El caso de la menor de 9 años de edad que resultó embarazada de su padrastro y que se conoció a principios del 2005 indignó no sólo a las chilenas, sino también a diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de la salud y de los derechos de las mujeres y las niñas de esa nación y del resto del mundo.
Sin embargo, casos como éste se registran a diario en diversas partes del mundo «y creo que para la menor un aborto terapéutico hubiera acabado con un caso más de brutal violencia sexual, como los muchos que ocurren en Chile y que sin embargo no se sancionan como corresponde, porque además detrás de ello está la presión de la jerarquía católica», asegura Karina Santana, del Centro de Estudios para los Derechos de la Mujer de ese país.
Más aún, agrega que la despenalización del aborto «podría cambiar el presente y futuro de miles de mujeres que en la clandestinidad recurren a un aborto mal practicado». De ser así, el caso de la menor «bien pudo haber terminado de otra manera y no en una adopción para ella y su hijo, porque hubiera evitado el riesgo de dar a luz cuando su cuerpo no estaba preparado para un evento de ese tipo».
A 15 años del lanzamiento de la Campaña 28 de Septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, la activista asegura en entrevista con Cimacnoticias que, ayer como hoy, las organizaciones de mujeres chilenas «exigimos una vez más que se despenalice el aborto en nuestra nación marcada por la dictadura».
«En este terreno -el de la violación-, no hay discursos ni lamentos que valgan ante una situación que en Chile se repite a diario, a la vista y paciencia de los distintos sectores sociales y de los organismos públicos que sólo se manifiestan ante situaciones extremas y denunciadas ampliamente en la prensa», aclara la también asesora de la delegación chilena que participa en el II Encuentro Nacional de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe, mismo que tiene lugar en el centro vacacional La Trinidad, del municipio de la Santa Cruz, Tlaxcala.
POR UNA SALUD REPRODUCTIVA
Con ella coincide Kika Casas, de la Red del Grupo de Mujeres Rurales de Uruguay, al reconocer que no sólo en Chile, sino en toda la región, se produce una serie de atrocidades en contra de las mujeres a quienes se les niega el derecho a decidir sobre su cuerpo.
«En el caso de las niñas, vaya, ni qué decir, porque ni una declaración de indignación por parte de un gobierno repara el tremendo daño psicológico y físico resultante del abuso sexual y de la posterior violencia que implica gestar al hijo o la hija de un violador».
En este marco, aun cuando las uruguayas van «un paso adelante» en la despenalización del aborto, asegura que el Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva impulsado desde hace dos años se encuentra detenido.
«Esa es una ley donde se abordan diferentes aspectos sobre el tema, como la educación y la salud sexual y reproductiva, la paternidad responsable y las enfermedades de transmisión sexual, no sólo VIH/Sida. La ley, en términos generales, apunta al trabajo adolescente; sin embargo obtuvo media sanción por parte de la Cámara de Senadores, pese a que una encuesta reveló que 63 por ciento de las y los uruguayos la apoyaban», destaca en entrevista.
Además, se impulsó -luego de 66 años de vigencia de una ley que penaliza el aborto y de cuatro iniciativas para modificarla- el Proyecto de Ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2002. Nunca se había llegado tan lejos en el ámbito parlamentario, como tampoco se había ampliado tanto el debate público.
Casas recordó que el gobierno que encabeza el presidente Tabaré Vázquez ya ha dejado claro que «vetaría una ley que despenalice el aborto». Lo cierto es que, aun cuando detrás de ello está el peso de la jerarquía católica -entre ellos, del arzobispo de Montevideo, Monseñor Nicolás Cotugno- «las organizaciones seguiremos adelante hasta lograr que sea aprobada», dice.
La entrevistada hizo ver que la iniciativa no se refiere solamente a la interrupción del embarazo; tampoco plantea una despenalización indiscriminada, sino en «determinadas circunstancias», y, principalmente, contiene una solución integral a la problemática de la salud reproductiva de la mujer.
«La iniciativa no va a obligar a ninguna mujer a hacer lo que no haya decidido hacer, pero sí les va a dar -a quienes han resuelto la dolorosa decisión de interrumpir un embarazo- todas las garantías y seguridades que sí tienen quienes poseen recursos económicos, porque una cosa queda clara: quien recurre al aborto lo hace bajo diversas cargas emocionales y psicológicas fuertes. Es un acto de desesperación».
La también integrante de la Coordinadora Internacional de la Red de Mujeres Rurales considera «condenar a quienes están en peores condiciones desde el punto de vista social y económico no me parece correcto. Lo que tenemos claro es que todas las muertes de mujeres por causa de abortos son muertes evitables».
ARGENTINA, A FAVOR DEL ABORTO
Para la argentina María Elena Ovejero, del Grupo de Mujeres Juntas Triunfaremos, del departamento de Figueroa, «las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo», porque quien aborta se enfrenta a fuertes cargas emocionales.
Se trata de un tema complejo y delicado al que hay que sumar la fuerza que tiene la jerarquía católica y su campaña de «sí a la vida», sin detenerse a pensar todo el drama que hay detrás de una violación, de un embarazo no deseado, de la falta de recursos económicos, de miles de causas que orillan a las mujeres a practicarse un aborto en la clandestinidad.
La también integrante de la Red Salud Sexual y Ciudadanía de Argentina recuerda que en su nación se practican anualmente 500 mil abortos, y que éstos son la segunda causa de internación después de las relacionadas con el parto.
Ovejero es originaria de una población ubicada a 120 kilómetros de Buenos Aires y cuyo hospital más cercano se encuentra a 27 kilómetros de distancia; a este lugar se no se llega sin antes pasar por intransitables caminos de piedra y lodo. Recordó el caso de «una compañera tan joven, de 27 años, que murió por no tener una asistencia médica, y en parte por la formación religiosa y cultural que tenía. Ella no podía ir al médico porque temía que la atendiera un médico hombre. Ella quería que la atendiera una mujer, una doctora».
05/GV/YT
