La abogada salvadoreña y defensora de Derechos Humanos, Bertha de León Gutiérrez -quien ha acompañado a Teodora Vázquez en su proceso legal y ha defendido a varias mujeres acusadas de aborto- informó que las iniciativas sobre despenalización del aborto en El Salvador serán discutidas la próxima semana en la Asamblea Legislativa.
En 2017 se presentaron dos iniciativas sobre el tema de aborto. Una que demanda reformar el Código Penal salvadoreño para despenalizar el aborto por 4 causales; y la segunda que busca reformar los artículos 1 y 2 de la Constitución Política del país que “se refieren a la vida como un derecho fundamental garantizado a toda persona” y se reconoce a “todo ser humano desde el instante de la concepción”…()… “con el fin de proporcionar la pena de violación a un bien jurídico digno de tutela penal como es la vida prenatal”, que penaliza a quienes faciliten los medios para llevar a cabo un aborto.
El mes pasado, más de 30 organizaciones de mujeres presentaron ante la Asamblea Legislativa una carta con más de 200 mil firmas para exigir reabrir el debate sobre la despenalización del aborto ya que es un tema de salud pública.
En este contexto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, entregó una carta hace unos días, a la Asamblea Legislativa de El Salvador, en la cual señaló que tanto las conmutaciones de sentencia de Teodora Vázquez y María Verónica Marroquín “no proporcionaban una reparación integral, ni declaraban inocente a las personas afectadas, ni eliminaban el estigma social o garantizaban la integridad del acceso a la justicia”.
A pesar de las “serias peticiones y reiteradas preocupaciones expresadas por varios mecanismos internacionales y regionales de protección de los Derechos Humanos, la reforma de la legislación en materia de aborto sigue pendiente”, explicó el Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein.
El Salvador es uno de los países con las legislaciones más restrictivas del mundo en materia de aborto. La Constitución salvadoreña establece la prohibición absoluta del aborto sin excepciones. El aborto se permitió hasta 1998 por 3 causales: por violación o estupro, riesgo para la vida y por malformación grave del feto.
Actualmente son 23 las mujeres con penas superiores a los 20 años de prisión por homicidio, ya que “se ven condenadas como asesinas hasta 35 años o más de cárcel debido a que el aborto es concebido dentro de la Ley como un delito en cualquier circunstancia, incluso en caso de violación, incesto y riesgo de la embarazada”.
La Asociación de Cooperación Internacional (Cooperació) organización que trabaja por los Derechos Humanos en aquél país, dijo que al ser visto como un delito (el aborto) las mujeres temen pedir ayuda cuando tienen problemas relacionados con el embarazo, lo que ha conllevado al incremento en los números de mortalidad materna.
En 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado para que se revisaran todos los casos donde las mujeres habían sido injustamente encarceladas por emergencias obstétricas y otros delitos relacionados con el aborto con el fin de conseguir su liberación.
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