Cometen violencia política de género contra magistrada en SLP

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Participación Política de las Mujeres
   TEPJF condena el caso y llama al Senado a tomar acciones
Cometen violencia política de género contra magistrada en SLP
Especial
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 31/03/2016

La magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí (SLP), Yolanda Pedroza Reyes, fue víctima de violencia política por parte de sus pares magistrados, al asegurarle sus oficinas e impedirle el acceso a información y documentación necesaria para el adecuado ejercicio de su función.
 
En la sesión de este miércoles, por primera vez, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analizó un caso de violencia política de género, al revisar el juicio ciudadano 4370/2015 promovido por la magistrada Pedroza Reyes, y concluir que, efectivamente, fue víctima de violencia laboral y discriminación.
 
A unas semanas de que la Sala Superior del TEPJF publicara el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, que realizó en coordinación con organismos electorales y dependencias federales, ayer el organismo determinó dar vista al Senado y a la Contraloría Interna del Tribunal de SLP, para que revisen este caso de violencia, acoso, discriminación e inequidad política.

En octubre de 2014, el Senado designó a Yolanda Pedroza Reyes como magistrada del Tribunal Electoral de SLP por un periodo de tres años, y como magistrados a Oskar Kalixto Sánchez, por un periodo de cinco años, y a Rigoberto Garza de Lira, por siete años.
 
A decir de la magistrada, sus dos compañeros la violentaron y el año pasado le impidieron ser presidenta del órgano jurisdiccional.
 
En su denuncia, Yolanda Pedroza denunció la falta o retraso de convocatoria a sesiones, el ocultamiento de información, supuestos bonos por productividad a sus compañeros que ella no recibe, y la revisión de su computadora sin su consentimiento, entre otros actos.   
 
Según la resolución del TEPJF, Rigoberto Garza de Lira, presidente del Tribunal Electoral de SLP, debe permitir a la magistrada el acceso a toda la información y documentación necesaria para el adecuado ejercicio de sus funciones.
 
Además resolvió que se deberá eliminar cualquier barrera que impida el adecuado ejercicio de su función como magistrada.
 
En la sesión del TEPJF, el magistrado Pedro Esteban Penagos López consideró como “delicado” que ese tipo de actos sean perpetrados por los propios juzgadores. Recordó que es responsabilidad de quienes integran los órganos colegiados buscar “el entendimiento, la cordialidad y las vías de comunicación como mecanismos de solución de las controversias entre integrantes”.
 
“Además, se advierten las actas levantadas por agentes del Ministerio Público, a petición del presidente del Tribunal Electoral local para colocar sellos en las oficinas de la magistrada, y el aseguramiento de las instalaciones para la práctica de periciales a los equipos de cómputo”, expuso.
 
Penagos López mencionó que en ese conjunto de actos se puede apreciar la intención de menoscabar y obstaculizar el encargo que desempeña la magistrada Pedroza Reyes, quien además es la única mujer que integra el órgano colegiado.
 
Por su parte, la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa dijo que se acreditó la violencia política, acoso y discriminación contra Yolanda Pedroza, ya que los otros dos integrantes e incluso el secretario general de Acuerdos incurrieron en las tres vertientes de acoso laboral previstas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 
Alanís Figueroa señaló que, de acuerdo con el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, se incurrió en acciones y omisiones que, basadas en elementos de género y en el ejercicio de derechos político-electorales, menoscabaron o anularon el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.
 
El magistrado del TEPJF Flavio Galván Rivera indicó que las diferencias entre los integrantes de un cuerpo colegiado no se pueden traducir en falta de respeto, menos en atentado a la libertad, integridad física y moral, y agregó que los códigos de ética son vinculantes y su desacato tiene consecuencias, con independencia de la conducta posiblemente tipificada en el Código Penal.
 
Galván Rivera explicó que no pueden existir conductas como estas que incluso pueden ser delitos o actos de responsabilidades administrativas, por eso estuvo a favor de dar vista al Senado para que revise la resolución y en su caso tome acciones administrativas.
 
En tanto, el magistrado Manuel González Oropeza señaló que si en los tribunales estatales hay actos de acoso, ello significa que la justicia electoral en México no se desarrolla. “Creo que el Senado, con esa altura de miras, puede a través de una investigación proponer las mejoras al sistema de justicia electoral local”, observó.
 
Para el magistrado Salvador Nava Gomar es grave este asunto y expresó: “Me avergüenza y me pesa. Ojalá que el Senado tome cartas en el asunto, pues qué garantía puede dar quien no honra a sus pares”.
 
El magistrado presidente del TEPJF, Constancio Carrasco Daza, refirió que para que la tutela judicial sea efectiva en un sistema democrático, se debe juzgar con perspectiva de género, así que por ahora el caso fue enviado al Senado y a la Contraloría Interna del Tribunal de SLP.  
 
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