La Comisión de Equidad y Género del Congreso de Chiapas anunció hoy que buscará modificar el Código Penal del estado para aumentar las sanciones contra quienes cometan hostigamiento sexual, que no es considerado delito grave.
La presidenta de esa instancia, Gloria Luna Ruiz, dijo que el Código Penal de Chiapas castiga en forma «ligera» a quienes hostigan o acosan sexualmente a sus trabajadoras o compañeras de trabajo, ya que los infractores pueden recuperar su libertad con una fianza de mil 500 pesos (150 dólares de Estados Unidos).
En entrevista, la diputada señaló que las mujeres de Chiapas se encuentran en un estado de indefensión legal puesto que es «muy difícil comprobar que sufres acoso sexual».
Por ello, indicó, es necesario también establecer mecanismos que faciliten la comprobación del hostigamiento sexual sufrido por la trabajadora y que ésta no deba pasar por el largo y penoso proceso penal. «Se debe de tener mayor credibilidad en la mujer», manifestó.
Además, agregó, las sanciones actuales no toman en cuenta que el hostigamiento sexual tiene muchas consecuencias para las mujeres, entre ellas que decidan renunciar a su empleo para dejar de ser molestadas.
Explicó que el Código Penal estipula que a quien «asedie reiteradamente a personas de cualquier sexo, valiéndose de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación, se le impondrá sanción de tres meses a un año de prisión y hasta cuarenta días de multa».
Esto significa que el hostigamiento o acoso sexual no es un delito grave ya que el inculpado puede salir bajo fianza que no va más allá de mil quinientos pesos y el pago de la multa cercana a mil 600 pesos (160 dólares de Estados Unidos), señaló la legisladora.
Sin embargo, si el acosador es funcionario público la ley lo sanciona además de aplicarle el castigo mencionado, con la destitución del cargo y la inhabilitación de hasta por dos años.
Recientemente, una investigadora del Instituto de Historia Natural y Ecología denunció ser víctima de acoso sexual por parte de su jefe directo, Eduardo Morales Pérez, y las autoridades judiciales le pedían que desistiera pues su demanda «no iba a proceder por tratarse de un funcionario público».
El Instituto de la Mujer en Chiapas en su documento «Hostigamiento sexual» considera a éste un acto reprobatorio porque viola «la autonomía sexual de las personas y además es una práctica discriminatoria y representa un riesgo laboral porque da origen a condiciones incómodas en el ambiente de trabajo».
2003/VVS/RGR
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