LA VOZ DE LA COALICIÓN
Migración
   LA VOZ DE LA COALICIÓN
Derechos Humanos y migración
Especial
Por: Axela Romero Cárdenas*
Cimacnoticias | México, DF.- 30/04/2013 Este artículo podría empezar enumerando la larga lista de problemáticas de salud, educación, seguridad, apoyo al desarrollo, justicia, protección, etcétera, que enfrenta la población en contextos de migración.
 
Sin embargo, los datos disponibles que reflejan esta compleja problemática no son el centro del análisis que se propone.
 
Estas notas se proponen explicar los obstáculos que enfrentan las personas en contextos migratorios para acceder al disfrute a sus derechos.
 
En el caso del derecho a la salud, esto abarcaría los insumos, servicios de prevención y atención de la salud, al trato oportuno, digno y de calidad en los servicios públicos, y finamente la posibilidad de que la salud sea un elemento más que posibilite el desarrollo, seguridad e integridad de las personas.
 
Todos estos elementos ineludibles en la dimensión de la salud como un DERECHO.
 
Asimismo en este artículo se describirá el conjunto de estrategias que impulsan organizaciones y redes ciudadanas nacionales y transnacionales, aglutinadas en un espacio de coordinación denominado Colectivo PND Migración, para lograr que el Estado actualice su responsabilidad en la promoción, defensa y garantía de todos los derechos para las poblaciones en las migraciones, incluyendo por supuesto el derecho a la salud.
 
PUNTO DE PARTIDA
 
Los derechos de las personas no están en cuestionamiento. México, como el resto de los países que integran la ONU, reconoce a toda persona no sólo el derecho a la salud, sino el conjunto de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y ambientales que integran en sentido amplio el concepto de los Derechos Humanos (DH).
 
Al respecto, también la Constitución mexicana, las leyes especiales, sectoriales y generales son fuentes jurídicas de los DH en su conjunto.
 
Este cuerpo jurídico debiera indicar que proteger el disfrute de los DH es una alta prioridad para el gobierno mexicano. En correspondencia también tendríamos que encontrar robustas, articuladas y bien diseñadas políticas públicas con financiamiento suficiente, sin las cuales es imposible atender las múltiples y específicas necesidades de su población, independientemente del lugar de la frontera en donde se encuentren.
 
Esto además debiera ser de especial atención si recordamos que la población en situación de migración (la que se va y la que se queda) provee la segunda fuente de ingresos económicos a nuestro país.
 
Empero, la evidencia muestra contradicciones. Por ejemplo, en el campo de la salud podemos verificar reducciones importantes al financiamiento público, también podemos hablar de que la reforma al sector en la última década sólo enfatiza la responsabilidad personal contra la responsabilidad estatal, lo que conduce a reducir los alcances al derecho a la salud a un paquete predefinido de servicios que tienen una alta razón costo-eficiencia.
 
Este escenario no es privativo de la salud, la tendencia ideológica neoliberal de recortes al gasto público puede generalizarse a toda la política social de México, que implica el supuesto de la atención a las personas migrantes.
 
Paradójicamente, la población con mayores aportes económicos reconocidos enfrenta mayores riesgos a sufrir violaciones a sus DH.
 
La movilidad se conforma así como un riesgo potencial a sufrir vejaciones, secuestros, asesinatos, violaciones, extorsiones a cargo del crimen organizado o de autoridades corruptas, que quedarán en la absoluta impunidad.
 
Esta realidad no sólo es cierta para poblaciones centroamericanas en tránsito, sino también para las y los mexicanos.
 
Un segundo punto de partida es cómo se explica y formulan las alternativas de respuesta a lo que se denomina el fenómeno de la migración.
 
Para gobiernos anteriores, el asunto de la migración es un asunto de gestión y administración de las poblaciones migrantes, y en el peor de los casos es un tema de seguridad nacional.
 
Por ello es tiempo de reafirmar que las causas que provocan que 11 millones de mexicanos vivan en EU, y un número no determinado haya cambiado su domicilio original son la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades y la violencia.
 
La acción del gobierno ha sido insuficiente para parar las más graves de las violaciones a los derechos de las y los migrantes, ha sido incapaz de mejorar las condiciones que impulsan año con año a más personas a sumarse a los flujos migratorios por necesidad.
 
Incluso en muchas situaciones, la acción gubernamental es la causa directa de que se incremente la inseguridad y con ello aumente la necesidad de buscar un lugar donde vivir en paz.
 
