MONEDERO
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Cuando la política social carece de perspectiva de género
Especial
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
Cimacnoticias | México, DF.- 02/04/2013 En México, la política social reduce la autonomía económica  y ciudadana de las mujeres y refuerza su posición de subordinación, tanto  en la familia como en la sociedad. Por lo consiguiente,  es una política pública que  carece de perspectiva de género.
 
Las convierte en mujeres pobres en ingresos y en tiempo, ya que acrecienta la desmesurada concentración del trabajo doméstico no remunerado en manos femeninas con graves repercusiones en su salud y por supuesto es un obstáculo importante para incorporarse al mercado laboral y de esta manera obtener más ingresos.   
 
El cuidado y reproducción de la familia (trabajo doméstico no remunerado), sigue siendo uno de los principales obstáculos para la igualdad de género. Trabajo que se ve incrementado sensiblemente en las mujeres receptoras de los programas de transferencias condicionadas de ingresos (PTC), como el Programa Oportunidades.
 
Estas son algunas de las conclusiones del estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), donde se analizaron los casos de Ecuador y México.(Los Bonos en la mira. Aporte y Carga para las Mujeres,  Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, 2012)

(VER GRÁFICA AQUÍ)

Se tomó como referencia el tiempo (medido en horas semanales), de  mujeres pobres, rurales y con hijas e hijos menores de 15 años, ya que éstas son las circunstancias más frecuentes de los PTC.
 
Como se puede apreciar en la gráfica, para México en los tres casos la carga de trabajo doméstico no remunerado de las mujeres que reciben PTC siempre es superior a las NO receptoras; a nivel nacional la sobrecarga de este trabajo alcanza 24 horas al mes.
 
En contraparte, disminuye drásticamente  su tiempo de trabajo remunerado (también en los tres casos); al extremo de significar una pérdida de 36 horas mensuales, el equivalente a 4.5 días  laborales al mes,  el equivalente a $874.00 pesos mensuales.
 
En síntesis, recibir PTC aumenta en las mujeres  la carga de trabajo doméstico no remunerado y disminuye el tiempo de trabajo remunerado, por consiguiente recrudece su condición de pobreza y  su dependencia de los programas sociales.
 
En el caso específico del Programa Oportunidades las madres de familia están obligadas a realizar un trabajo comunitario “voluntario”,  sin remuneración alguna. Además, deben atender lo siguiente:
 
Registrarse en las unidades de salud y acudir a las citas médicas; asistir mensualmente a las pláticas educativas de salud, así como certificar que jóvenes y niñez estén inscritos en planteles educativos y acudan a la escuela en forma regular.
 
Las transferencias trimestrales del Programa están condicionadas al cumplimiento de estas corresponsabilidades.
 
El resultado es que se acentúan las desigualdades de género que existen en la sociedad, al aumentar en las mujeres pobres la carga de trabajo de cuidado, que es una de las causas de la desigualdad económica de género; retrasan la autonomía femenina, como lo demuestra claramente el estudio de CEPAL.
 
NO ES UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA MUJERES
 
Obviamente este hecho tiene implicaciones negativas, tanto  de género como de pobreza  intergeneracional en las y los hijos de esas madres receptoras  de PTC, al reforzar la “naturalización” del trabajo de cuidado que recae exclusivamente en mujeres y limitarlas –aún más- en su necesaria inserción en el mercado laboral.
 
A esta situación CEPAL la llama “maternalismo social” en alusión al hecho de que la política social considera a las madres como corresponsables en la consecución de ciertos objetivos sociales, como la superación de la pobreza.
 
Aunque son programas “feminizados”, en el sentido de que la mayoría de quienes reciben el beneficio monetario son mujeres, pero esta percepción no obedece al reconocimiento de un derecho propio sino derivado; en realidad las mujeres (madres) actúan como beneficiarias operativas del programa, los titulares del derecho para acceder al beneficio son, en general, las niñas, niños y adolescentes. Su dinámica no obedece a su condición de mujeres, sino de madres.
 
¿Por qué estos programas se orientan mayoritariamente a las mujeres?
 
Para este estudio existen varios motivos: en ciertos casos ser mujer (y madre) es uno de los requisitos para obtener el beneficio, no se entrega a padres o tutores varones;  las condicionalidades impuestas por los programas, vinculadas a dimensiones de cuidado de las niñas, niños y adolescentes (educación y salud) responden a una consideración social según la cual se atribuye la responsabilidad del cuidado a las madres, se naturaliza  el trabajo de cuidado en las mujeres. Y por último, se considera que son ellas, las madres, quienes tienen menos posibilidades de conseguir empleo remunerado.
 
De esta manera las mujeres –en calidad de madres- se convierten en beneficiarias operativas de  un beneficio destinado a sus  hijas o hijos. 
 
Al cumplir las condicionalidades punitivas (asistencia escolar y control de salud),  para conservar los programas opera lo que se denomina “maternalismo social”. Se señala que estas condicionalidades son unidireccionales, se le exigen a la población beneficiaria de los programas, pero al Estado no le es exigible el cumplimiento de otorgar las  transferencias y ofrecer las condiciones para este otorgamiento.
 
No hay que perder de vista que estos programas están concebidos como herramientas de lucha contra la pobreza en el corto y largo plazo. En el primer caso, transfiriendo recursos monetarios a niveles básicos para hogares en situación de pobreza y pobreza extrema.
 
El objetivo de largo plazo es superar la trampa intergeneracional de pobreza mediante el incremento del capital humano de la infancia y adolescencia de estos hogares.
 
El alcance de estos objetivos depende de cuatro factores: el monto del beneficio en relación con los umbrales de pobreza o pobreza extrema; el nivel de cobertura; la duración del beneficio, y la variabilidad, tanto del umbral de pobreza como del beneficio.
 
En esta circunstancia no está por demás recordar que en México la población receptora de estos programas vive en formas altamente precarias de empleo, informalidad, bajos salarios y desempleo; esta causalidad la lleva a convertirse en dependiente de las transferencias de la política social.
 
P.D.
¡No hay verdura barata!. El reporte de Inegi sobre inflación para el mes de marzo indica que los precios de los productos Agropecuarios aumentaron 12.37 y el de Frutas y verduras 15.27 por ciento, respecto a marzo de 2012. Este incremento de precios es 4 veces superior al aumento que tuvo en diciembre pasado el salario mínimo. Por eso crece la pobreza, no hay alimentos baratos ni salario que alcance para la canasta alimentaria.
 
* Economista especializada en temas de género
 
Twitter: @ramonaponce
 
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