En contubernio con la Secretaría de Salud (SS) y con recursos públicos, la organización ultraderechista Provida impidió en 2003 que decenas de mujeres ejercieran su derecho al aborto legal por violación, en lo que es una de las más flagrantes contradicciones de la política pública del gobierno de Vicente Fox que pregona por todo lo alto la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas.
Aunado a lo anterior, una auditoría ciudadana a Provida revela que la organización fundada por Jorge Serrano Limón cometió fraude y evasión fiscal en el ejercicio de los 30 millones de pesos que recibió en 2003 de parte de la SS, para la creación de 10 clínicas antiaborto, los llamados Centros de Ayuda para la Mujer (CAM).
De esta cantidad, 22 millones 300 mil 457 pesos se gastó en empresas vinculadas con Provida que incluso cuentan con los mismos números telefónicos y personal, esto es, más del 70 por ciento del total.
Grupos civiles por los derechos de las mujeres como Salud Integral para la Mujer (SIPAM), el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Fundar, Letra S, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad de Género, documentan minuciosamente que Provida, además de atentar contra el derecho de las mexicanas a elegir libremente sobre su maternidad, lucra con recursos del erario que originalmente fueron aprobados por Cámara de Diputados para atender el VIH/Sida en el 2003.
De esta forma, las organizaciones ciudadanas también cierran el cerco al ex diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) Luis Pazos, quien en la pasada Legislatura y en su carácter de presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, fue el artífice de lo que es considerado como un desvío de recursos públicos con fines privados, en clara violación a las disposiciones legales.
Pero la historia oscura de Provida no termina ahí. Investigaciones periodísticas recientes añaden una arista más a la telaraña de intereses y supuestos actos ilícitos de esa organización: la posibilidad del tráfico de niños y niñas producto de violencia sexual y abandonados por sus madres.
LA COMPLICIDAD
"Es una realidad….¡Unidos gobierno y sociedad salvan vidas del aborto!". Así, con esa frase y sin el menor pudor, Provida presenta sus informes financieros y "metas alcanzadas" en 2003, ambos reportes en poder de Cimacnoticias.
En las carátulas de los documentos destaca al centro, el logotipo de la SS, mientras que en el costado inferior izquierdo aparece el distintivo del Comité Nacional Provida A.C.: la silueta de una mujer levantando en brazos a un bebé, enmarcada por un círculo que completa la forma de una letra "P".
Así, con recursos federales recortados a la atención del VIH -se estima que tan sólo la SS atiende alrededor de 20 mil personas con esa enfermedad-, y el patrocinio del secretario del ramo Julio Frenk, Provida se enorgullece de haber negado a 135 mujeres víctimas de violación su derecho al aborto legal durante 2003.
En el informe "Impacto social de las metas alcanzadas", Provida reporta que los 39 Centros de Ayuda para la Mujer que existen en todo el país, atendieron en 2003 a 8 mil 565 mujeres, de las cuales 7 mil 280 "decidieron continuar su embarazo".
Del total de mujeres atendidas, 143 fueron víctimas de "violación intrafamiliar", es decir -como explica la organización en su documento-, "mujeres que fueron obligadas por algún miembro o amigo de la familia a tener relaciones sexuales, (y que) quedan embarazadas y las traen a abortar".
De ellas, en su mayoría jóvenes de entre 17 y 22 años de edad y de escasos recursos, 135 "decidieron continuar con su embarazo" y las ocho restantes abortaron.
"GRACIAS, JULIO FRENK"
En el mismo informe, la organización de Serrano Limón es explicita al mencionar la labor conjunta que realizó con la Secretaría de Salud para supuestamente "salvar" 7 mil 280 vidas, al evitar que sus madres interrumpieran su embarazo.
Asimismo, de las 7 mil 280 mujeres atendidas el año pasado, más de la mitad, esto es 3 mil 780, fueron presionadas para renunciar a su derecho al aborto legal con la colaboración de la dependencia que encabeza Frenk Mora.
