El 15 por ciento de las mujeres de América Latina tendrá un hijo antes de los 20 años, y todas las del Caribe se reproducirán antes de esa edad, afirmó esta mañana Ángela Heimburger, de la International Planned Parenthood Federation (IPPF), de Estados Unidos.
Durante la segunda plenaria de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Anticoncepción de Emergencia, que inició ayer en esta ciudad, la investigadora señaló que América Latina es la región del mundo con el mayor índice de embarazos no deseados en adolescentes.
Agregó que de un estudio de 30 de los 37 países de la región, sólo 12 incluyeron la anticoncepción de emergencia en sus normas de planificación familiar. Otros, como México, la mencionan como opción pero no la tienen en el mercado.
Lo más grave, dijo, es que sólo tres países –Brasil, Colombia y Perú– tienen en su norma el uso de la anticoncepción de emergencia en la atención a las víctimas de violación.. Las alianzas, cabildeos y difusión que desde hace casi ocho años se han realizado en México, no han dado resultados.
La joven investigadora dijo que ello es así a pesar de los éxitos de la planificación familiar en la región, donde se supone que 62 por ciento de las mujeres casadas de entre 15 y 49 años usan algún tipo de anticonceptivo y las tasas de mortalidad materna son «relativamente bajas, si se las compara con África y Asia».
Por ello calificó la anticoncepción de emergencia como un tema crítico, no solamente para las mujeres que la necesitan, sino para salvaguardar los derechos sexuales y reproductivos y honrar las palabras firmadas por gobiernos y organizaciones en las conferencias internacionales sobre Población y Desarrollo en El Cairo, 1994, y de la Mujer en Beijing, de 1995.
Ángela Heimburger acercó un dato más: el aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad materna y, según el Centro para Políticas y Leyes Reproductivas, cada año se realizan cuatro millones en la región y mueren 600 mil mujeres.
Para la especialista, el debate sobre la anticoncepción de emergencia no se justifica. Existen una polémica de índole moral sin bases, tanto en el gremio médico como en la política y los servicios, debida a la falta de difusión y uso de ese recurso.
Lo que no se entiende, dijo, es que muchos anticonceptivos orales se venden sin receta médica, pero hay una enorme resistencia para la anticoncepción de emergencia. De los 30 países donde existen datos, se sabe que en 10, entre ellos México, ya se registraron productos pero no hay permiso de introducción y menos de distribución.
Sólo hay venta de esas pastillas en 11 países y su disponibilidad en el sector público de salud sólo existe en seis. En Cuba todo es gratuito, pero muchas veces no se cuenta con el suministro adecuado.
La investigadora, que ha trabajado con Population Council y ahora con IPPF, añadió que un problema central es que los médicos y otras asociaciones que podrían proveer el producto no lo conocen, no han recibido capacitación adecuada y no perciben la demanda. Pero ésta existe: una vez que Colombia aprobó el producto, se venden hasta 20 mil cada semana.
Durante esta sesión se habló ampliamente de la batalla por difundir y extender el trabajo del Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia (CLAE), promotor de esta conferencia y que trabaja desde 1995.
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