OPINIÓN
Especial - Elecciones 2015
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Ni libre ni secreto: voto de mujeres indígenas en Chiapas se negocia
Foto: Observatorio de Derechos Políticos de las Mujeres Guerrerenses
Por: Marcela Laguna Morales*
Cimacnoticias/Chiapas Paralelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 16/06/2015 La Red de Observadoras Electorales presenciamos un momento histórico para nuestro país. El deseo de analizar el impacto de la reforma electoral de 2014 sobre la participación política de las mujeres rurales e indígenas fue más fuerte que el temor fundado que parecía amenazar la jornada electoral ante situaciones convulsas por todos conocidas.
 
Treinta mujeres que no pertenecemos a ningún partido político y debidamente acreditadas ante el INE como observadoras electorales, tuvimos el privilegio de salir a observar ejerciendo un derecho político en una de las elecciones más complejas e inequitativas de la historia de Chiapas.
 
Observamos 28 secciones electorales en 11 municipios que forman parte de los distritos electorales 2, Bochil; 6, Tuxtla; 5, San Cristóbal; 3, Ocosingo, y 4, Ocozocuautla.
 
Los municipios observados fueron: Chenalhó, Larráinzar, Zinacantán, San Juan Cancuc, Venustiano Carranza, San Cristóbal de las Casas, Tenejapa, Ocosingo, Berriozábal, Copainalá y Villa Corzo.
 
La observación comprendió cuatro etapas: instalación de las casillas, desarrollo de la votación, cierre de la casilla, y cómputo y escrutinio. La jornada fue larga y el objetivo fue observar la participación de las mujeres, principalmente en localidades rurales e indígenas.
 
Una de las conclusiones de la jornada de observación fue que lejos de ver plasmado el sueño del derecho a decidir en libertad, las mujeres rurales e indígenas que desde temprana hora salieron a emitir su voto, en su mayoría fueron secuestradas por prácticas antidemocráticas que se generalizaron antes y después de la jornada electoral.
 
En al menos el 50 por ciento de las casillas encontramos anomalías leves o mayores, pero todas catalogadas como delitos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
 
Entre los hallazgos está la restricción severa para que las mujeres ejerzan su derecho a sufragar en libertad. La práctica conocida de votar por acuerdo comunitario forma parte de los “usos y costumbres”.
 
Una de las observadoras señala: “Ahora las mujeres votan porque lo tienen que hacer, porque es una obligación, si tu marido está en el PRI, ahí debe estar toda la familia; como dicen, el jefe de la casa siempre manda, es el que va a las reuniones y todo eso, siempre manda”.
 
En el 90 por ciento de las localidades se reportaron anomalías graves, tipificadas en la ley como delitos de coacción, amenazas, condicionamiento de programas y servicios públicos, entre otros.
 
No obstante, estas prácticas perversas: entrega de enseres, dinero en efectivo, refrescos, tamales, cubetas y promesa de entrega de pantallas de plasma a cambio del voto y pago en efectivo posterior al acto de sufragar mostrando el dedo, se han naturalizado como forma de hacer política.
 
A partir de esta experiencia, una primera conclusión es que la afluencia de las mujeres en su calidad de votantes ejerciendo un derecho político sigue respondiendo a un proceso de operación política que no está a la altura de nuestros tiempos.
 
Una observadora de Zinacantán comentó: “Cada uno de los hombres tiene un partido y los agentes de cada partido tienen su lista: cuánta gente, cuántos tienen que ir a votar. Cuando están en la casilla ya están marcando cuántos llegan de su partido y entonces el número de votos tiene que ser igual al número de su lista, ahí se ve si votan o no por su partido, porque si llega un apoyo del PRI sólo le dan a la gente del PRI, porque saben que votó por el PRI, pero si llega a gobernar uno del Verde, le dan sólo al del Verde.
 
“Así es tanto como para presidente como para el diputado. Solo dan a quien votó por su partido, es como si ustedes están comiendo y a mí se me antojó, pues no me dan porque soy de otro partido. Pues ni modo, así es el político, no te da o te da si eres de su partido”.
 
Los “usos y costumbres” de la comunidad indígena han limitado el derecho al voto libre y secreto, porque, como señala otra observadora: “Entonces las mujeres tienen que votar a fuerza por el partido del marido, porque de lo contrario si vota por alguien más van a investigar qué pasó, porque no checa su lista. Y si se dan cuenta que votó por otro partido entonces ya le quitan la luz, le quitan el agua”.
 
