha.

El más recientes sucedió el pasado 5 de agosto de 2007, cuando un grupo de turistas --tres mujeres españolas y un hombre de la misma nacionalidad-- fueron detenidos en la ciudad de Oaxaca por la policía estatal sin informarles el motivo, acusándolos de participar en un acto político y quitándoles su documentación y pertenencias personales, para luego trasladarlos a la estación migratoria de Iztapalapa, donde permanecieron por espacio de diez días (Cimacnoticias, 14 agosto 07).

Al salir, Laia Serra, Aridna Nieto, Nuria Morelló y Ramón Sesén, anunciaron en conferencia de prensa que denunciarían al INM y a la Secretaría de Gobernación (Segob) por abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, debido a que ?explicaron-- se violaron sus derechos humanos pues "fueron detenidos de forma arbitraria y sin informarles el motivo de su detención".

Al respecto, Ariadna Nieto, periodista en España, dijo que las pertenencias de ella y sus compañeros fueron robadas al momento de su detención, incluyendo los pasaportes, y que de ese día al 14 de agosto de una de las cuentas bancarias fueron sustraídos setenta euros, "por lo que temían se siguiera sustrayendo más dinero de las demás cuentas, pues hasta el momento no las habían podido revisar".

Las y el español denunciaron, además, que dentro de sus pertenencias llevaban su forma migratoria y pasajes de avión, con lo que hubiera sido muy sencillo que las autoridades comprobaran su estancia como turistas en nuestro país.

Cabe destacar que Laia Serra formó parte de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) que estuvo en Oaxaca durante el conflicto social en la entidad en 2006 y realizó un informe que tuvo notorio eco en México y a nivel internacional.

HOSTIGAMIENTO CONTRA OSC

La violación a los derechos humanos de la población migrante indocumentada, que pasa o llega a México, ha sido observada por distintas OSC defensoras de derechos humanos en nuestro país, señalando que luego de su detención es llevada a las estaciones migratorias para ser deportada a su lugar de origen sin que se realice un debido proceso, como lo marca la legislación internacional.

A partir de este año, y con la presente administración que encabeza Cecilia Romero, se ha restringido el acceso de ONG a las estaciones migratorias.

Un comunicado emitido por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH, denunció los actos de hostigamientos contra algunos integrantes de la organización Sin Fronteras por parte del INM, una de las pocas OSC que han tenido acceso a las estaciones migratorias de la Ciudad de México, al menos una vez a la semana.

Según la información del Observatorio, el primero de dichos actos sucedió en marzo de 2007 cuando fue filmada la credencial de elector de Fabienne Venet, directora de Sin Fronteras, en las oficinas centrales del INM, acto que según el Observatorio, no fue una medida de seguridad de rutina.

Posteriormente, en el marco de un juicio de amparo que Sin Fronteras interpuso debido a las limitaciones de acceso de sus abogadas y abogados a las estaciones migratorias de la Ciudad de México, el INM presentó un informe argumentando que "la autoridad migratoria se encuentra realizando sus funciones y atribuciones de conformidad con la normatividad migratoria existente, con lo cual sólo busca la estabilidad de las estaciones migratorias sin que con ello se viole garantía individual alguna".

Para el Instituto, esto es válido "toda vez que los quejosos (Sin Fronteras) sólo se limitan a ver por sus intereses ya no como miembros de una Asociación Civil y no observan que con las medidas hasta el momento implementadas sólo se pretende una estabilidad de los asegurados en las estaciones migratorias", señala el Observatorio en el boletín.

El tercer evento de hostigamiento cometido contra Sin Fronteras fue el 20 de mayo en el aeropuerto de la Ciudad de México, tras la detención por parte dos agentes de migración de uno de sus asistentes de capacitación, quien viajaba a Chiapas a una visita mensual en la estación migratoria de Tapachula, en la frontera con Guatemala.

Estos actos, afirma el Observatorio, son un agravio a las actividades de Sin Fronteras en la promoción y defensa de los derechos humanos de las y los migrantes y sus familiares, "se dan en un contexto de criminalización de la población migrante y refugiada en México y del continuo endurecimiento de la política migratoria mexicana".

07/HVR/CV







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