OPINIÓN
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
Ordenes de Protección, entre la vida y la muerte
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche.- 07/01/2015 A fines de 2014, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) presentó el informe “Avances y retrocesos en la protección de la vida de las mujeres víctimas de la violencia familiar”, en el que da cuenta de la situación que hay en el país con respecto al otorgamiento de las Órdenes de Protección (OP).
 
Se reveló que sólo 28.5 por ciento de las mexicanas que denunciaron violencia familiar obtuvieron una OP, ya que a la mayoría se le niega o condiciona. En las procuradurías del Estado de México, Tlaxcala y Morelos no se han otorgado.
 
Este dato es suficiente para observar que sí hay una relación directa entre el otorgamiento de las OP, como una medida de prevención de la violencia y de protección a la vida de las mujeres, y que en gran medida puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
 
No sería necesario hablar, reportar, investigar las cifras, ni tendría que ser necesario escribir esta columna, de no ser porque en las pocas entidades en las que se otorgan, como Veracruz, Campeche, DF y Chiapas, hay una evidente resistencia a su otorgamiento y en la mayoría de los casos las mujeres afrontan un sistema policial que duda, que establece como prioridad otro tipo de incidentes antes que la violencia “doméstica” como una situación de emergencia.
 
No es casual que por muchos años en el país fuera más sancionado el robo del ganado que la violación de una mujer. Es parte de ese sistema estructural de violencia contra las mujeres que invisibliza y menosprecia la vida, al punto que siempre se las ingenia para poner trabas e impedir el acceso a la justicia, y eso es evidente en las entidades en las que se condiciona la emisión de una OP a la existencia de una denuncia.
 
Muchas mujeres y hombres que litigan no pueden entender, no aceptan ni creen necesario que si una mujer pide auxilio al 066, o un vecino reporta un hecho de violencia, la policía tenga el derecho a intervenir y romper una puerta, pues el daño sobre los bienes son vistos, pero la violencia contra las mujeres no.
 
Hay una resistencia a otorgar las Órdenes. Los jueces por un lado la dilatan en las entidades en las que tienen esta tarea en sus manos, las y los agentes del Ministerio Público (MP) piden evidencia de la violencia o consideran que si no hay “riesgo inminente” para la vida de las mujeres, y ahí entran sus valoraciones subjetivas con las que las mujeres terminan muertas.
 
Hasta ahora sólo se documentó el caso de un MP que fue responsable de la negativa de OP a una mujer en Guanajuato, pero si el registro de atención estuviera a disposición con transparencia podríamos saber cuántas de las mujeres víctimas de feminicidio acudieron alguna vez a solicitar una OP porque sintieron que su vida estaba en peligro y en respuesta recibieron una negativa, un condicionamiento o se les pidió que ellas mismas llevaran la Orden a su agresor o dieran su ubicación.
 
Ellas haciendo la tarea de vigilancia y de investigación. Ya no queremos seguir contando mujeres asesinadas, ya no queremos más solicitudes de Alertas de Violencia de Género.
 
Queremos, tenemos el derecho a exigir respuestas de prevención que no están haciendo las instituciones responsables de esa tarea conforme a las “leyes” que dejaron en sus manos los presupuestos y las tareas.
 
Basta revisar la Ley de Igualdad, la Ley de Acceso y por supuesto las leyes orgánicas de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), que son a las que se les ha conferido la tarea de “prevenir”, así como de las procuradurías o fiscalías que otorgan las OP, las y los jueces que también tendrían que otorgarlas.
 
Las cifras son dramáticas, pero más grave es que si hay formas de prevención, si hay instancias y hay disposiciones y normas que procuran en el papel la protección de la vida de las mujeres, el obstáculo principal sea la voluntad personal, individual y colectiva de las y los servidores públicos responsables de otorgar las OP; y el interés de los titulares de los gobiernos para asumir que la vida de las mujeres es un tema de Estado, y asumir que el feminicidio sí puede prevenirse.
 
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
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