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Alcaldesa Samantha Caballero Melo interpone recurso ante SCJN

Por Anayeli García Martínez
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Desde que Samantha Caballero Melo asumió el cargo como alcaldesa del municipio oaxaqueño de San Juan Bautista Lo de Soto, en enero pasado, recibió amenazas para declinar el cargo a favor del síndico Pablo Anica Valentín, quien nunca se ha presentado a laborar pero quien recientemente fue considerado víctima por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO).  

En el proceso electoral de 2016 Caballero Melo fue postulada como candidata a presidenta de su municipio por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Como resultado de la contienda ganó la elección y tomó protesta el 1 de enero, día en que el síndico electo, también priista, tomó el Palacio Municipal a fin de que ella no rindiera protesta.

Desde entonces, Pablo Anica Valentín ha hecho todo lo posible para que la presidenta municipal no pueda realizar las funciones para las cuales fue electa. Por ejemplo, se llevó a su domicilio la patrulla, la ambulancia, el camión para recoger la basura y otro vehículo, todos propiedad del Ayuntamiento y utilizados para dar servicios a la comunidad.

Sumado a esta violencia, el síndico destituyó a la tesorera nombrada por la alcaldesa, acción que fue avalada por la Secretaria General de Gobierno de Oaxaca, por lo que de enero a mayo Samantha Caballero no recibió recursos públicos destinados al municipio, lo que provocó que denunciara estas acciones ante las autoridades electorales para que éstas garantizaran sus derechos como funcionaria pública. 

Esta mañana, acompañada por el “Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres”, la alcaldesa se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer una controversia constitucional en contra de la resolución emitida por el TEEO el pasado 11 de octubre y en la cual se favorece a su principal agresor.

La integrante del Colectivo, Anabel López Sánchez, expuso a Cimacnoticias que la sentencia de la autoridad electoral obedeció a un juicio presentado por el síndico, quien se quejó porque la alcaldesa llamó a su suplente para ejercer funciones de gobierno cuando al parecer esa acción es facultad exclusiva del Congreso del estado.

Caballero Melo explicó que después de tres sesiones de cabildo, a las cuales los síndicos y regidores no se presentaron, la ley municipal la faculta para llamar a los suplentes con el objetivo de no detener las labores y continuar los trabajos de gobierno, lo que acató pues sus agresores no estaban dispuestos a ejercer sus respectivos cargos.

Además de Anica Valentín, los regidores Eloi Bernardo Vargas, María Elena González Arellanes y María Rentería Silva, nunca se presentaron a laborar en el municipio.

Después de ser prácticamente destituido, Anica Valentín presentó un juicio ante el Tribunal Electoral estatal alegando que él fue quien ganó la contienda y debería tener el cargo. El 11 de octubre el TEEO le dio la razón al determinar que el Ayuntamiento no tiene facultades para llamar a los suplentes y ordenó invalidar las actas de sesión de cabildo donde se les tomó protesta así como pagar los sueldos caídos al síndico y regidores.

En este proceso, que Caballero Melo y López Sánchez consideran violencia política, la alcaldesa presentó una controversia constitucional en contra de la autoridad del estado argumentando que en su sentencia invade competencias porque como órgano electoral no puede pronunciarse por actos administrativos como las actas de sesión y mucho menos invalidarlas. 

Además agregan que el pasado 24 de marzo la presidenta municipal presentó un juicio ante el Tribunal Electoral local por los actos de violencia que padeció. En aquella ocasión, el organismo emitió una sentencia en la que reconoció la existencia de violencia política de género, consideración que fue ratificada el 27 de abril por la Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las activistas también denunciaron la inacción del Congreso de Oaxaca que desde marzo recibió una solicitud de revocación de mandato en contra del síndico Pablo Anica Valentín, petición firmada por más de 500 ciudadanos; y desde mayo tiene otra solicitud de la alcaldesa también pidiendo la destitución de su principal agresor. Hasta la fecha no hay respuesta. 

17/AGM/LGL

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