El sistema penitenciario de México no registra ninguna mejora respecto a hace 10 años y tampoco se han creado cárceles nuevas que tomen en cuenta las necesidades de las mujeres recluídas, reveló un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Hasta el año pasado, se estimaba que en la República Mexicana existían alrededor de siete mil mujeres en prisión, el informe de la CNDH señaló que la cifra ha aumentado a ocho mil 65.
De los 446 centros penitenciarios en todo el país, solamente 10 son especiales para mujeres, el resto de las reclusas son concentradas en anexos en 220 centros varoniles.
En noviembre del año pasado, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó un diagnóstico del sistema penitenciario capitalino en el cual se indicaba que la población femenil recluida se ubicaba en mil 179 mujeres, las cuales se encontraban «repartidas» en tres centros penitenciarios de la capital: en los anexos femeninos de los reclusorios norte y oriente y la cárcel de mujeres en Tepepan.
Las mujeres no habían sido contempladas para las cárceles, por lo que éstas fueron diseñadas para albergar a varones solamente, de ahí que las condiciones de hacinamiento sean cada vez mas constantes en las prisiones, agregó el reporte.
Otro aspecto es la condición de las mujeres reclusas que son madres. En julio de 2002 se llevó a cabo el Foro Nacional sobre Hijas e Hijos de mujeres reclusas en la Cámara de Diputados.
En ese entonces, Teresa Incháustegui, directora de Operación y Monitoreo del Instituto Nacional de las Mujeres, criticó la ausencia de políticas sociales y de una normatividad que protegiera a las mujeres reclusas dentro del sistema penitenciario, lo que vulneraba aún más no solo sus derechos sino los de sus hijos.
En ese evento, José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, afirmó «que en México todavía estamos lejos de que se respeten los derechos humanos de toda la población, situación que se agrava en el caso de las madres y sus hijos presos».
MAS INFORMES, MISMA SITUACIÓN
En el diagnóstico presentado la víspera por la CNDH, se explica detalladamente cómo el hacinamiento en las cárceles ha causado la convivencia por de hombres y mujeres, quienes son separados solo por mallas ciclónicas.
Las cárceles, señala el informe, han pasado a ser controladas por los propios reos quienes ahora utilizan a las mujeres para labores domésticas y para prostituirlas, situación que se da sobre todo en los penales de Baja California, Tijuana, Michoacán, entre otros.
Asimismo plantea los mismos escenarios: hacinamiento, insalubridad, falta de servicios médicos que brinden atención especial para las mujeres y poca atención a los menores que viven con sus madres presas.
Las mismas carencias: justicia desigual, pues las mujeres continúan siendo juzgadas más severamente por los mismos delitos que los hombres; carencia de atención pre y posnatal; prevención de cáncer cervicouterino y mamario; tratamiento a enfermedades infecciosas o trastornos por la menopausia.
Las mismas denuncias: hacen falta centros de reclusión diseñados especialmente para las mujeres y para sus hijos; oportunidades de capacitación para el trabajo y la educación (se estima que el 6.11 por ciento de mujeres reclusas son analfabetas).
Tal vez la novedad del informe radica en que el número de mujeres se ha incrementó a 8 mil 65 en todo el país y que los problemas de hacinamiento y abusos en las prisiones se han hecho extensivos a provincia.
Este informe fue presentado luego del Seminario Violencia Contra las Mujeres Privadas de Libertad en América Latina, realizado del 28 al 30 de abril en el cual participaron académicas, académicos y especialistas en criminalística de América Latina.
De este seminario las y los especialistas concluyeron que los gobiernos latinoamericanos incluir en su agenda política nacional la situación de las mujeres reclusas, mejorar los sistemas administrativos y legales y campañas informativas sobre sus derechos.
2003/LGL/MEL
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