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ESTADOS
Migración
   4 centroamericanas salen de prisión tras demostrar falla judicial
Mujeres se organizan para liberar a migrantes acusadas de trata
Por: Ángeles Mariscal
Cimacnoticias/Chiapas Paralelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 01/09/2015 Karen Vallecillo, Deyra Elizabeth y Santa María Rosales, originarias de Honduras, se conocieron en prisión, cuando el gobierno del estado de Chiapas las acusó injustamente del delito de trata de personas.
 
Analizaron y vieron la coincidencia que tenían en las faltas al debido proceso en cada uno de sus casos. Ellas se organizaron y consiguieron que un abogado activista, Luis Rey Villagrán, asumiera su defensa desde la perspectiva de los Derechos Humanos.
 
Hace tres meses lograron su libertad y la madrugada del pasado sábado, la de cinco mujeres más. Su reto ahora es conseguir la excarcelación de otras mujeres migrantes a las que la justicia mexicana les falló.
 
El pasado 26 de mayo, Karen, Deyra y Santa María abandonaron la prisión, luego de que lograron demostrar irregularidades procesales en sus juicios.
 
A partir de ese momento, en compañía de Luis Rey Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, emprendieron el camino de la defensa de una treintena de mujeres migrantes originarias de Honduras, El Salvador y Guatemala, presas en cárceles de Chiapas, acusadas del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
 
La coincidencia entre estas mujeres es haber cruzado la frontera con México y en el sur de país, en Chiapas, buscar su subsistencia en uno de los pocos trabajos que les ofrecen, en los bares y cantinas a lo largo de la frontera sur.
 
“Nosotras llegamos a México emigrando de nuestros países. Al llegar acá él único trabajo que nos ofrecen es en bares y cantinas. Y nosotros lo aceptamos libremente porque tenemos que enviar dinero a nuestras familias”, explicó Deyra Elizabeth, cuando el pasado 9 de agosto participó, ya desde fuera de prisión, en la huelga de hambre que al interior del penal de Tapachula iniciaron otras mujeres migrantes acusadas de trata de personas.
 
Deyra, originaria de Honduras, detalló que en los bares y cantinas donde ellas laboraron no se ejerce la prostitución, a diferencia de otros lugares “donde la policía no llega, y donde las mujeres realmente son explotadas”.
 
Las mujeres migrantes que ahora están presas por el delito de trata llegaron a Chiapas en su trayecto hacia Estados Unidos, en momentos en el que el gobierno de la entidad se unió a la campaña “Corazón Azul contra la Trata de Personas”, que promueve la Organización de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).
 
Chiapas inició con ese organismo y con el gobierno de EU un convenio de capacitación, colaboración y financiamiento para desmantelar las redes internacionales de trata de personas, con recursos de la llamada Iniciativa Mérida.
 
En los últimos años, urgido de dar resultados, el gobierno de Chiapas inició una campaña de persecución en bares y cantinas, donde detuvo a unos cuantos dueños o encargados de estos lugares, y a casi una centena de mujeres migrantes que ahí laboraban como meseras o en el servicio de limpieza y cocina.
 
Hasta ahora, y de acuerdo con datos de la Procuraduría de Justicia de Chiapas, ninguna de las acciones contra la trata ha afectado a las redes internacionales de este ilícito.
 
Por el contrario, el estudio de casos que realizó el Centro de Dignificación Humana, señala que en casi todos los procesos judiciales de las migrantes detenidas, las acusaciones que el Ministerio Público fincó en su contra fueron a partir de declaraciones de presuntas víctimas –también migrantes– que no ratificaron su dicho o lo modificaron, y denunciaron haber sido “presionadas” para testificar en contra de las detenidas.
 
La persistencia de Karen, Deyra Elizabeth y Santa María, y el acompañamiento de Luis Villagrán para denunciar este agravio de la justicia mexicana contra las migrantes, les está dando resultados.
 
El pasado miércoles, los cuatro visitaron el Senado y luego de mostrar las fallas al debido proceso en el caso de 17 migrantes acusadas de trata, lograron que la Cámara alta emitiera un punto de acuerdo para que fueran revisados sus expedientes.
 
La madrugada de este sábado 29 de agosto, autoridades de Chiapas liberaron a las hondureñas Ana Isabel Lobos, Lilian Elizabeth Aguilar y Ángela Moreno; a la mexicana Angélica Monzón y a Azucena Chávez, indígena guatemalteca.
 
“Faltan más por salir de la prisión”, señalaron al recibirlas fuera de la cárcel de Tapachula. Ellas exigen la no repetición de nuevos agravios contra las migrantes que cruzan por México.
 
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