La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) advirtió que los crímenes en contra de mujeres de Ciudad Juárez representan «una amenaza contra el estado de Derecho en México», por lo que decidió apoyar la condena del subcomité para el Hemisferio Occidental del Congreso estadunidense contra este tipo de ilícitos.
La resolución, de 16 puntos, pide al presidente estadunidense George Bush; a la secretaria de Estado Condolleza Rice, y al embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza, elevar la presión contra del gobierno mexicano y el del estado de Chihuahua a fin de «revisar aquellos casos de asesinatos de mujeres en que los acusados o condenados han argumentado que fueron torturados o forzados por un agente del Estado a confesarse responsables del crimen».
«El apoyo a esta resolución indica que los miembros del Congreso estadounidense no se han olvidado de las mujeres de Juárez y Chihuahua,» comentó Laurie Freeman, Representante para México de WOLA, quien agregó que «al igual que los ciudadanos de Estados Unidos, las y los legisladores están profundamente consternados por la impunidad de los asesinatos y esperan poder trabajar con México para resolver en conjunto estos horribles crímenes.»
El texto de la resolución del Congreso -H. Con. Res 90-, aprobado a principios de este mes, «recomienda fuertemente que el Embajador de Estados Unidos en México visite Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua para encontrarse con las familias de las víctimas, las organizaciones pro derechos de la mujer y los funcionarios mexicanos, tanto federales como estatales, responsables de las investigaciones de estos crímenes y de su prevención en el futuro».
Establece también la urgencia de que los esfuerzos de investigación y prevención del gobierno mexicano sean incorporados a la agenda bilateral entre los gobiernos de México y Estados Unidos, y de que se le continúe expresando al gobierno de México la preocupación por estos secuestros y asesinatos».
El documento, firmado por la mayoría de diputados y senadores demócratas, insta a Condolleza Rice a continuar incluyendo en su Informe Anual de Derechos Humanos del Departamento de Estado todas las investigaciones que han sido llevadas a cabo de manera inapropiada, así como las amenazas en contra de activistas de derechos humanos y el empleo de tortura en los casos de secuestro y asesinato de las mujeres jóvenes del estado de Chihuahua.
La portavoz de WOLA destacó que la resolución -presentada en marzo del 2005 por la congresista demócrata Hilda Solís- expresa condolencias a las familias de las víctimas; condena el uso de tortura como medio de investigación para los crímenes, y urge al estado de Chihuahua a responsabilizar a aquellos funcionarios cuyo fracaso en investigar adecuadamente los asesinatos -sea por negligencia, omisión o abuso de autoridad- ha contribuido a la impunidad.
Laurie Freeman comentó que la resolución es copatrocinada por 133 miembros de la Cámara de Diputados y por 16 en la Cámara de Senadores, «en vista de que la impunidad de estos crímenes es una amenaza contra el estado de Derecho en México».
Tras expresar sus condolencias a las víctimas por los sucesos de Juárez, los congresistas piden apoyar los esfuerzos para identificar las víctimas mediante de análisis forenses, incluyendo exámenes de DNA conducidos por expertos independientes e imparciales «que sean cuidadosos de las preocupaciones y necesidades especiales de las familias de las víctimas, así como hacer que estos servicios estén al alcance de cualquier familia que tenga duda sobre los resultados de los exámenes forenses anteriores».
Además, la resolución recomienda apoyar fuertemente el trabajo de la comisionada especial mexicana encargada de los crímenes «para prevenir la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua».
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