LA VOZ DE LA COALICIÓN
Mortalidad Materna
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Parir en la calle, ¿una nueva forma de atención a la salud?
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lina Rosa Berrio Palomo*
Cimacnoticias | México, DF.- 25/03/2014 Nuevamente una mujer da a luz en la calle frente a los Servicios de Salud de Oaxaca, que no la atendieron por ausencia de personal.
 
El hecho ocurrió el pasado 19 de marzo en la entrada de la clínica de Ejutla de Crespo, en la región de los Valles Centrales del estado.
 
Juana García Jiménez debió parir en la calle pues la clínica estaba cerrada por falta de personal médico. Ella y su esposo pagaron 2 mil 500 pesos por la atención en un servicio particular al que acudió después del parto, un monto importante para las finanzas de una familia de escasos recursos, cuyo proveedor principal es carbonero.
 
Este hecho no sólo habla de las profundas deficiencias en los servicios de salud, o de cómo la población mexicana financia con sus recursos propios el acceso a la salud del que las autoridades  presumen el haber logrado una cobertura universal.
 
El caso de Juana se suma a los más de 15 casos que han trascendido a la prensa desde octubre de 2013 en circunstancias similares en diversas entidades federativas.
 
Esto ocurre a cinco días de haberse firmado un acuerdo por parte del gobierno de Oaxaca, encabezado por Gabino Cué, para garantizar la Atención Integral en los Servicios Obstétricos con Cero Rechazo a Embarazadas.
 
¿Qué es lo que hay detrás de estos eventos cotidianos en los servicios de salud, que ahora parecen evidenciarse con mayor frecuencia en medios de comunicación?
 
De los 17 casos compilados por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) desde octubre de 2013, 11 han tenido lugar en el estado de Oaxaca, y dos se presentaron en Tabasco, seguidos de Guerrero, Chiapas, Puebla y Yucatán.
 
Es decir, 7 de cada 10 casos de mujeres que han debido dar a luz en la calle, automóviles, baños o salas de espera, o de quienes fallecieron en ese periodo por mala atención, ocurrieron en Oaxaca. 
 
En cuatro casos (Guerrero, Yucatán, Oaxaca y Chiapas) las mujeres perdieron la vida por atención médica inadecuada o inoportuna.
 
Uno de los más dramáticos es el de la indígena oaxaqueña fallecida el pasado 18 de febrero tras un año de estar en coma, luego de que los médicos olvidaron una tijera en su matriz al practicarle una cesárea.
 
En tres casos también fallecieron los bebés, dos de ellos gemelos, quienes perdieron la vida junto con su madre, una mujer indígena maya de Peto, Yucatán, y una semana después del hecho sus cuerpos no habían sido entregados a sus familiares.
 
De las mujeres que no perdieron la vida, siete dieron a luz en la calle frente a centros de salud o clínicas públicas que no las recibieron o las rechazaron, y cinco de ellas fueron recibidas pero sus bebés nacieron en el baño o en la sala de espera por un inadecuado seguimiento de su trabajo de parto.
 
En seis casos las mujeres fueron abiertamente rechazadas por el personal de salud, argumentando que aún les faltaba tiempo o no podían recibirlas; en cuatro casos simplemente no las atendieron porque el centro de salud estaba fuera del horario laboral, es decir después de las 3 de la tarde o en fin de semana o sin personal.
 
En siete casos, incluyendo los cuatro fallecimientos por causas obstétricas, las mujeres fueron recibidas pero no hubo capacidad resolutiva, hubo demora en la atención o incluso mala práctica y negligencia médica como en el caso de la mujer a quien le dejaron una tijera dentro de su matriz, o de la indígena chiapaneca fallecida en el Hospital de las Culturas de modo inexplicable durante una cesárea.
 
Estos casos se suman a las 960 mujeres fallecidas en 2012 por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, a las muertes de 2013 que aún se encuentran en proceso de validación y a los 207 decesos documentados hasta la fecha por el Observatorio de Mortalidad Materna en México.
 
Ello sin considerar los casos de morbilidad, es decir, mujeres que no fallecen pero quedan con secuelas graves para su salud derivadas de una inadecuada atención durante el parto, los cuales pueden triplicar el número de fallecidas.
 
