NACIONAL
Migración
   Al recluirlas se les violan derechos, advierten activistas
Denuncian maltratos del INM a niñas y migrantes embarazadas
Por: Adriana Franco Rosales
Cimacnoticias | México, DF.- 28/05/2013 Las niñas, adolescentes y migrantes embarazadas que transiten por el territorio mexicano no deben ser detenidas en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, sino canalizadas a albergues donde se les garantice el acceso a la educación, la salud y la asesoría jurídica.
 
En ello coincidieron grupos civiles y representantes del gobierno federal y el Poder Legislativo, durante la presentación del informe “Dignidad sin excepción: alternativas a la detención migratoria en México”, realizado por la Coalición Internacional contra la Detención (IDC, por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo hoy en Casa Lamm.
 
El estudio, que se elaboró en colaboración con la organización Sin Fronteras, que brinda asesoría a la comunidad migrante en México, presenta alternativas a la detención de migrantes, para que su privación de la libertad sea excepcional y no generalizada, dado que las circunstancias de detención y “alojamiento” son violatorias de los Derechos Humanos.
 
La IDC, integrada por más de 250 organizaciones no gubernamentales, académicas y religiosas que trabajan en más de 50 países, comenzó esta investigación en 2011 mediante el análisis de la práctica y la normativa migratoria en México, para diseñar un “Modelo de alternativas a la detención migratoria”, que analice caso por caso las necesidades de cada migrante. 
 
Elba Coria Márquez, investigadora de IDC y autora del estudio, expresó que ser migrante no es una causal justa para la privación de la libertad, aunque el gobierno asegure que los fines de la detención son legítimos, dado que no en todos los casos es necesaria, como es el caso de las personas que buscan regularizar su estancia en el país mediante solicitudes de asilo, refugio o protección.
 
La abogada puntualizó que el INM debe considerar alternativas a la detención como la canalización directa a albergues de niñas y adolescentes no acompañadas, víctimas del delito, como la trata y el secuestro, así como de otras personas en situaciones especiales, como las mujeres embarazadas o que padezcan una enfermedad que requiera atención especializada.
 
Sin Fronteras, en los monitoreos que ha realizado de las estaciones migratorias del INM, ha alertado que en estos centros de detención no se cuentan con recursos materiales y humanos para brindar servicios médicos de forma oportuna y eficaz, además de que ha alertado sobre el daño a la salud mental que provoca en las niñas y adolescentes la privación de la libertad, además del riesgo de que sean agredidas física, verbal y sexualmente.
 
En ese sentido, señaló Coria, es necesario que el INM permita que grupos civiles que trabajan en la defensa de migrantes, puedan colaborar en la evaluación de la gestión de casos, para asegurar que tengan acceso a los servicios de salud, educación y asesoría jurídica, y de esa forma les permitan gozar de los derechos que hasta ahora les han negado.
 
Amalia García Medina, presidenta de la comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, expresó que ser migrante no significa la pérdida de derechos, mucho menos de la libertad, por lo que garantizó que desde el Legislativo revisarán la Ley de Migración para proponer una reforma que evite que la población migrante sea criminalizada.
 
García Medina expuso la posibilidad de que el gobierno otorgue visas de trabajo temporales, e incluso sostuvo que sería viable impulsar políticas migratorias para toda la región centroamericana, dado que compartimos las mismas carencias económicas y laborales, aunque admitió que el gobierno de EU ejercería presión a nuestro país para que esto no sucediera.
 
La diputada perredista dijo que esta Legislatura ha impulsado diversas reformas a la Ley de Migración, como la recién aprobada –que ahora se encuentra en el Senado– que establece protocolos para que el INM garantice los derechos de la población migrante en detención, y otra que presentarán en un mes, referente a la obligación de las autoridades de canalizar a niñas y adolescentes que viajen solas a albergues del DIF.
 
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