NACIONAL
La Otra Ruta Migratoria
   A centroamericanas se les complica más cumplir requisitos
Normas obstruyen trámites de estancia legal para las migrantes
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova presentó el informe “Impacto de la nueva Ley de Migración y su Reglamento en la población migrante establecida en el Soconusco” | CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 06/08/2014 La Ley de Migración y su Reglamento impiden a las migrantes centroamericanas asentadas en la frontera sur de México obtener documentos que acrediten su estancia legal, al establecer requisitos difíciles de cumplir y altos costos en los trámites.
 
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y el Instituto de las Mujeres en la Migración (Imumi), que  ayer presentaron en esta capital el informe “Impacto de la nueva Ley de Migración y su Reglamento en la población migrante establecida en el Soconusco”, la normatividad impone obstáculos para los trámites de residencia legal en México.
 
Las agrupaciones denunciaron que la Ley de Migración, reformada en 2011 para incorporar un enfoque de Derechos Humanos a las políticas migratorias, genera obstáculos y ejemplo de ello es que para 2013, según datos de la Secretaría de Gobernación, en Chiapas sólo se entregaron 162 tarjetas de residencia temporal para migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador.
 
De acuerdo con el informe, las instancias de gobierno imponen más trabas en los trámites migratorios y por ello cada vez más personas migrantes acuden al Centro Fray Matías en busca de asistencia legal. Del total de solicitudes, 65 por ciento son de mujeres.
 
A decir de la organización, la población migrante asentada en la región del Soconusco en Chiapas (fronteriza con Guatemala) resiente el impacto negativo de la Ley de Migración y de otras políticas migratorias dirigidas a incrementar el control fronterizo a través de la persecución, la detención y la deportación.
 
Según el reporte, los trámites de estancia legal son casi imposibles para la mayoría de las personas migrantes que incluso llevan viviendo 15 años o más en el Soconusco.
 
Lo anterior debido a que el costo actual del trámite y su respectiva documentación es de 5 mil pesos por persona, lo que equivale al ingreso mensual promedio de una familia migrante en la región.
 
Además, los documentos que se exigen son casi imposibles de conseguir para las mujeres –quienes se emplean principalmente por cuenta propia o en el sector informal–, ya que deben presentar documentos fiscales de su empleador.
 
Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Migración, no tener hijas o hijos o una pareja de nacionalidad mexicana impide que las centroamericanas obtengan la regulación (aunque estén huyendo de su país de origen debido a la violencia).
 
La mayoría de las personas que buscan este trámite viven en zonas alejadas de la fronteriza ciudad de Tapachula; sin embargo, para cubrir con los procedimientos tienen que trasladarse todos los días a esta urbe. Y una vez que llegan a las instancias gubernamentales se les obliga esperar hasta más de tres horas.
 
Del mismo modo, cuando son solicitantes de refugio se les pide mostrar pruebas de que están en riesgo o demostrar que ya fueron víctimas o testigos de un delito grave; pero por la forma en la que salen de sus países no cuentan con esta documentación.
 
Aunque cubran la mayoría de requisitos, por decisiones arbitrarias de funcionarios también se les niega la regularización.
 
De acuerdo con el Fray Matías de Córdova, de junio de 2013 al mismo mes de este año acudieron 482 personas en busca de orientación, y al menos 67.84 por ciento fue canalizado al área de gestión migratoria al iniciar un trámite de regulación en el país.
 
El rango de edad de las solicitantes va de 25 a 45 años, y la gran mayoría proviene de Centroamérica, principalmente de Guatemala.
 
No obstante, la falta de un documento de estancia legal afecta directamente el derecho a la identidad que la Constitución mexicana garantiza a todas las personas en nuestro territorio sin importar su nacionalidad.
 
Sin esos papeles, las migrantes quedan vulnerables a la discriminación y negación de servicios de salud, educación, justicia, trabajo y otros.
 
Según el estudio, las autoridades son quienes más rechazan a las migrantes que no cuentan con documentos y la situación es peor para ellas, ya que al no contar con estos requisitos también tienen más dificultades para denunciar violencia de género por miedo a ser deportadas, separadas de sus familias o maltratadas por las autoridades.
 
Además, la Ley de Migración, aprobada en 2011 en medio de críticas de organizaciones civiles defensoras de la población migrante, tiene severas carencias y es incongruente con los marcos internacionales, señalaron activistas.
 
Sus lagunas están centradas en el acceso a la justicia y el debido proceso; condiciones alternativas a la detención de migrantes; fortalecimiento institucional en materia migratoria; niñez migrante; participación ciudadana; procedimientos administrativos migratorios, y regularización migratoria.
 
Por todo esto, las organizaciones demandaron disminuir los altos costos del documento migratorio, y realizar campañas de difusión sobre los recursos legales que podrían facilitar sus procesos.
 
También llamaron a disminuir los documentos exigidos para la residencia temporal o para su renovación; dar acceso a las personas sin hijas e hijos o sin pareja en el país, y promover la regulación de personas en condiciones de alta vulnerabilidad.
 
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