ENTREVISTA
Ayotzinapa: un año de lucha para las madres
   ENTREVISTA
   Claudia Paz, integrante del GIEI, destaca logros en Guatemala
Exigencia imparable de víctimas, clave para consolidar justicia
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 11/02/2016 Claudia Paz y Paz, quien actualmente presta asistencia técnica a México para esclarecer la  desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, es una abogada y académica dedicada a la defensa de los Derechos Humanos (DH) y que en su paso por cargos públicos en su natal Guatemala frenó la impunidad de la violencia contra las mujeres, y apoyó a cientos de víctimas que iniciaban un juicio histórico contra ex militares acusados de crímenes de lesa humanidad.
 
La integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investiga el llamado caso Ayotzinapa, dice estar convencida de que la exigencia imparable de las víctimas, el fortalecimiento de las instituciones, y la insistencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos son elementos clave en la consolidación de la justicia, principalmente ante crímenes que involucran la participación de agentes del Estado.
 
En conversación con Cimacnoticias, la experta guatemalteca en Derecho Penal explica que al menos con esos ingredientes las víctimas de la guerra civil en Guatemala (1960-1996) consiguieron que en 2013 –en un hecho histórico– se juzgara por primera vez en un tribunal nacional al ex dictador Efraín Ríos Montt, por crímenes contra la humanidad.
 
En esa época, además, mientras ella se desempeñaba (de 2010 a 2014) como la primera mujer fiscal general en el país centroamericano, aumentó de 5 a 30 por ciento el esclarecimiento de homicidios en una de las naciones más peligrosas de América, lo que a su vez derivó en una disminución de la tasa de muertes violentas de 46 en 2009 a 32 por cada 100 mil habitantes en 2014.
 
En su gestión, Claudia Paz y Paz instauró en distintas regiones guatemaltecas un modelo de atención integral que reúne en una misma oficina a psicólogos, trabajadores sociales, fiscales, médicos clínicos, médicos forenses, jueces y policías, “para que sea el sistema el que gira alrededor de la mujer que ha sufrido violencia, y no la mujer la que tenga que ir de oficina en oficina contando su caso y siendo revictimizada”, precisa.
 
Con ella como fiscal, en 2011 se iniciaron las primeras capturas por el genocidio de más de mil habitantes del pueblo indígena ixil durante la guerra civil –por querellas iniciadas desde 2001–, y en 2013 comenzó el juicio contra Ríos Montt por ese episodio, uno de los más violentos de la historia guatemalteca.
 
Paz y Paz detalla que fueron necesarios 15 años de recopilación de pruebas científicas para echar andar el mecanismo con el que se habría de enjuiciar desde altos mandos –tanto militares como  miembros de las fuerzas insurgentes– que violaron los DH.
 
“La evidencia en el caso por genocidio es sumamente sólida. Rindieron su declaración más de 100 testigos sobrevivientes y más de 40 peritos expertos en diversas materias. Hubo evidencia documental y evidencia científica de todas las exhumaciones que se habían realizado a partir de la firma de la paz”, recuerda la litigante que incluso en 2013 fue nominada al Premio Nobel de la Paz.
 
En su opinión, “quizás un elemento muy importante en este hecho es que se incorporó como parte del genocidio la violencia sexual sufrida por mujeres, ya que hubo 10 mujeres sobrevivientes que declararon durante el juicio, y frente a su perpetrador narraron graves delitos que habían sufrido”.
 
Gracias a todas estas pruebas se logró la sentencia condenatoria contra Ríos Montt el 10 de mayo de 2013, misma que luego fue anulada por la Corte de Constitucionalidad en un nuevo juicio que hasta ahora está suspendido.
 
“Uno de los factores más importantes y quizás el más determinante fue el incansable esfuerzo de las víctimas por la búsqueda de justicia; la demanda de los sobrevivientes que buscaban justicia por el asesinato de sus familiares, por la quema y destrucción de sus comunidades y sus cosechas, pues esa demanda no cesó durante todo ese tiempo”, destaca la ex fiscal.
 
