NACIONAL
Ayotzinapa: un año de lucha para las madres
   Madres de normalistas confían en avance de investigación
Intervención de CIDH ayuda a esclarecer caso Ayotzinapa
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 19/01/2015 Familiares de los estudiantes “desaparecidos” de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Iguala, Guerrero, confían en que la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligue al Estado mexicano a informar “la verdad” sobre sus hijos.
 
El viernes pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo en un comunicado que la CIDH ya designó al equipo de especialistas que dará asistencia técnica al gobierno mexicano para investigar la “desaparición” de los estudiantes.
 
Este grupo elaborará planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas.
 
El grupo también podrá formular recomendaciones técnicas para fortalecer “las capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como las de investigación en casos de desaparición forzada”.
 
Delfina de la Cruz Felipe, madre de Adán Abrajam de la Cruz, dijo vía telefónica a Cimacnoticias que confía en que este “apoyo internacional” dé certeza a las familias de que el gobierno federal está investigando “como se debe” el paradero de los normalistas.
 
“Es una organización que es importante, hay que tener fe en que va apoyar para saber la verdad (…), porque el gobierno en lugar de que nos ayude nos ataca”, advirtió la mujer.
 
De 52 años de edad, Delfina de la Cruz recordó que el pasado 12 de enero el 27 Batallón de Infantería agredió a las familias y estudiantes cuando se manifestaban afuera del cuartel militar en Iguala, donde presuntamente podrían estar recluidos los estudiantes.   
 
Delfina, quien realizaba actividades de limpieza en hogares para apoyar la educación de su hijo, agregó que por su parte no asistirá nuevamente al cuartel, ya que –según ella– los militares ya están puestos sobre aviso y tomarán medidas para borrar las pruebas que eventualmente los involucren en la “desaparición” de los normalistas.
 
De la Cruz dijo que su hijo, quien es padre de dos menores de edad, además de ser panadero y campesino decidió concluir la preparatoria y continuar sus estudios en la Normal para “superarse y seguir adelante”.
 
María Inés Abrajam, tía del estudiante, también señaló que las familias están informándose sobre el trabajo de la CIDH en México a través de pláticas y reuniones. Comentó que la intervención de este órgano les da confianza de que ahora sí el gobierno será obligado a cumplir con las exigencias de las familias y las organizaciones sociales del país y del mundo, para que se “deje de encubrir” a los involucrados.
 
APOYO
 
La designación del grupo interdisciplinario de especialistas se formó con base en lo que dicta el Acuerdo de Asistencia Técnica, suscrito por representantes del Estado mexicano el pasado 12 de noviembre con los beneficiarios de las medidas cautelares que la CIDH decretó el 3 de octubre de 2014.
 
Con base en el acuerdo se estableció que el grupo realizará una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los estudiantes.
 
Quienes integran el grupo son: Francisco Cox, abogado en Derecho Constitucional, de Chile; Claudia Paz y Paz, abogada especializada en Derecho Penal y Derechos Humanos (DH), de Guatemala; y Ángela Buitrago, abogada especializada en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, de Colombia.
 
También participan Carlos Beristáin, médico y especialista en educación para la salud, de España; y el colombiano Alejandro Valencia Villa, abogado especializado en la promoción y defensa de los DH y Derecho Internacional Humanitario.
 
La intervención del grupo interdisciplinario será por seis meses, pero podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, informó la SRE.
 
Las actividades de la CIDH estarán financiadas por el Estado mexicano, quien destinó un millón de dólares (14 millones 630 mil pesos) que serán administrados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México.
 
Además, el Estado mexicano continuará trabajando con todas las partes involucradas para dar seguimiento a este acuerdo de asistencia técnica, y lograr implementar las medidas cautelares decretadas por el órgano interamericano.
 
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