ESTADOS
Participación Política de las Mujeres
   Leyes obligan a la paridad, pero mujeres son excluidas de cargos
Aún se obstaculiza participación política femenina en Chihuahua
Por: Laura Carrasco Gutiérrez, corresponsal
Cimacnoticias | Chihuahua, Chi.- 09/05/2016 El 3 de julio de 1955 fue la primera vez que las mexicanas pudieron emitir su sufragio en elecciones federales, y con ello también lograron la posibilidad de ser votadas para ocupar cargos públicos.
 
Casi 61 años después es doloroso, pero necesario admitir y visibilizar que, a pesar de todo el aparato jurídico destinado a velar por ese derecho, la participación política femenina aún es obstaculizada y frecuentemente violentada en todo el país, sin que el estado de Chihuahua sea una excepción.
 
A pesar de tener una participación más activa en votaciones nacionales, ser un poco más de la mitad de la población y de la lista nominal electoral en México, las mujeres representan un porcentaje mínimo en puestos de poder y toma de decisiones políticas a nivel estatal y federal.
 
Chihuahua no escapa al panorama nacional, ya que la participación equilibrada de mujeres y hombres en espacios públicos y políticos no se ha logrado del todo.
 
En el Congreso estatal hay 14 diputadas (44 por ciento del total). Destaca la legisladora por el PRI María Elvira González Anchondo, quien apenas hace unos meses asumió la presidencia de la Cámara baja local.
 
Sin embargo, la presencia de las mujeres no asegura que se siga una agenda de género, como lo demuestran las iniciativas de María Elvira González (diputada titular de la Unidad de Enlace de Género).
 
Elvira González realizó el pasado 8 de Marzo (Día Internacional de la Mujer) la campaña “Ponte guapa”, con la que ofreció cortes de cabello, manicure y cursos de maquillaje, sin ninguna reflexión política sobre la efeméride.
 
VIOLENCIA POLÍTICA, USUAL EN EL ESTADO
 
Al respecto, Francisca Jiménez Barrientos, integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Chihuahua y la Red por la Participación Ciudadana, observó que el aparente equilibrio en el Congreso local se debe a la cuota de género, ya que en otros espacios donde no es obligatoria no existen puestos políticos ocupados por mujeres, y puso como ejemplo al gobierno del estado, donde todos los puestos directivos del Ejecutivo están ocupados por varones. 
 
Jiménez Barrientos también comentó que la violencia política hacia las mujeres es usual en Chihuahua, y ejemplo de ello es nominar a las candidatas en distritos que de antemano se saben perdedores, asegurando así su exclusión y cumpliendo al mismo tiempo la cuota de género.
 
La violencia política de género se entrecruza con el poderío del narcotráfico en la entidad, como en el caso de la candidata suplente para el Distrito 22 por el PAN, Adela Varela, quien renunció a la fórmula debido a amenazas de grupos delictivos.
 
Otro caso es la postulación de mujeres que tienen nexos familiares con miembros del crimen organizado en zonas rurales, según han publicado diversos medios.
 
Un ejemplo más es el de la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichmujer), Emma Saldaña Lobera, quien denunció violencia institucional por parte del secretario de Desarrollo Social estatal, José Luis García Rodríguez. 
 
Al respecto, la politóloga y analista política Mariela Castro dijo que si ese funcionario es capaz de ejercer violencia contra una mujer con un cargo público para erradicar la desigualdad (y a la que se le puede considerar incluso “privilegiada”), es la persona menos indicada para implementar políticas públicas con perspectiva de género en la entidad.
 
SIN CANDIDATAS A LA GUBERNATURA
 
En el proceso electoral 2016 apenas emprendido no existe aspirante a ser gobernadora de Chihuahua, pero en varias de las campañas y medios de comunicación se resalta el papel de las esposas de los candidatos, haciendo énfasis en su labor de acompañamiento y “valores familiares”, a partir de estereotipos de género. 
 
Hasta ahora de los seis postulantes, sólo Javier Corral Jurado (del PAN) ha declarado que en caso de ser electo habrá paridad de género en su gabinete.
 
En contraste, el candidato de la coalición PRI-PVEM-Panal-PT, Enrique Serrano Escobar, fue criticado por más de 24 organizaciones defensoras de Derechos Humanos ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), debido a que durante su campaña “ofreció” a mujeres de Ciudad Juárez como “novias” para jóvenes de la comunidad rural de Carichí.
 
Su discurso fue “sexista, misógino y discriminador que lastima profundamente a las mujeres en general, y en especial a las de  Ciudad Juárez, al ofertarlas como mercancía”, acusaron las organizaciones demandantes.
 
La contienda por la alcaldía del municipio de Chihuahua, capital del estado, tiene a tres candidatas, de un total de cinco.
 
Lucía Chavira, del PRI, fue consejera de Fátima IBP (organización que atiende a personas con VIH/Sida) y del Ichmujer. También ha anunciado paridad de género en el gabinete municipal en caso de ser electa, y ha cuestionado la ausencia de mujeres en puestos de primer nivel en la actual administración municipal.
 
La candidata por Movimiento Ciudadano es Abril Padilla y su campaña, además de abogar por la transparencia, enfatiza en los roles maternos asociados a las mujeres, al exclamar que su trabajo será “por el Chihuahua que queremos dejar a nuestros hijos”.
 
María Eugenia Campos Galván (PAN) fue diputada federal, desempeñándose como secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. Se le ha recriminado su postura homofóbica como diputada, al declararse en contra de la legislación del matrimonio de personas del mismo sexo y de adopción por parte de parejas homosexuales. Campos Galván las consideró “personas sin condiciones aptas para el desarrollo integral del niño”.
 
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