En Larráinzar la observadora comenta: “No es un voto libre de las mujeres, es como si debes algo y lo tienes que pagar, así es con el voto: si eres mujer tienes que ir a votar por el partido sino quieres que te expulsen de la comunidad, y si les dices que votaste por otro partido te van a preguntar cuánto dinero te dieron, lo tienen que confesar y pagar en la asamblea.
 
“En las ciudades dicen que el voto es libre y secreto, así dicen en las ciudades y en la ley, pero en las comunidades indígenas no se aplica eso”.
 
Otro de los ingredientes más agrios fue la presencia de mujeres vocales de los programas sociales, principalmente Prospera, que fungieron como “espías electorales” para que las beneficiarias de los programas sociales votaran siguiendo indicaciones precisas.
 
En contraste, hubo mujeres que decidieron decir basta, y de forma valiente se negaron a aceptar la indigna operación política fraguada antes y después de la jornada electoral, y que en apariencia transcurrió en completa calma.
 
Una de las vocales de Prospera que se negó a fungir como espía electoral señaló: “Nos mandaron a las vocales para que estuviéramos paradas ahí donde las mujeres iban a votar, pero algunas vocales no lo aceptamos. Nos mandaron una lista donde nos dijeron que teníamos que apuntar su nombre de la señora y lo va a firmar si votó y mostrar su dedo para ver si votó porque lo está pidiendo la firma obligadamente.
 
“Nos mandaron a los licenciados de Oportunidades y uno de ellos me dijo: ‘Y aquí van a firmar y nos van a mostrar su dedo si pasaste a votar’; y yo le pregunté: ‘¿Tiene que ser obligadamente que tengo que pasar a votar por el PRI?’, y el licenciado de Oportunidades nos dijo que ‘por el PRI nos están dando la ayuda, y si no votan por el PRI se va a perder la ayuda de Prospera, pero no es obligadamente’. Y yo le dije: ‘Si les decimos que voten a la fuerza por el PRI, qué tal si nos demandan, nos vamos a quemar’. Así que cuando me mandaron a llamar yo no fui”.
 
DEFICIENCIAS EN PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
 
La Red de Observadoras insistió en observar la calidad de los procedimientos electorales, pues al INE se le impusieron 70 nuevas atribuciones que le obligaron a solicitar a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal de 230.6 millones de pesos.
 
No obstante que se ejercieron más recursos que el otrora IFE, es de hacer notar que la calidad de los procedimientos electorales tuvo muchas deficiencias en las casillas observadas.
 
Cuando se mira el proceso con una lupa intercultural, las prácticas indígenas de “usos y costumbres” se subordinan a los poderes políticos locales y nacionales, y lo que pareciera ser inverosímil en una casilla colocada en una localidad urbana, se considera normal en una comunidad indígena.
 
Así, las observadoras vieron en algunas casillas que representantes del PRI y del Partido Verde solicitaron la credencial y se sentaban cerca o en la misma mesa que los funcionarios de casilla: así se pudo ver a muchos hombres que llevaban como distintivo camisas a rayas azules o camisas azules sin identificación de su partido por lo que podían pasar como funcionarios de casilla, sin serlo.
 
En un caso extremo se pudo observar a hombres (vestidos de azul) dando dinero a las mujeres al pase de lista cuando les mostraban el dedo posterior a la emisión del voto en un sitio alejado del centro de pueblo, situación que se documentó cuando se les daban a las mujeres billetes de 100 pesos.
 
Prácticas burdas que habrían puesto en jaque a la democracia en cualquier país en la era de la posmodernidad.
 
Otras anomalías detectadas en el 40 por ciento de las casillas fue la propaganda electoral muy cerca de las casillas, propaganda disfrazada con “moto taxis” o vehículos estacionados con propaganda a favor del partido gobernante, mujeres instruyendo cómo votar, una escrutadora vigilando por quién votaban las mujeres, y doblar la boleta y hasta colocarla en las urnas, rompiendo el principio de la secrecía del voto.
 
En días anteriores y sobre todo la tarde previa a la jornada hubo reportes extensos de compra y coacción del voto. Un 10 por ciento de las casillas se llevaron hasta tres horas contando votos por carecer de información precisa del proceso de cómputo y llenado de las actas.
 
En una casilla se observó la presencia hasta de 18 personas, incluyendo autoridades indígenas que “vigilaron” el conteo y cómputo con equipos de radiocomunicación. En la mayoría de las casillas observadas no hubo presencia de partidos políticos de oposición, como si sólo hubiera dos partidos contendientes.
 
