Esta tarde y en la recta final de la presente legislatura, fue aprobada por unanimidad la ley más avanzada de Iberoamérica por una vida sin violencia para las mujeres.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, prevé un sistema integral en todo el país para prevenir y erradicar un fenómeno que crece de manera alarmante en el país.
Luego de un año de discusión, se aprobó la ley impulsada por la diputada feminista Marcela Lagarde y por las comisiones de Equidad y Género, de la Niñez, Adolescencia y Familias, con 316 votos de las y los legisladores presentes hoy en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
La Ley quedará pendiente para su aprobación en el Senado, donde se espera que pase ya que fue trabajada por las mismas cuatro comisiones con base en la investigación que presentará en breve la Comisión Especial de Feminicidio que preside la diputada Lagarde.
Cabe señalar que en México nueve de cada 100 mujeres rurales o urbanas son objeto de agresiones físicas y 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más sufren violencia intrafamiliar.
LA LEY
La nueva legislación estipula un programa integral que distribuye claramente las competencias y obligaciones para los tres niveles del Estado y los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, que obliga al Estado a garantizar la seguridad e integridad de las víctimas.
Incluye todos los tipos de violencia de género; psicológica, patrimonial, económica, física, laboral, institucional, sexual y de pareja que en conjunto constituyen la violencia feminicida.
Obliga al Estado a destinar recursos suficientes para enfrentar la violencia contra las ellas, a los Congresos locales a legislar en la materia; a las autoridades a garantizar, mediante políticas gubernamentales, la atención, sanción y erradicación de la violencia desde el municipio hasta la federación.
Se establecen las medidas precautorias y cautelares, que por ejemplo obligan al agresor a tomar distancia del domicilio, el lugar de trabajo, que garantice el no acoso; obligan al gobierno federal a establecer un sistema de alerta general para aquellas zonas identificadas con el mayor índice de violencia.
Incluye los mecanismos de reparación del daño y establece claramente el delito de Estado ante omisiones de los servidores públicos, actos que obstaculicen el ejercicio de la libertad de las mujeres. Igualmente asegura y amplía el funcionamiento de los refugios para quienes han sido víctimas de violencia.
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