La meta acordada con la institución para el 2003 -se asienta en el informe-, fue evitar seis mil abortos. "Gracias" a la participación de la Secretaría, Provida impidió más de siete mil abortos.
"INCONSISTENCIAS" EN LA POLÍTICA DE SALUD
Las agrupaciones civiles que realizaron la auditoría a Provida denuncian en un documento dirigido al secretario Frenk, que esa organización "niega información sobre las causas no punibles del aborto en México a las usuarias de los CAM", con lo que queda de manifiesto una de las "inconsistencias" entre la política pública de salud y los planteamientos y acciones del grupo de derecha.
Las ONG explican que al poner en marcha el programa Mujer y Salud 2001-2006, Julio Frenk declaró que el gobierno aborda el tema del aborto "como un problema de salud pública y no nos corresponde a nosotros manifestar ni desde luego violar leyes existentes sobre el tema".
Pero Provida -argumentan los grupos feministas-, niega a las usuarias de los CAM la información de que todos los códigos penales del país permiten interrumpir un embarazo no deseado, producto de una violación, según testimonios recopilados por Cimacnoticias.
IRREGULARIDADES FINANCIERAS
En la exhaustiva auditoría a Provida realizada por seis organizaciones no gubernamentales, se documentan los malos manejos que esa organización hizo de los 30 millones de pesos recibidos del gobierno federal en 2003 para sus labores antiabortistas.
Entre las irregularidades destaca que el 81.53 por ciento del total del presupuesto ejercido se concentra en los rubros de "Publicidad" y "Mobiliario y equipo médico".
Provida destinó para publicidad 9 millones 745 mil 10 pesos (75.62 por ciento del total), y contrató con ese fin a la empresa Mercatel, cuya dirección, teléfono y fax son los mismos del Comité Nacional Provida. De ese modo, advierten los grupos civiles, la organización habría creado tal empresa "para manejar la publicidad y obtener beneficios".
En el rubro "Ayuda a mujeres", el 96.47 por ciento de los recursos (un millón 35 mil pesos), fue utilizado para contratar un salón de fiestas para realizar dos capacitaciones y una reunión de directivos "no en apoyo directo a mujeres", se asienta en la investigación.
Cimacnoticias corroboró que existe un vínculo entre esas dos empresas y la importadora Imporvar, compañía mediante la cual Provida compró mobiliario y equipo médico por un total de 11 millones 520 mil 447 pesos. Una empleada de nombre Lourdes Ojeda funge a la vez como recepcionista de Imporvar y como encargada de dar informes sobre los servicios del salón de fiestas.
El salón se ubica en el municipio de Ecatepec, Estado de México, mientras que Imporvar tiene sus oficinas en Antonio Caso no. 17-6, colonia Tabacalera, en la Ciudad de México.
Otra irregularidad: De acuerdo con la auditoría ciudadana, la ayuda real a mujeres que brindó Provida en 2003, representó tan sólo el 3.53 por ciento de lo previsto (37 mil 825 mil pesos). Dentro de ese gasto se documenta la compra de ropa para caballero y dama en tiendas de prestigio como Sears, Aca Joe y Liverpool.
SERRANO LIMON: ¿TRAFICANTE DE MENORES?
Recientes investigaciones periodísticas revelan que en Pachuca, capital del estado de Hidalgo, Provida por medio del CAM daría en adopción en forma clandestina a hijas e hijos de mujeres que acudieron a esa institución con la idea de abortar, por ser víctimas de embarazos no deseados.
El personal que labora en el CAM advierte a las mujeres que "nadie más sabrá" sobre el destino de los menores, una vez que las convence de no interrumpir su embarazo y dar en adopción a las criaturas.
La investigación asienta que el director jurídico del DIF en Hidalgo, Jorge Becerra, no descarta la posibilidad de que el CAM en Pachuca "lucre" con las y los niños de madres que renuncian a su derecho al aborto legal para darlos en adopción, bajo presión psicológica.
2004/RM/GV/SM
