Evitar detenciones para no vulnerar derechos de las migrantes

NACIONAL
Migración
   Faltan medidas alternativas de control sobre su estancia legal
Evitar detenciones para no vulnerar derechos de las migrantes
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 19/09/2014

Para evitar que mujeres embarazadas, víctimas de trata de personas o secuestro y menores de edad migrantes sean detenidas en las Estaciones Migratorias, el Estado mexicano podría implementar alternativas que les permitan permanecer en libertad mientras se revisa su situación legal, señaló la especialista Vanessa Martínez.
 
Durante el Foro Migraciones, que se lleva a cabo en esta capital, Martínez, integrante de la Coalición Internacional contra la Detención en las Américas, explicó que según el derecho internacional ninguna persona debe permanecer en detención a menos que el Estado lo justifique debidamente, y compruebe que exploró todas las alternativas antes de llevar a cabo la detención.
 
Especialmente, dijo, los grupos vulnerables conformados por mujeres embarazadas, víctimas de delitos o niñas, niños y adolescentes, son quienes menos deben estar privados de su libertad, ya que está comprobado que la detención trae consecuencias a la salud, y de acuerdo con un estudio de Médicos para los Derechos Humanos, el 86 por ciento de las personas migrantes en detención padecieron depresión, 50 por ciento trastornos de estrés, 77 por ciento de ansiedad, y 25 por ciento tuvieron pensamientos suicidas.
 
Sin embargo, la experta criticó que en México la detención es frecuente y está en ascenso, pues tan sólo de enero a mayo de 2014 hubo 43 mil 873 arrestos. Además, existen 32 Estaciones Migratorias –centros de detención para migrantes– dentro de los cuales están detenidas 14 mil 73 mujeres y 9 mil 893 menores de edad, de acuerdo con un estudio de la organización Sin Fronteras.
 
Esto sucede, acotó la experta, porque México busca limitar, prevenir y sancionar la migración irregular, pero no es un motivo legítimo para aceptar la detención, advirtió.
 
La alternativa a la detención, según Vanessa Martínez, sería una reforma que permita a las y los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes residir en el país con libertad de movimiento mientras se resuelve su situación legal.
 
Otras medidas alternas serían la retención de pasaportes, presentación periódica ante las autoridades migratorias o, en última instancia, el uso de aparatos de monitoreo. Además, observó la activista, es necesario implementar modelos comunitarios que permitan la integración de la población migrante a la sociedad.
 
Agregó que la implementación de esas alternativas en otros países resultó menos costoso, ya que en Estados Unidos, por ejemplo, el costo de mantener centros de detención es equivalente a 30 dólares diarios por persona (400 pesos mexicanos), mientras que implementar una medida alternativa implica un gasto de sólo 8 dólares por persona a la semana (poco más de 100 pesos mexicanos).
 
Aunque Martínez detalló que no es posible saber si esos beneficios serían iguales para México porque no se han desarrollado las investigaciones pertinentes, las experiencias en otras naciones indican que representaría mayores ventajas y se garantizaría la seguridad de las personas en nuestro territorio.
 
Asimismo, la experta criticó que la falta de ejecución de estas medidas se debe a presiones políticas de EU, a que las políticas migratorias están basadas en la seguridad nacional y no en los Derechos Humanos (DH), y a que la Ley de Migración no las fomenta.
 
Además, las normas en México no reconocen las detenciones, sino que usan eufemismos como “aseguramiento” o “resguardo”, y justifican el arresto bajo el argumento de la seguridad nacional, lo que obstaculiza la implementación de alternativas.
 
La especialista añadió que aunque nuestro país tiene “buenas prácticas”, como la de canalizar a las y los niños migrantes no acompañados al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la realidad es que no se llevan a cabo.
 
Alentó a que México trabaje de manera coordinada con las organizaciones civiles para desarrollar programas pilotos, que permitan diseñar alternativas a la detención y que estén de acuerdo con la realidad y el contexto del país.
 
Enfatizó que la detención no debe ser para grupos vulnerables, no debe ser “ilegal, arbitraria e indefinida”, y las condiciones de estancia deben satisfacer las normas y los estándares mínimos de respeto a los DH.
 
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