Más de 30 mil mexicanas migrantes son separadas de sus hijos

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   Cada año son deportadas desde EU y carecen de apoyo oficial
Más de 30 mil mexicanas migrantes son separadas de sus hijos
Aspecto de la presentación del Informe el informe “¿Ahora hacia dónde? Los retos que enfrentan las familias migrantes transnacionales entre EUA y México” | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lizbeth Ortiz Acevedo
Cimacnoticias | México, DF.- 20/11/2013

Al año, 32 mil mexicanas con hijos en Estados Unidos y radicadas en ese país son deportadas por autoridades migratorias, quienes al llegar a México enfrentan la separación de sus familias, la pérdida de la patria potestad de su descendencia, y además quedan a la deriva sin información y sin ejercer sus derechos, según el informe “¿Ahora hacia dónde? Los retos que enfrentan las familias migrantes transnacionales entre EUA y México”.
 
De acuerdo con esta información divulgada por el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), a partir de 2008, año en que Barack Obama fue electo presidente de EU, comenzaron estas deportaciones masivas que han impedido la reunificación de estas familias trasnacionales.
 
El Imumi estimó que en 2012, 160 mil niñas y niños norteamericanos de padres y madres mexicanos fueron afectados por estas deportaciones, al quedar bajo la custodia de las oficinas estatales de protección a la infancia de EU y en muchas ocasiones dados en adopción o también encargados a familiares, amigos o vecinos.
 
Gretchen Kuhner, directora del Imumi, dijo que salvadoreñas, hondureñas y guatemaltecas también enfrentan esta situación, por lo que señaló que la inversión que hace anualmente el país vecino por 18 mil millones de dólares en actividades de control migratorio, podría destinarse a desarrollo regional.
 
Se denunció que las mexicanas que ya no pueden regresar de forma regular a EU buscan información del Sistema de Bienestar Infantil que resguarda a sus hijas e hijos en la nación del norte, pero en ocasiones sólo se les notifica que ya fueron dados en adopción.
 
Imumi informó que en 2011 una mexicana que fue deportada solicitó apoyo a la organización para recuperar a su hijo. Ella fue separada de su bebé de dos meses de edad y luego perdió la patria potestad porque su hijo fue dado en adopción con otro nombre.
 
Imumi lo único que pudo conseguir fue que inscribieran a la mujer en un registro por si su hijo –cuando sea mayor de edad– desea saber sobre su madre biológica.
 
La agrupación advirtió que la separación de las familias migrantes es una situación común, pero de la que poco se habla, y que no se atiende adecuadamente en ambos lados de la frontera.
 
Para colmo, las mujeres que logran la reunificación familiar en México enfrentan la falta de acceso a la educación y salud para sus hijas e hijos de nacionalidad estadounidense.
 
En la presentación del informe, Lourdes –mexicana deportada de EU– denunció que al momento de su detención vivió abusos y humillaciones por parte de las autoridades migratorias, y que en México no ha podido encontrar trabajo y ahora enfrenta una situación de desintegración familiar total.
 
Según el estudio, en una encuesta realizada en 2003 a 203 mujeres inmigrantes en la frontera entre EU y México, se detectó que más de una cuarta parte de ellas tenía hijas o hijos viviendo en el país vecino, y que la reunificación familiar era el factor principal que las motivaba a regresar “al otro lado”.
 
Imumi acusó que con la separación de las familias también se violentan los Derechos Humanos de las y los menores de edad, estipulados en la Convención sobre los Derechos de las y los Niños, especialmente en el artículo 7 que exige que sean en la medida de lo posible cuidados por sus padres, y el artículo 9 que señala que no podrán ser separados de su madre ni de su padre.
 
El instituto recomendó a los gobiernos de ambos países que garanticen a madres y padres una representación legal para que participen en procesos ante tribunales familiares en EU; el desarrollo de programas y protocolos que identifiquen y apoyen a las familias migrantes transnacionales separadas; políticas públicas que protejan los derechos de las personas detenidas o deportadas, y que se les permita decidir sobre la vida de sus hijas e hijos.
 
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