NACIONAL
Trata de Personas
   “Innecesarias” modificaciones; falta aplicación cabal de la norma
Reformas a Ley de Trata apuntan a la “protección de criminales”
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 09/03/2015 Si la Ley General para Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos que está vigente se aplicara de manera efectiva por parte de las autoridades, no habría necesidad de reformarla, advirtieron especialistas.
 
Tras revisar las reformas que la Cámara de Diputados propone a la norma que castiga la trata de personas durante el foro “Ley de Trata” –celebrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) el viernes 6 de marzo–, analistas en política y Derecho coincidieron en que deberían evitarse algunos de los planteamientos por considerar que contribuirían a perpetuar la impunidad.
 
Desde 2013 el Congreso de la Unión planteó la necesidad de reformar la Ley de Trata, ya que desde su última modificación en 2012 no ha habido una sola consignación por este delito.
 
En respuesta, la Comisión contra la Trata de Personas del Senado propuso y aprobó un decreto de reforma a varios artículos de esta ley, mismo que fue modificado y posteriormente aprobado en San Lázaro.
 
A propósito de estos cambios –que ahora esperan su última aprobación en la Cámara alta–, la abogada Karla Micheel Salas Ramírez, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y defensora jurídica de víctimas de trata, detalló que la falta de consignaciones por este delito no se debe a que la ley no contenga los elementos jurídicos suficientes para su ejecución.
 
La experta consideró que es por “falta de voluntad política” y capacitación y sensibilización de las autoridades, que no se ha castigado debidamente a ninguna persona por este delito a pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) anuncie a diario la supuesta detención de redes de tratantes.
 
Prueba de ello –precisó Micheel Salas– es que el fondo para víctimas de trata de personas que se enuncia en esta norma –y que de aprobarse el decreto sería regulado por la Ley General de Víctimas– “está vacío y nunca recibió ingresos”.
 
Como en fechas anteriores apuntó Teresa Ulloa Ziaurriz, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y redactora original de esta ley, Salas Ramírez señaló que las modificaciones que la Cámara baja propone son “innecesarias”, y podrían tener de fondo la protección de criminales que participan en la comisión de este delito a través del “enganche”, el engaño y la explotación, tales como empresarios y políticos.
 
La litigante señaló que de aprobarse el decreto de reformas, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre –ex líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Distrito Federal y quien actualmente enfrenta un proceso legal por supuestamente contratar mujeres jóvenes bajo engaños para solicitarles servicios sexuales– “tendría que ser reconocido por ofrecer empleo bien remunerado a mujeres en condición de vulnerabilidad, en lugar de que lo castiguen por explotar el cuerpo de las mujeres”.
 
En respaldo, Valery de la Fuente Rodríguez, economista y politóloga, detalló que la modificación al artículo 10 de la norma busca eliminar el castigo para cualquier autoridad que por omisión participe en el delito.
 
También se plantea derogar los artículos 19 y 20 que establecen castigo de 10 años de prisión para la persona que a través del engaño capte a las víctimas para ser explotadas; además se derogarán los artículos 21 y 22, referentes al trabajo forzado.
 
La especialista observó que aunque el decreto de reforma original contiene elementos positivos para proteger a las víctimas menores de edad, también estipula modificaciones “fundamentales” que parecen responder a un “trasfondo” que impediría el castigo de este crimen.
 
El pasado 12 de febrero el Senado propuso discutir con mayor amplitud las modificaciones a la Ley de Trata en una próxima mesa legislativa entre senadores y diputados federales –sin fecha aún- en la que también participarán personas expertas en la materia, a fin de perfilar una norma que “no permita la impunidad”
 
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