NACIONAL
Migración
   Embarazadas no reciben atención y padecen mala alimentación
Mujeres y adolescentes, más vulnerables en estaciones de INM
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 10/05/2014 Las estaciones migratorias  del Instituto Nacional de Migración (INM), creadas para “albergar” a personas que llegan al país sin documentos de estancia legal, son centros de reclusión donde se violan los Derechos Humanos (DH) de mujeres, niñas, niños y adolescentes, criticaron activistas.
 
Durante el “Foro Migraciones”, que inició ayer en el Museo Memoria y Tolerancia en esta capital, Gabriela Morales, capacitadora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, y Karla Meza, capacitadora de la organización civil Sin Fronteras, dijeron que las estaciones migratorias en realidad son “cárceles”, donde las personas sin documentos, sin haber cometido algún delito, son despojadas de su libertad, se les criminaliza y se anulan sus derechos civiles y humanos.
 
Las especialistas explicaron que las personas migrantes que no puedan comprobar su estancia regular en México sólo deben permanecer en las estaciones hasta 15 días hábiles, pero en los hechos –advirtieron– esta condición no se respeta, ya que hay quienes llevan hasta más de un año recluidos, sin posibilidad de salir y en condiciones deplorables.
 
Precisaron que en esa situación se encuentran recluidos mujeres, hombres y menores de edad por igual. No existen cuidados diferenciados, además de que si alguna de estas personas tiene un padecimiento no recibe atención médica especializada, acusaron.
 
Gabriela Morales y Karla Meza señalaron que las personas migrantes recluidas carecen de atención sanitaria, alimentación adecuada, condiciones de higiene y confortabilidad, y espacios para las visitas externas.
 
Indicaron que las y los niños, al no estar acostumbrados al tipo de alimentación, son quienes enferman con mayor frecuencia, y que las mujeres embarazadas no reciben una mejor atención que el resto de la población migrante recluida.
 
Las activistas lamentaron que esta política migratoria de persecución, detención y reclusión concentre más estrategias y recursos que las acciones de protección integral y defensa de los  DH.
 
Precisaron que 82 por ciento del presupuesto del INM (2 millones 360 mil pesos) está destinado a operativos de detención y para mantener las estaciones migratorias, mientras que sólo el 6 por ciento de los recursos (175 mil pesos) es para campañas de sensibilización por el respeto de los DH de las personas migrantes.
 
En el país existen 35 estaciones migratorias distribuidas en 24 entidades federativas; la mayoría se ubica en Tabasco y Chiapas. La Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, es la más grande del país con un promedio de 700 a 900 personas detenidas, lo que, indicaron las defensoras, siempre rebasa su capacidad que no es mayor a 500 personas.
 
Según datos del INM, en 2010 hubo 70 mil 102 personas detenidas en las estaciones migratorias, de las cuales 14.7 por ciento (10 mil 304) eran mujeres.
 
Morales y Meza criticaron que incluso en las estaciones se tiene menos control y conocimiento sobre la situación de las personas recluidas en comparación con las cárceles comunes, ya que a las personas migrantes no se les informa sobre su proceso migratorio, el tiempo exacto de su estancia, ni las condiciones en las que estarán.
 
Además, las personas recluidas ignoran sus derechos porque hay una deficiente difusión sobre ellos y el INM no traduce documentos en su idioma, no proporciona traductores, ni presta asesoría especializada.
 
A lo anterior se suma que a las y los defensores de DH se les impide el acceso a estos centros de detención, ya que sólo pueden estar en un cubículo para entrevistas y por tanto no hay un monitoreo eficiente del funcionamiento de las estaciones.
 
Las expertas recordaron que en su reciente visita a México, el relator especial de la ONU sobre Tortura, Juan E. Méndez, señaló que el hacinamiento y las formas de castigo en las estaciones migratorias son una forma de tortura que pone en riesgo la vida de miles de personas.
 
Concluyeron que el mensaje que manda el gobierno a la sociedad es que las personas migrantes son delincuentes que deben ser aisladas y rechazadas, porque son una amenaza para el país, cuando en realidad pudieron haber sido desplazadas de su país por la pobreza, falta de oportunidades o la violencia.
 
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