NACIONAL
Ayotzinapa: un año de lucha para las madres
   Exigen no dar “carpetazo” y mayor apertura con las familias
Organizaciones de DH cuestionan conclusiones de PGR
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 29/01/2015 Organizaciones civiles nacionales e internacionales cuestionaron la versión oficial de la Procuraduría General de la República  (PGR) sobre que habría pruebas suficientes para declarar que los 42 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, fueron “secuestrados y asesinados” por un grupo criminal, por lo que exigieron al gobierno federal que no detenga las investigaciones.
 
En respuesta al informe de la PGR el martes 27 de enero sobre el destino de los normalistas desaparecidos, Amnistía Internacional (AI) y cientos de agrupaciones que conforman la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) emitieron comunicados, para exigir a Jesús Murillo Karam, titular de la dependencia, que continúe con las pesquisas y genere mecanismos eficaces de comunicación con las familias.
 
Ayer, la directora del Programa Regional para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, envió una carta a Murillo Karam en la que expresó su preocupación porque la teoría sobre lo que pudo haber sucedido con los estudiantes, de acuerdo con los datos presentados por la PGR, está basada en declaraciones de personas imputadas.
 
Además recordó que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) declaró que fue convocado por la PGR al lugar donde presuntamente ocurrió la incineración de los normalistas “cuando ya se encontraba la bolsa de restos abierta y la muestra en cuestión estaba junto a otras sobre un área de limpieza”.
 
Agregó que AI supo que algunas de las personas declarantes –supuestos sicarios– alegaron haber sido torturados durante su detención.

AI enfatizó que continúa firme en su compromiso de apoyar a las víctimas y organizaciones civiles de Derechos Humanos (DH) que están involucradas en el caso de –como definió la propia organización– las “desapariciones forzadas” de los 43 normalistas.
 
Y reiteró la necesidad de continuar la búsqueda en vida de los estudiantes, fortaleciendo todos los mecanismos hasta agotar todas las líneas de investigación posibles.
 
Además AI dijo a Murillo Karam que genere, en conjunto con las familias, una estrategia integral y un plan de búsqueda que tenga como sustento la investigación, y que esté apoyado por el uso de tecnología y otros medios útiles para ello.
 
Asimismo, la RNDDHM repudió en un comunicado que aunque han pasado cuatro meses desde la agresión de policías municipales y el grupo criminal “Guerreros Unidos” contra los normalistas –que derivó en su desaparición–, el gobierno federal no ha dado respuestas eficaces, y criticaron que la PGR pretenda cerrar el caso aun cuando “hay elementos para continuar la investigación y evitar la impunidad”.
 
Las organizaciones enfatizaron: “Reprobamos la insistencia de la PGR en afirmar la hipótesis de que los estudiantes fueron secuestrados, quemados y arrojados al basurero de Cocula, sin contar con las pruebas suficientes que comprueben el hecho”.
 
De acuerdo con su comunicado, la RNDDHM también reprobó que el gobierno federal no cumpla con los acuerdos firmados con las familias, estudiantes y representantes legales, ya que “desde septiembre de 2014 (…) hemos sido testigos de la fuerza y dignidad que han mantenido de pie a madres y padres, quienes sin pensarlo asumieron la búsqueda de sus propios hijos frente a la dilación e ineficaz respuesta de las autoridades municipales, estatales y federales de nuestro país”.
 
Las organizaciones sociales pidieron no cerrar el caso Ayotzinapa hasta que las familias tengan certeza científica y jurídica del paradero de sus hijos, y hasta que todos los autores materiales e intelectuales sean sancionados.
 
Además –coincidieron– es imperante que se creen los mecanismos suficientes para garantizar la no repetición de los hechos; se agoten todas las líneas de investigación y se esclarezca la participación de la clase política, el Ejército y su vinculación con los grupos delincuenciales.
 
También pidieron crear mecanismos institucionales para que los cuarteles militares sean abiertos e inspeccionados por los padres a fin de garantizar su derecho a la verdad.
 
Y que se respeten las valoraciones del EAAF y se establezcan medidas eficaces de comunicación en los que se priorice la interlocución y necesidades específicas de las familias, estudiantes y organizaciones acompañantes.
 
De cara a estas demandas, Naciones Unidas informó ayer que el Comité de Desaparición Forzada (compuesto por 10 especialistas independientes) visitará México por primera vez en la historia del 2 al 13 de febrero próximo.
 
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