NACIONAL
Migración
   Migrantes reclutadas, víctimas potenciales de violaciones a DH
Empresas reclutadoras de migrantes sin supervisión del gobierno
Foto: Cortesía Cencos
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 01/04/2014 La falta de regulación de las agencias reclutadoras y de contratación de migrantes para empleos temporales en Estados Unidos (EU) por parte del gobierno mexicano, propicia la violación a los derechos humanos y laborales de las trabajadoras mexicanas migrantes.
 
En conferencia de prensa, integrantes de la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Temporales Sinaloenses y del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC), denunciaron la serie de violaciones a Derechos Humanos y agresiones que cometen estas agencias ante la inacción del gobierno mexicano que no las regula ni supervisa.
 
Explicaron que el gobierno de EU permite que personas extranjeras se establezcan de manera temporal en su territorio, mediante los programas de visas de trabajo H-2A (para emplearse en el sector agrícola, siembra y cosecha de plantíos) y H-2B (para emplearse en la construcción, trabajo del hogar y servicio de limpieza).
 
Sin embargo la forma en que son reclutadas para otorgarles este tipo de visas representa un problema para las trabajadoras temporales quienes de manera recurrente se convierten en víctimas de fraude, extorsión, amenazas, discriminación, trata de personas, acoso y hostigamiento sexual por parte de algunas de estas agencias, sobre todo si no son legales. 
 
A ello se suma que en el caso de que las contraten (empresas legales o no), los empleadores no les garantizan sus derechos laborales, no les ofrecen las garantías mínimas de vivienda adecuada y salubre, les pagan salarios mínimos y las obligan a jornadas extensas; lo que se da ante la omisión del gobierno mexicano, toda vez que no hay un seguimiento a estas visas y a quienes migran de esta manera.
 
En esta situación se encuentra Olivia Guzmán, originaria del municipio sinaloense de Topolobampo, quien por 17 años -debido a la carencia de fuentes de empleo y recursos económicos que le permitan sostener a su familia– se ha visto obligada a emplearse temporalmente en este esquema.
 
En entrevista, la ahora activista y fundadora de la Coalición, relató que ella, al igual que la mayoría de las mujeres que se trasladan a EU, se emplea en la industria marisquera y en fábricas de chocolate que ofertan trabajo a migrantes.
 
Cada año permanecía entre seis y ocho meses viviendo en Estados Unidos, en tráileres “acondicionados” como viviendas para las migrantes, los cuales son destinados por las empresas estadounidenses.
 
 “Cuando estoy allá comparto la vivienda con hasta 17 mujeres, tenemos dos baños y apenas una cocineta para todas, a ese lugar llegamos después de una jornada de hasta 20 horas”, relató.
 
Olivia se ha dedicado al destajo de mariscos en la ciudad estadounidense de Luisiana y al empaquetamiento de chocolates en la ciudad de California; en algunos sitios su sueldo ha sido por hora y en otros por destajo. Sin embargo nunca conoció el monto total de su sueldo debido a que los empleadores lo entregan directamente al reclutador y éste se queda con una parte.
 
El hartazgo de los delitos que cometen en su contra las empresas reclutadoras así como de los abusos a los que son sometidas por las empresas estadounidenses, llevó a Olivia, junto con otras 50 personas, a fundar en octubre de 2013, la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Temporales Sinaloenses.
 
De acuerdo con la abogada y directora de ProDESC, Alejandra Ancheita, casos como el de Olivia, suceden debido a que estas contrataciones no son resultado de un programa bilateral de trabajo entre ambos gobiernos y sólo responden a una visa unilateral.
 
Ello, sostuvo, limita interponer denuncias o buscar que se sancione a las empresas extranjeras, así como exigir que respeten los derechos laborales de sus trabajadoras, como son la generación de antigüedad o reparto de utilidades.
 
A lo que se suma que no todas las agencias reclutadoras están registradas en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues la obligatoriedad de hacerlo no está establecida claramente en la Ley Federal del Trabajo.
 
Ancheita agregó que se han dado casos de acoso sexual por parte de los reclutadores hacia las trabajadoras migrantes o les piden favores sexuales a cambio de realizar el trámite de la visa, lo que no es denunciado debido al temor de las víctimas de perder la oportunidad de ser nuevamente reclutadas y de perder su fuente de empleo.
 
La inacción del gobierno de México para proteger a las trabajadoras migrantes es tal que incluso desconoce cuántas personas han viajado a EU bajo este esquema, informó la abogada.
 
De acuerdo con cifras de la Oficina estadounidense de certificación de mano de obra extranjera, durante 2013 se otorgaron 63 mil 471 visas H-2B y 80 mil 297 visas H-2A, 70 por ciento del total de ellas correspondieron a mexicanos, aunque no existen cifras desagregadas por género.
 
14/AZM/LGL 







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