El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó hoy un Punto de Acuerdo para que la Comisión de Derechos Humanos de esta instancia legislativa investigue las condiciones que guardan los servicios de la defensoría de oficio del Distrito Federal.
La propuesta fue presentada por la diputada Enoé Uranga Muñoz, quien pidió esa investigación basada en la recomendación hecha en abril del año pasado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Uranga Muñoz, en su exposición de motivos señaló que a pesar de que la Ley de la Defensoría de Oficio establece que los salarios de esos funcionarios públicos deben ser equiparados a los Ministerios Públicos adscritos a juzgado, sin embargo, la diferencia entre los primeros y los segundos es de hasta 10 mil pesos.
La investigación que abarcará las ramas civil, familiar, arrendamiento, penal, agencias investigadoras, juzgados de paz y juzgados cívicos, busca mejorar los servicios que estas instancias prestan a la población más pobre del Distrito Federal.
Al respecto la diputada Enoé Uranga conminó al jefe de gobierno del Distrito Federal, Manuel López Obrador, a ser congruente con la afirmación de que su gobierno presta mayor atención a los más pobres, por lo que lo llamó a cumplir con la recomendación 4/2000 emitida por la CDHDF y aceptada por la entonces jefa de gobierno Rosario Robles Berlanga, sobre las mejoras laborales a los defensores de oficio.
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