NACIONAL
Migración
   Académicas y activistas ven insuficiencia de políticas públicas
“Fallas garrafales” en protección de derechos para las migrantes
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 20/08/2015 El gobierno mexicano debe garantizar que las pocas políticas públicas y acciones que ha impulsado a favor de las mujeres migrantes –la mayoría promovidas por grupos civiles– cuenten con presupuesto, y sean operadas con apego a Derechos Humanos (DH), para que ellas tengan condiciones de tránsito y de trabajo más dignas, dijeron expertas en migración femenina.
 
Al concluir la III Semana de la Migración “Género y Migración”, que se celebró los días 17, 18, 19 y 20 de agosto, en la Universidad Iberoamericana (UIA) en esta ciudad, académicas y activistas abordaron los problemas que afrontan las migrantes centroamericanas en su tránsito por México, así como las connacionales en Estados Unidos y las migrantes internas.
 
Berenice Valdez, coordinadora de políticas públicas del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), detalló que la sociedad civil ha hecho mucho por incidir para que la política migratoria no se centre en los varones, sino que tenga un enfoque de género y considere la diversidad del fenómeno migratorio.
 
Con este impulso –destacó– se han logrado avances importantes como el Programa Especial de Migración (PEM) –con líneas de acción específicas para la atención de las mujeres–, y otras acciones afirmativas para garantizar los derechos específicos de niñas, jóvenes y adultas migrantes, observó.
 
No obstante, en la realidad prevalecen violaciones a DH de las mujeres en contextos migratorios, muchas de ellas trabajadoras que son explotadas y vulneradas en sus empleos por falta de documentos oficiales.
 
Según la experta, esta situación se debe a que el Instituto Nacional de Migración (INM) –mecanismo de la Secretaría de Gobernación (Segob) encargado de operar la política migratoria– y otras autoridades desconocen las leyes en la materia, o bien algunas normas no toman en cuenta la condición particular de la migración femenina.
 
Berenice Valdez puso como ejemplo el Programa Temporal de Regularización Migratoria, acción anunciada este año por el Ejecutivo federal como una medida para que las trabajadoras del hogar migrantes adquieran permisos de trabajo, lo que reduciría su vulnerabilidad.
 
No obstante, observó la activista, se requieren 20 salarios mínimos para pagar ese trámite y las migrantes trabajadoras del hogar apenas ganan como máximo dos salarios mínimos.
 
A ello se suma que sus empleadoras no estarían dispuestas a darse de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni les extenderían otros documentos por escrito requeridos para este programa, abundó la integrante de Imumi.
 
Valdez cuestionó: “Estamos trabajando políticas concretas para implementar en este país. ¿Cuál es el reto? La implementación en lo local y la asignación de recursos, que las y los funcionarios que operan conozcan estas políticas migratorias que mandatan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que además las implementen con un enfoque de género”.
 
Agregó que parte de la solución sería que los gobiernos locales tomen sus propias decisiones descentralizadas, además de que haya una política de implementación medible y con recursos, pues hasta ahora el PEM no tiene dinero etiquetado, y no hay manera de saber cuánto dinero se destinó este año para atender a la población migrante.
 
Mónica Corona, de ONU-Mujeres, precisó que en general la política migratoria “es ciega” ante la condición de las migrantes; sin embargo –acotó– los grupos civiles trabajan para que la sociedad y el Estado mexicano dejen de mirar como víctimas a las mujeres migrantes, y empiecen a tomarlas como “sujetas activas” de la migración y protagonistas del desarrollo de las entidades.
 
La experta explicó que a pesar de que México no está brindando mejores oportunidades de empleo para las migrantes, una de cada dos es jefa de hogar y participa en la economía del lugar de residencia y del de origen, a través del trabajo de cuidado y el envío de remesas que ayudan a aumentar el nivel educativo de las y los niños.
 
“Algo que falta en los estudios migratorios, en la sociedad y en la prensa es visibilizar que la migración de las mujeres implica aportes de origen y de destino”, demandó Corona.
 
A fin de garantizar que la política pública sea efectiva, la representante de ONU-Mujeres propuso sensibilizar, capacitar e informar a las y los funcionarios y legisladores en enfoque de género.
 
BASTA DE FIRMAR ACUERDOS, RECLAMAN
 
Reyna Torres Mendívil, embajadora y directora general de Protección a Mexicanos en el Exterior, enumeró como logros de las autoridades el número de mujeres repatriadas a México y los más de 30 consulados en Estados Unidos para atender a las y los connacionales.
 
Javier Urbano, coordinador del Programa de Asuntos Migratorios de la UIA, aprovechó la presencia de la diplomática para criticar la firma de acuerdos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que no han garantizado la integridad de la población migrante.
 
“No dejaremos de decir que hay fallas garrafales en la atención, protección y la promoción de los derechos. No se trata de sólo firmar acuerdos, se trata de operarlos (...); no podemos seguir en el discurso de ser campeones en sólo firmar acuerdos. No sirve”, sentenció el académico.
 
Ximena Gallegos, también del Programa de Asuntos Migratorios de la UIA, detalló como otros problemas para las migrantes la falta de guarderías y medidas de protección para las jornaleras; así como la necesidad de asegurar el resguardo internacional para las mujeres que huyen de sus países; revisar la situación de quienes están encarceladas injustamente, y garantizar el acceso a la salud de las migrantes con VIH/Sida y para quienes presentan embarazos no deseados.
 
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