Ecuador: pese a cambios legales, persiste desigualdad de género

INTERNACIONAL
Participación Política de las Mujeres
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Ecuador: pese a cambios legales, persiste desigualdad de género
Por: Karina Escalona
Cimacnoticias/SEMlac | Quito.- 20/10/2014

Garantizar a las mujeres el derecho a la educación, el trabajo y la seguridad está entre los objetivos principales de numerosas políticas públicas en Ecuador, donde se lleva adelante una estrategia para el empoderamiento femenino desde diversas aristas.
 
De acuerdo con Ana María Larrea, al frente de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en este país sudamericano se observa aún desigualdad en muchos temas, pese al avance que desde hace algunos años se evidencia en indicadores como la lucha por la erradicación de la pobreza.
 
En esta nación andina, como en el resto de América Latina, la feminización de la pobreza ha sido constante, por lo que las estrategias para eliminar esta brecha en el avance de las mujeres parten de una estrategia multidimensional, cuyo primer paso es el reconocimiento de la desigualdad, precisó Larrea.
 
En entrevista exclusiva con SEMlac, la funcionaria se refirió al énfasis en acabar con el ciclo que mantiene marginada a la población femenina y en el que tiene una gran incidencia el acceso a la educación.
 
“El analfabetismo en Ecuador tiene rostro de mujer, de mujer indígena”, dijo por la triple marginación por sexo, ser pobre e indígena.
 
El primer paso en la estrategia es el acceso a la educación en todas las enseñanzas, potenciando el análisis en niveles como el superior, en el cual se mantienen indicadores similares a los del continente, con mayoría de matrícula femenina.
 
Sin embargo, su número es significativamente menor en puestos de dirección, ya sea en el propio sector académico como en el resto de los ámbitos profesionales, puntualizó Larrea.
 
Esas diferencias en el mercado laboral, asociado al hecho de que el subempleo femenino es aún 10 por ciento superior al masculino, provocaron importantes cambios en el código de trabajo recién aprobado en el país, que ofrece más garantías a las mujeres, aunque aún deben ocurrir numerosas transformaciones sociales y culturales para romper el ciclo de feminización de la pobreza.
 
De diversas maneras, desde las entidades gubernamentales se realizan acciones para contrarrestar los efectos de esta situación.
 
De 2007 a la fecha, la brecha salarial se ha reducido en más de 14 por ciento y, aunque la igualdad está planteada en la Constitución, las ecuatorianas en general reciben menos remuneración que los hombres por igual labor.
 
La elevación de los salarios a las trabajadoras del hogar y la obligatoriedad de garantías por parte de sus empleadores son también importantes avances en busca de revertir el ciclo de la pobreza femenina y valorizar el trabajo doméstico que, remunerado o no, recae aún en las mujeres con independencia de la situación socioeconómica.
 
Además de la carga de trabajo adicional que esto implica para el sexo femenino, significa una notable reducción del tiempo dedicado a su desarrollo personal, que a su vez limita el avance y posicionamiento profesional, comentó Ana María Larrea.
 
Razones de índole cultural y social limitan el acceso de las mujeres a diversos ámbitos, por lo que se implementa la Ley de Cuotas para los escenarios profesionales y políticos.
 
Actualmente, la representatividad femenina en la Asamblea Nacional es de 40 por ciento, y se busca la paridad en las direcciones de las universidades.
 
Larrea declaró que, aunque medidas de este tipo resultan cuestionables para el real empoderamiento de las mujeres, sí son necesarias para crear un espacio que de otro modo estaría vedado para ellas.
 
La aplicación de esta iniciativa se extiende también a la enseñanza básica, donde se promueve desde la coeducación el cambio cultural en función de desnaturalizar la desigualdad sexual y de género.
 
Conscientes de que este es un proceso cuyos resultados se verán a largo plazo y que sólo con medidas específicas no se puede resolver un problema tan complejo, se extienden las acciones de sensibilización a todos los niveles, entre los que se incluyen proyectos escolares con enfoque de género, de seguridad ciudadana y capacitación a legisladores.
 
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