NACIONAL
Migración
   Imprecisión de cifras nacionales y falta de registros en SRE
Mujeres indígenas migrantes son “invisibles” en México y EU
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 07/10/2015 El gobierno mexicano carece de datos precisos sobre el número de mujeres indígenas migrantes que viven en el exterior y al interior del país, lo que dificulta saber sus condiciones de vida, así como la implementación de políticas públicas y programas que las beneficien.
 
Académicas e investigadoras destacaron hoy durante el segundo seminario “Migración, mujeres e indígenas. Vulnerabilidad” –convocado por el Senado y sin la presencia de legisladores– la falta de políticas públicas para atender a grupos poblacionales que por su condición y contexto son considerados vulnerables.
 
La académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Julia Isabel Flores Dávila, advirtió que no es posible generar política alguna a favor de las personas si no se cuenta con datos estadísticos.
 
No obstante, precisó que para ella –con amplios estudios sobre población indígena– fue imposible presentar en el seminario datos sobre mujeres migrantes de grupos étnicos “simplemente porque no existen”. 
 
La investigadora agregó que no hay precisión sobre la proporción de mujeres indígenas en contextos migratorios internos, ya que las cifras oficiales no coinciden entre sí, y porque la migración interna sigue siendo considerada como “indeseable” por parte de las autoridades.
 
De acuerdo con la información que Flores Dávila ha recopilado en distintos estudios, la población indígena en México –que aproximadamente representa 10 por ciento de la población total y cuya mitad son mujeres– está en condición de vulnerabilidad, pues la gran mayoría carece de servicios de salud, enfrentan graves problemas en vivienda y trabajo, y padecen la discriminación incluso dentro de sus grupos originarios.
 
En el caso de la población femenina indígena –que emigra al interior del país en busca de oportunidades de empleo y para la reunificación familiar–, 50 por ciento no fue atendida por un médico durante su embarazo, además de que sólo tres de cada 10 mujeres de la etnia triqui y dos de cada 10 de la etnia otomí reciben atención médica gratuita en una institución de salud.
 
La ausencia de cifras sobre mexicanas indígenas migrantes pero que habitan en el extranjero es aún mayor, ya que la embajadora Reyna Torres Mendivil, directora de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo en breve entrevista que actualmente esta dependencia sólo cuenta con “estimaciones” (que no precisó) sobre la población mexicana indígena en Estados Unidos.
 
Detalló que “es imposible” saber el número exacto de mujeres migrantes en el exterior, porque muchas de ellas están en condición irregular, y porque no se han registrado ante los consulados en el país vecino.
 
La diplomática enfatizó que la perspectiva de género “es transversal en toda la SER”, pero insistió en que “es imposible” determinar con precisión el perfil (origen étnico, escolaridad, edad, condición conyugal, número de hijas e hijos o condición de vida) de las mexicanas indígenas en EU que son atendidas en algún consulado, ya que su sistema de registro aún no cuenta con esta desagregación.
 
Torres Mendivil declaró en el evento que las y los diplomáticos están dejando atrás la visión “paternalista” que antes regía sus acciones en referencia a las mujeres migrantes, y que –al contrario– ahora buscan “empoderarlas”, por lo que “queremos que ellas aprendan inglés”, agregó.
 
Observó que entre los servicios que solicitan las migrantes es asistencia para la reunificación familiar, trámites de regularización migratoria, y para denunciar delitos como trata de personas y violencia en el hogar.
 
POLÍTICAS MIGRATORIAS VULNERAN A MUJERES
 
José Knippen, encargada del área de Política Migratoria de Fundar Centro de Análisis e Investigación, criticó que la población migrante centroamericana que radica en México esté siendo vulnerada por la misma política migratoria gubernamental.
 
Resaltó que si bien las organizaciones civiles han buscado “ponerse en el lugar” de los tomadores de decisión al contribuir en la generación de políticas públicas y programas con enfoque de Derechos Humanos, el gobierno mexicano sigue sin implementar el Programa Especial de Migración (presentado en 2014) y no le ha asignado ningún presupuesto.
 
Por el contario, Knippen criticó que se implementen otras acciones como el Plan Frontera Sur, que en 2014 aumentó los operativos del Instituto Nacional de Migración (INM) y las deportaciones, sin que haya actualmente un incremento importante en el flujo migratorio que ingresó al país y que justifique estas acciones.
 
Además, señaló que se siguen documentando abusos por parte de autoridades en contra de la población migrante, sin que la Procuraduría General de la República –representada en el evento por el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres– haya detenido o investigado a alguna persona por estos delitos.
 
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