OPINIÓN
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   OPINIÓN
Libertad a la comunicadora ch’orti’ Norma Sansir
Imagen retomada de comunitariapress.wordpress.com
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala.- 22/09/2014 Las denuncias por hechos en los que se criminaliza la protesta social van en aumento y violentan la libertad de expresión, tal es el caso de la comunicadora Norma Sansir, quien el pasado 18 de septiembre fue detenida de manera arbitraria en el departamento oriental de Chiquimula, Guatemala.
 
La criminalización o judicialización de actividades ciudadanas no puede pasar desapercibida porque tienen como propósito limitar la protesta y descalificar las exigencias de personas organizadas que se oponen a políticas públicas o iniciativas de ley que favorecen intereses empresariales.
 
Algunos ejemplos de estas exigencias y demandas son: el rechazo a la minería y los mega proyectos, atención a la problemática rural, que las campesinas tengan acceso a la tierra y recursos para producir, servicios públicos de calidad para la gente pobre y plena garantía de derechos políticos.     
 
Vale reflexionar qué significa criminalizar a actoras y actores sociales. Una organización humanitaria lo define como “la aplicación arbitraria de la ley o la amenaza de su aplicación”. Ello constituye una grave agresión para las personas que –al ejercer sus derechos constitucionales (de organización, petición, expresión y resistencia)– son calificadas como delincuentes o presuntas infractoras de la ley.
 
En la criminalización están involucrados principalmente agentes estatales que toleran, ordenan o ejecutan estas acciones y quienes conocen las secuelas de las mismas, tanto en las personas afectadas de manera individual como en las organizaciones del movimiento social.
 
Los efectos de la aplicación arbitraria de la ley o la amenaza de utilizarla varía según el contexto, el sexo,  la edad de la persona y su situación familiar. Lo cierto es que tiene secuelas económicas, sociales, psicológicas y físicas.
 
Un estudio realizado por la Unión de Defensoras y Defensores de Guatemala (Udefegua) sintetiza las siguientes consecuencias: miedo de ser procesado y estigmatizado, angustia dentro de la familia, sentimiento de impotencia, pérdida de empleo o ingresos económicos y obligación a asumir gastos imprevistos.
 
En un recuento de casos, Udefegua reporta que aumentaron estas formas de intimidación contra mujeres y hombres activistas. En 2009 se registraron 36 casos, en 2013 subió a 284, mientras que en este año suman 132.
 
Las integrantes de la publicación feminista laCuerda rechazamos cualquier acción que limite el ejercicio periodístico y la comunicación. Ambas actividades están plenamente garantizadas como derecho en la legislación guatemalteca, así como en declaraciones de Naciones Unidas y del sistema interamericano.
 
La detención ilegal de Norma Sansir es el hecho más reciente que violenta la libertad de expresión y la garantía de no ser molestada por difundir información, pero también hay otros como los ocurridos a varios comunicadores comunitarios, al Centro de Medios Independientes, columnistas de medios nacionales y periodistas de elPeriódico.
 
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
 
14/RHA/AGM







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