OPINIÓN
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Lydia Cacho
Plan b - El periódico del gobernador
Imagen retomada del sitio agente123.blogspot.com
Por: Lydia Cacho
Cimacnoticias | México, DF.- 04/02/2014 “Pues el gobernador tiene derecho a defenderse de los medios”, dijo su portavoz.
 
Hay una clase de gobernantes cínicos que viven defendiendo a ultranza a personas y comportamientos corruptores y faltos de ética que se están haciendo de medios de comunicación personales, y de redes cibernéticas con mercenarios que asumen cientos de personalidades para atacar a las y los críticos del sistema.
 
Lo mismo intentan destruir la reputación, el prestigio o la vida privada de periodistas que de empresarios y de activistas que se oponen abiertamente a tácticas gubernamentales que desarticulan y debilitan procedimientos democráticos vitales, como unas elecciones limpias y un Congreso local útil para la sociedad más que para los poderosos.
 
Estos políticos son pocos en cantidad, sin embargo tienen acceso al poder público y económico que les facilita la utilización del sistema de justicia como instrumento de escarmiento y venganzas personales.
 
También tienen recursos económicos para imprimir miles de ejemplares de diarios difamatorios que, lejos de ser periodismo de investigación, son un producto de la “guerra sucia” gubernamental que utiliza recursos públicos para espiar ilegalmente a quienes considera sus enemigos; interviene teléfonos y correos electrónicos, manipula la información y fabrica historias ideadas para debilitar las relaciones afectivas, las redes comunitarias y relaciones laborales de su víctima.
 
Además gobernadores y alcaldes han llevado a cabo estrategias para desactivar a varios medios de comunicación en los estados.
 
Esto lo hacen, como es bien sabido, a través de un perverso intercambio de publicidad oficial condicionada a la cobertura de actos de gobierno enmascarada como noticia.
 
Los boletines de prensa emitidos por los gobernantes se convierten en sucedáneo de noticia que acapara primeras planas; a su vez los directores de algunos medios asumen la autocensura para ciertos temas como estrategia que pretende evitar desencuentros con gobernantes con ímpetu mafioso.
 
Cuando el gobierno pide “favores” a ciertos medios para sembrar una historia cuya función no es informar honestamente, sino atacar o desacreditar a algún crítico del sistema, el editor sabe que si él se niega puede ser el próximo en la lista de los quemados; sabe que hay una probabilidad enorme de que el propietario del medio le despida para evitarse la enemistad con el gobierno.
 
Este es un tema vital para la sociedad, porque nos estamos enfrentando a las élites del poder que han asimilado la corrupción y la opacidad como su derecho indiscutible, y que para mantenerse al mando se han dado a la tarea de dominar la ideología masiva.
 
Por un lado controlan lo que se dice y por otro lo que está prohibido discutir. En las provincias donde esto sucede, atrapadas en esta complejidad, miles de personas con capacidad de incidir socialmente y de revelar la verdad y ángulos de la realidad política, eligen diariamente guardar silencio.
 
El agotamiento, el desgaste energético, emocional y de salud que la violencia psicológica estructural les causa, acaba por tener un mayor peso que su compromiso social.
 
Quién puede culpar a empresarios que reciben “amistosos avisos” de mensajeros orgánicos que les advierten que si se quejan del gobierno les meterán presos (cuando el mismo gobierno es quien les impide operar si no pagan cuotas especiales).
 
Quién puede culpar a una reportera silenciada cuyo bebé recién nacido ha sido fotografiado y a quien un colega corrupto le ha mostrado la foto diciendo “te saluda el gobernador”.
 
Los medios de comunicación profesionales tienen una función social vital que no puede ser suplida por redes sociales que, aunque tienen validez como espacios de opinión, no asumen la responsabilidad ética, ni investigan de acuerdo a parámetros profesionales de periodismo que deben seguir reglas de legalidad y atenerse a consecuencias jurídicas y sociales.
 
Cuando estos medios son operados por gobernantes, el sistema legal cumple la función de escudo y la “guerra sucia” para quien se atreva a demandarles puede ser devastadora.
 
Como hemos visto, hay casos en que se fabrica un delito grave para desacreditar y paralizar a empresarios, periodistas y enemigos políticos. El reto será evidenciar, en todo México, a estos medios de venganza política creados por gobernantes cuya meta es propagar la mentira, inducir a la violencia y desarticular el disenso.
 
Incapaces de defenderse de las denuncias reales por la vía legal, porque la evidencia periodística es inobjetable, los gobernantes se hacen justicia por su propio medio; creando así un ambiente persecutorio y un mayor desequilibrio de poder frente a la sociedad.
 
Twitter: @lydiacachosi
 
*Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
 
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