Prosigue: “También hubo sentencias que dieron acceso, por ejemplo, a documentos militares que contenían el relato desde la parte oficial de cómo se había ordenado, ejecutado e informado de los actos constitutivos del delito de genocidio, y sentencias muy importantes en el Sistema Interamericano de DH que ordenaban que estos casos fueran juzgados, que era una obligación del Estado retirar todos los obstáculos de hecho y de derecho que impedían el juzgamiento de estos crímenes”.
 
Las pruebas que ofrecieron las víctimas –asegura Paz y Paz– fueron demasiado sólidas frente a una defensa de los acusados más bien “pobre”, cuya única estrategia era obstaculizar los juicios y “no a defender con evidencias y pruebas la inocencia del procesado; es más, la gran mayoría de peritos y testigos que propuso la defensa aportaron evidencia a favor de demostrar los hechos constitutivos del delito de genocidio. No se preparó realmente una defensa”.
 
Sin argumentos –abunda la abogada–, se emprendió una campaña de desprestigio impulsada por las familias de los acusados y los grupos que simpatizaban con los perpetradores, tratando de deslegitimar el esfuerzo de las víctimas y de las y los fiscales.
 
También se presentaron distintos procesos penales en contra de los jueces que integraron el tribunal y de los fiscales penales y disciplinarios, como fue el caso de Paz y Paz al quedar inhabilitada durante los últimos meses de su gestión como fiscal.
 
La integrante del GIEI rememora que antes de pasar por la función pública fue abogada en la Oficina de DH del Arzobispado de 1994 a 1995, y que desde entonces se dedica a la docencia; es profesora universitaria de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, y se ha dedicado a la defensa de los DH a través de la investigación.
 
Fue directora del bufete legal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y consultora nacional de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala.
 
También coordinó el departamento de capacitación del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales en Guatemala; creó la Fiscalía Especial de Delitos contra Sindicalistas, y reorganizó la Fiscalía de Derechos Humanos de su país.
 
Cuestionada sobre qué factores garantizarían el acceso a la justicia en México –en casos sobre todo de violencia sexual de militares contra indígenas y que incluso resultaron en sentencias para nuestro país de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos–, la abogada responde que “es un proceso de fortalecimiento del sistema de administración de justicia del Estado, pero que las sentencias del Sistema Interamericano son sumamente importantes, porque son de cumplimiento obligatorio y van abriendo brecha o camino para que el sistema de justicia internacional se fortalezca”.
 
“En el caso de graves violaciones de DH –añade– hay que recordar que es un interés tanto del país como de la comunidad internacional en su conjunto que estos hechos sean juzgados, pero es una obligación fundamentalmente del Estado esclarecer estos hechos y llevar a la justicia a los responsables”.
 
“CUESTIONAN AL MENSAJERO”
 
Ahora, a poco menos de tres meses de que el GIEI termine su mandato en México sobre el caso Ayotzinapa, se desarrolla una campaña de desprestigio en contra de las y los expertos, la cual –en opinión de Paz y Paz– “busca minar la credibilidad en el grupo”.
 
“Somos cinco integrantes (del GIEI) que presentamos nuestro primer informe el 6 de septiembre pasado; es un documento en el cual cada afirmación cita la evidencia que la produce. Como no se puede cuestionar el contenido del informe, en este caso cuestionan a los mensajeros”, advierte.
 
Observa: “Sin duda hay un tema de género que se desprende del cuestionamiento de cuál es el rol que las mujeres tenemos respecto de involucrarnos en investigaciones de graves violaciones a DH; si estamos rompiendo un poco ese rol (tal y) como lo rompimos al ser fiscales en nuestros países.
 
“En la medida en la que avanzamos en el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en esa medida ha arreciado esa campaña que está siendo impulsada por una organización civil, entiendo, que tiene trabajo en temas de seguridad”, apunta con tranquilidad la ex fiscal.
 
Como buscadores de la verdad, Paz y Paz asegura que el GIEI insiste en entrevistar a los miembros del 27 Batallón de Infantería,  por considerar que según la información del expediente oficial de los hechos y de acuerdo con las propias declaraciones de los militares, ellos fueron testigos de los hechos, por lo que “consideramos que ellos aportarían información valiosísima para el esclarecimiento, y también para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos”, resalta.
 
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