Los casos muestran algunas de las formas en las que opera la violencia obstétrica y/o institucional. Una es el rechazo de las mujeres durante su trabajo de parto, los maltratos, humillaciones y vejaciones a las cuales son sometidas, o los excesivos procesos de medicalización como el uso innecesario de cesáreas, que en México alcanza casi la mitad de los partos y en algunos estados como Yucatán incluso la supera.
 
Esta cifra se incrementa aún más en instituciones privadas donde alcanza hasta un 70 por ciento. Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el número de cesáreas no debería exceder el 20 por ciento, pero México se convierte en el segundo país del mundo con mayor uso de este procedimiento alcanzando niveles alarmantes.
 
Los casos documentados por la prensa son sólo una muestra de la magnitud del problema. Pese a la gravedad de los casos y el reclamo permanente de la sociedad, hasta el momento sólo se ha anunciado por la secretaria de Salud federal, Mercedes Juan, la política de cero rechazo en los hospitales.
 
El secretario de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, sigue en su cargo y sólo se ha separado de sus puestos a los directores y personal médico a cargo en dos de los casos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al respecto, pero no sabemos hasta dónde ha sido cumplida.
 
Los casos ocurridos muestran violaciones a los Derechos Humanos (DH) de las mujeres y sus recién nacidos, particularmente el derecho a la vida, a la salud, a una atención de calidad, a un trato digno y respetuoso, entre otros. A la luz de esto, vale la pena reflexionar:
 
–¿Cómo hablar del derecho a la protección de la salud cuando estos casos ocurren permanentemente y muestran las profundas brechas de desigualdad, las violaciones al derecho a la salud, la ausencia de una real cobertura y una adecuada calidad de la atención? ¿O de un sistema de protección en salud que muestra su incapacidad de garantizar el derecho constitucional a la salud, o a gozar de los más altos niveles de salud física, mental y emocional como lo señala la OMS?
 
–¿Será que la salud se trata de “número de afiliados” a un Sistema de Protección Social –el Seguro Popular (SP)– que se ha erigido como un mecanismo financiero que concentra más de la mitad de los recursos en salud, pero es poco transparente en su implementación? ¿Cómo se explica que más de la mitad de las fallecidas por causas obstétricas en 2012 tuvieran SP y sin embargo su vida no fuera salvada? ¿En qué se diferencian ellas del 14.7 por ciento de las fallecidas que no contaban con algún tipo de seguridad social?
 
–¿Cómo hablar de integración del sistema de salud sin resolver las plantillas insuficientes de personal, ausencia de equipos e insumos, mala formación o incapacidad técnica para atender eventos obstétricos? ¿Qué hacer frente al abandono y desmantelamiento del primer nivel de atención, cuyos impactos en la salud y la vida de las mujeres se observan en estos casos?
 
–¿Cómo dar respuesta a este multirechazo hospitalario y a la violencia institucional que enfrentan las mujeres cuando acuden a los servicios de salud? ¿Cuáles son las medidas y las sanciones administrativas y jurídicas que está tomando la Secretaría de Salud como instancia rectora para dar respuesta a estos casos? ¿Cómo garantizar el principio de no repetición si las acciones se limitan a destituir funcionarios de bajo rango, o a crear comisiones investigadoras sin medidas de transformación del sistema?
 
Son algunas de las preguntas que nos hacemos desde la sociedad civil para alcanzar una verdadera calidad de la atención y reducir la muerte materna más allá de 2015. No se trata de exponer que no se logró la meta, se trata de plantear qué se está haciendo para transformar la realidad de las mujeres en la atención a la salud materna.
 
Mientras la integración de los DH no se haga realidad en la implementación de la políticas públicas, las mujeres seguirán siendo discriminadas y rechazadas.
 
Hacemos un llamado para que los tomadores de decisión integren en sus programas de acción el documento emanado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas “Orientaciones técnicas sobre la aplicación de un enfoque basado en los Derechos Humanos a la ejecución de las políticas y los programas destinados a reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad”.
 
*Integrante de Kinal Antzetik Distrito Federal y del Consejo Directivo del Comité Promotor por una Maternidad Segura.
 
**Kinal Antzetik y el Comité Promotor por una Maternidad Segura son parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
 
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