La mejor forma de explicar por qué aún en condiciones de inseguridad las personas siguen abandonando sus comunidades, es desde el concepto de vulnerabilidad estructural, entendida como el sistema de relaciones sociales de subordinación de orden económico, político y socioculturales que limitan la capacidad de prevenir y responder a los riesgos a la salud, la seguridad y la integridad.
 
La vulnerabilidad limita la capacidad de decidir, de acceder a recursos (de información y económicos), y oportunidades. Coloca a las personas en riesgo inminente de sufrir daños a la salud, a la integridad y a la vida.
 
¿QUÉ SE HACE?
 
Ante el cambio de gobierno, organizaciones ciudadanas con trabajo en migración unieron esfuerzos para tratar de incidir en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018.
 
Un grupo integrado por el Instituto de las Mujeres en la Migración, Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, Fundar, Sin fronteras, y Salud Integral para la Mujer, entre otras organizaciones, apostó a constituir una articulación para la incidencia en la política pública, y fortalecer el marco de protección gubernamental de los DH de las personas migrantes.
 
Empleando una metodología participativa, convocaron a llenar un cuestionario con ocho preguntas básicas de identificación sobre sus temas de acción, sus prioridades y las instancias de gobierno y políticas públicas con las que estaban en permanente contacto.
 
De los resultados derivó la Agenda Estratégica Transnacional (AET), la cual es un documento inédito, no sólo porque representa un proceso analítico colectivo, sino porque además ha permitido articulaciones entre organizaciones que trabajan sectores, ubicaciones, problemáticas, poblaciones y demandas distintas.
 
En la AET se priorizan temas como sistema nacional de responsabilidad y rendición de cuentas, enfoques paradigmáticos, reorganización de la arquitectura institucional-reglamentaria para la atención de los migrantes, coordinación y garantía de derechos.
 
El Colectivo PND Migración también realiza otras estrategias como trabajo comunitario para difundir qué es el PND y el Programa Nacional de Migración, y por qué las personas en contexto de migración deben interesarse y participar en su diseño.
 
Además se articula con otros movimientos sociales que defienden los DH de poblaciones vulnerables por razón de clase, etnia, género o edad.
 
El Colectivo también apoya y promueve la interlocución directa entre personas migrantes en México y EU, el fortalecimiento de sus organizaciones y la búsqueda de espacios de representación.
 
ESCENARIOS FUTUROS
 
México tiene la oportunidad de contar por primera vez con un programa sectorial que articule e incremente la coordinación gubernamental de acciones dirigidas a la población migrante, ubicadas en algo más de 31 diferentes dependencias federales.
 
También tiene la oportunidad de diseñar acciones que incorporen las mejores prácticas y protejan los DH. En resumen, estamos ante la posibilidad de construir una política de Estado que restituya de la injusticia, de la invisibilidad y de la marginalidad a este grupo poblacional tan importante.
 
Por ello, el Colectivo PND Migración convocó el pasado 24 de abril al conversatorio “Hacia el Programa Nacional de Migración: Presupuesto para una política migratoria de Estado”, a fin de discutir la propuesta ciudadana de un Anexo Presupuestario Transversal para el tema migratorio, identificar áreas críticas presupuestales pendientes, e identificar vías de trabajo intersectorial en su construcción.
 
El conversatorio en materia presupuestal es uno de los cuatro foros que el Colectivo PND Migración realizará este año y que se avocarán en temas como estructura legal-reglamentaria, coordinación intersecretarial e intersectorial, y transversalización de los enfoques: seguridad y desarrollo humano, género y justiciabilidad de los derechos.
 
En este camino pareciera ser que las demandas de las mujeres se han desdibujado, pero sólo se han formulado en generalizaciones orientadoras de la política pública.
 
En el Colectivo PND Migración sostenemos una agenda de género y nos aprestamos a dar propuestas para atender las necesidades de las mujeres en contextos de migración, y buscamos visibilizar en el espacio de lo público las desventajas que enfrentan las mujeres aún dentro de las propias organizaciones sociales.
 
Hemos denominado a este núcleo de organizaciones interesadas como la Articulación Género-Migración y en breve esperamos presentarles una ruta de acción específica.
 
Ése es nuestro compromiso con los millones de mujeres mexicanas y de otras nacionalidades que esperan a que sus derechos sean respetados por el Estado y la sociedad.
 
Para conocer a integrantes, documentos de interés y actividades del Colectivo PND Migración visita http://www.imumi.org/pnd/.
 
*Axela Romero Cárdenas es abogada y maestra en políticas públicas, feminista y especialista en equidad de género y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
 
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