NACIONAL
Migración
   Presentan informe sobre situación de población hondureña
México debe detener política criminalizadora contra migrantes
Foto: cortesía Comunicación Social Senado de la República
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 10/11/2015 La Misión Internacional de Verificación sobre la Situación de los Derechos Humanos de la Población Migrante Hondureña (MIV) llamó al Estado mexicano a detener el endurecimiento de su política migratoria, y garantizar mejores condiciones de refugio –o en su caso de deportación– a esta población que es víctima de delitos en su país de origen y durante su tránsito por México y hacia Estados Unidos.
 
Tras presentar hoy en el Senado su informe “Situación de los Derechos Humanos de la Población Migrante Hondureña y su Derecho a la Protección Internacional”, el MIV advirtió sobre los grandes retos que enfrenta México en materia migratoria.
 
Lisa Haugaard, Pilar Trujillo Uribe y Amalia García Medina, integrantes de la MIV, precisaron que tanto Honduras como México y EU, e incluso la ONU, tienen responsabilidades específicas y compartidas para garantizar la protección de los Derechos Humanos (DH) de la población migrante hondureña, entre quienes hay mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes  que son asesinadas y atacadas sexualmente en su país, al igual que durante su cruce por las fronteras y tras su retorno forzado.
 
En conferencia de prensa para presentar los resultados, Pilar Trujillo Uribe, directora ejecutiva de Consejería en Proyectos (PCS), dijo que la recomendación concreta al gobierno de México es que acepte más solicitudes de refugio humanitario.
 
Enfatizó la necesidad de que en temas migratorios el enfoque de género no sea soslayado, ya que “no es la misma la migración de una mujer que la de un hombre por razones que deben ser conocidas, establecidas y diferenciadas”.
 
Trujillo Uribe abundó que como parte de las recomendaciones se debe desactivar el Programa Frontera Sur –que el Ejecutivo federal presentó en julio pasado– “por ser un plan que contradice el discurso de respeto y protección a los DH, porque lo único que ha hecho es blindar la frontera y el país en detrimento de los DH de las y los migrantes”.
 
Pidió que las niñas, niños y adolescentes no sean detenidos en estaciones migratorias, porque esto no respeta el principio del interés superior de la infancia suscrito en la Constitución.
 
Las y los expertos demandaron que se garanticen condiciones dignas y seguras durante la detención, traslado y repatriación de la población migrante hondureña, y que las mujeres embarazadas y la niñez –que son deportadas por tierra en viajes de hasta 30 horas–   sean retornadas vía aérea.
 
Además, el gobierno mexicano debe implementar políticas públicas dirigidas a prevenir, proteger y sancionar los delitos y graves violaciones a los DH de los que son víctimas la población migrante hondureña y centroamericana en su territorio, así como brindar una atención adecuada a las víctimas y sus familias.
 
La MIV también llamó a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) –de la Secretaría de Gobernación– a que informe a todas las personas migrantes detenidas en las estaciones migratorias sobre su derecho a solicitar asilo, y apoyarse de la sociedad civil, a la que –acotó– se le debe permitir el ingreso a los centros de detención.
 
Entre otras recomendaciones, la MIV pidió a la ONU que reconozca la grave situación humanitaria en el llamado “Triángulo Norte de Centroamérica” (Guatemala, Honduras y El Salvador), y solicite a los Estados una acogida basada en el principio de la protección internacional de los DH.
 
Por su parte, Gabriela Cuevas, senadora del Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, destacó que el informe identifica las políticas públicas que contribuyen a profundizar las violaciones a DH de la población hondureña, por lo que será un insumo para reflexionar e incluso presentar iniciativas en materia de migración con enfoque de DH.
 
En su segundo día en México, la MIV se reunió con funcionarios de la Quinta Visitaduría y el Programa contra la Trata de Personas, ambos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quienes –según dijeron las y los especialistas– se mostraron interesados en la investigación, pero aclararon que su información difiere de lo que la MIV está denunciando.  
 
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