El promedio de abstencionismo fue de entre 50 y 78 por ciento. El mayor abstencionismo se presentó en la casilla 1120 contigua 1, en San Cristóbal de las Casas, con 78.04 por ciento, compitiendo el número de votos del PVEM con la cantidad de votos anulados.
 
La sección 0387, ubicada en Acteal, municipio de Chenalhó, tuvo uno de los índices de abstencionismo más altos en la zona indígena con 72 por ciento. En el 100 por ciento de las casillas la afluencia principal fue por mujeres indígenas en edad reproductiva, personas adultas mayores y con alguna discapacidad.
 
Algo positivo fue la participación de mujeres indígenas como funcionarias de casilla, que en las casillas observadas fue en una relación de tres hombres por una mujer; en el 30 por ciento de los casos la relación fue paritaria, pero con una serie de debilidades en la capacitación que debe fortalecerse tanto para hombres como para mujeres en las zonas rurales e indígenas.
 
Es ejemplar para las comunidades que mujeres indígenas cuenten votos, pero se requiere que estén fortalecidas en sus conocimientos para que en cada mesa directiva sean las mujeres capacitadas tanto en sus funciones como en sus derechos.
 
El hecho de que participen mujeres como presidentas, secretarias y escrutadoras representa un logro y una práctica cada vez más normalizada en las comunidades rurales, pero estas mujeres deben contar con las herramientas para que a través de su autoridad puedan hacer la diferencia entre permitir o no permitir la comisión de delitos electorales.
 
La salida al ámbito público es un primer paso hacia la igualdad, y un segundo piso será crear procesos de fortalecimiento de sujetos de derechos para que las mujeres funcionarias de casilla estén atentas a la violación de los derechos políticos y electorales de las mujeres en las zonas rurales, ya que lo que se observó es que las funcionarias de casilla reproducen la subordinación de género siempre preguntando a los hombres qué hacer en cada uno de los pasos.
 
OBSERVACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
 
La presencia de las 30 observadoras pertenecientes a la Red de Observadoras Electorales de Chiapas, quienes se identificaron con el lema “Es mi derecho, yo cuido el voto”, seguramente inhibió algunas prácticas antidemocráticas que fueron corregidas al percatarse de su presencia, aunque no fueron completamente desactivadas.
 
La experiencia de observación electoral desde una mirada intercultural y de género en una democracia puede ayudar a modificar la desigualdad en el acceso al poder para las mujeres.
 
Es preciso denunciar que la participación política de las mujeres no se debe reducir a emitir el sufragio previamente determinado por acuerdos comunitarios que, como el voto a mano alzada, esconden prácticas antidemocráticas y patriarcales que se alían a los partidos políticos, en este caso a los partidos en el poder limitando la participación sustantiva de las mujeres en el quehacer político y electoral.
 
Pero lo que a vista de la Red se consideró más condenable es la indignidad, el soborno y el uso de mujeres como “halconas” electorales por parte de las y los funcionarios de partidos y de los programas sociales.
 
La jornada ocurrió sin incidentes de violencia graves, pero dentro de una violencia social y política generalizada. Como red de observadoras las mujeres demostraron que hay otros caminos a la altura de nuevos tiempos para recuperar los derechos que por lo que se ha narrado, al parecer retrocedieron en esta contienda electoral para las indígenas.
 
Por ello, salir a la calle, observar elecciones, exigir derechos y sentar a las y los candidatos a firmar acuerdos de civilidad y para la igualdad, es una forma de construir alternativas políticas.
 
Finalmente, la Red de Observadoras convoca a las autoridades electorales y partidos políticos, pero sobre todo a las mujeres rurales e indígenas, a las beneficiarias de programas sociales, a las solicitantes de tierra, a las activistas por los Derechos Humanos, a las trabajadoras precarias, a las mujeres potenciales de ser víctimas de violencia y trata, a construir entre todas nuevos valores.
 
Las ciudadanas están enojadas e indignadas por la forma en que transcurrió el proceso electoral, y sobre lo que parece ser una orfandad electoral, se convoca a construir alternativas políticas creativas y a crear sujetos de derechos.
 
Sólo así se podrá coadyuvar en la construcción de la democracia real y la justicia en el sur del sur; la esperanza mínima que obliga a continuar bregando en este territorio de luces y sombras que nos representa el estado de Chiapas.
 
*Este artículo fue retomado de la agencia de noticias Chiapas Paralelo.
 
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