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NACIONAL
Migración
   Política desarticulada con visión de seguridad nacional: GTPM
Programa Frontera Sur responde a EU, no a las migrantes
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 11/07/2014 El Programa Frontera Sur, lanzado por Enrique Peña Nieto como respuesta al incremento de niñas y niños que llegan a México sin documentación legal y a veces sin compañía, es una política migratoria desarticulada que antepone la seguridad nacional por encima de los Derechos Humanos (DH), dijo el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), conformado por organizaciones civiles.
 
El GTPM, integrado por el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Sin Fronteras y otros grupos, emitió hoy un comunicado para denunciar que el Programa Frontera Sur, lanzado el pasado 8 de julio, ignora las problemáticas estructurales que enfrenta la población migrante en sus DH y acceso a la justicia, y no está articulado con los instrumentos gubernamentales creados en la materia.
 
Las organizaciones civiles argumentaron que lo que fue llamado “una muestra de buena voluntad política” frente al tema migratorio, se concentra sólo en la administración y control de flujos migratorios en la frontera sur desde un enfoque de seguridad nacional, pero ignora los problemas estructurales que motivan la migración y los riesgos a los que las personas migrantes se enfrentan en su tránsito por México.
 
Además, tampoco muestra acciones que corrijan las deficiencias y vicios del actual modelo migratorio y de la autoridad a cargo, ni hace frente a los obstáculos de integración laboral y social para quienes deciden quedarse en México y quienes son deportados de Estados Unidos.
 
Criticaron que la naturaleza de las estrategias que plantea el Programa se fundamente en la seguridad nacional y no en la seguridad humana, y que se base en el Programa para la Seguridad Nacional cuando el discurso oficial es la “protección de los Derechos Humanos”.
 
También acusaron que la condición de “estancia de visitante regional”, enmarcada como una de las mayores aportaciones del Programa, existe desde 1997 en los mismos términos de gratuidad y permiso de tres días para que población guatemalteca y beliceña pueda estar sólo en los estados de Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Chiapas.
 
Y agregaron que esa visa no sólo no es nueva sino que tampoco otorga un permiso especial para trabajar, por lo que no tiene un impacto positivo en la población migrante de tránsito ni de destino y sólo genera falsas expectativas.
 
Asimismo, cuestionaron la conformación de dos comisiones especiales: la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur y los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF).
 
Esto toda vez que buscan cumplir con la función de instancias de migración que ya operan dentro de la Secretaría de Gobernación y con base en la reforma estructural del Instituto Nacional de Migración, lo que sólo demuestra la ineficacia del aparato gubernamental para atender las demandas de la población migrante.
 
Y acusaron la omisión sobre cómo se garantizará el derecho al debido proceso y el acceso a la justicia de la población migrante, y sobre la generación de alternativas de detención especialmente de niñas, niños y adolescentes migrantes.
 
En ese tenor, tampoco se detallaron acciones para fortalecer a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia para atender a la niñez no acompañada y brindarle condiciones para el goce de derechos como educación, salud y trabajo en condiciones justas y equitativas.
 
Por ello afirmaron que el Programa Frontera Sur es una respuesta ante la presión de EU para cerrar la frontera sur y se institucionaliza la visión de la seguridad nacional, bajo la cual se justifica el despliegue de efectivos militares, pese a que la actual política migratoria es una de las principales causas de las agresiones y violaciones a DH contra personas migrantes en México.
 
El GTPM insistió en la urgencia de desarrollar reformas estructurales a los marcos normativos y de política migratoria que orienten acciones hacia la libertad, igualdad y respeto de los DH de las personas migrantes.
 
Además de que se restaure el INM y las facultades y competencias de cada autoridad respecto a las personas migrantes en el país.
 
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